Desde la Federación Nacional Campesina (FNC) prevén realizar la tradicional marcha en la quincena de marzo y esperan poder aglutinar a la mayor cantidad posible de personas para reclamar más asistencia del Estado, así como políticas para la resolución del problema de la tierra.
“Una vez más el campesinado y los indígenas queremos hacer la marcha campesina para que la gente participe, tome posición y sepa qué es lo que necesitamos como solución. A un mes de las elecciones nos parece una coyuntura muy especial para que el campesino y el indígena muestre su fuerza e intente tener soluciones”, expresó Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC en comunicación con la 1080 AM.
Los dirigentes departamentales y también los de capital se reunieron en plenaria el pasado 26 y 27 de enero, en que se definió que como año se realizará la marcha. La Federación Nacional Campesina aglutina a unas 30.000 familias, indicó Villalba, quien además mencionó que esperan lograr una masiva participación de los integrantes del gremio.
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“Somos una organización que tiene un programa y participación en diferentes departamentos, de modo que siempre definimos todos juntos las decisiones”, manifestó. “Los campesinos e indígenas no somos escuchados en las instituciones, hacemos llegar en vano nuestras inquietudes porque no avanza en nada, no nos dan solución”, lamentó.
Desde el gremio aseguran que están totalmente abandonados por el Estado y que en el actual gobierno no se ha avanzado en nada en cuanto a asistencia técnica y tampoco han recibido apoyo de modo que puedan mejorar su producción, así también conseguir mercados y mejores precios para comercializar sus productos.
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“No hay ningún plan, no se avanzó en nada en este gobierno. Hay alrededor de 800 asentamientos campesinos que están en forma irregular, es decir, ilegal, nunca se les dio respuesta, es preocupante cómo estamos, no se avanza en nada a favor de los pueblos campesinos e indígenas”, aseveró y añadió que el acceso a la tierra sigue siendo un problema sin resolver.
Responsabilizó principalmente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) al Ministerio de Salud y de Educación por no haber articulado esfuerzos con políticas que puedan favorecer a este sector vulnerable de la sociedad.