El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, salió al paso de interpretaciones de analistas y exdirectores de la Itaipú Binacional, quienes consideran que las negociaciones para la revisión del Anexo C ya tenían que haber empezado varios años atrás. El canciller aclaró que el tratado puede ser objeto de revisión en cualquier momento, pero no así el otro punto relacionado con las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional.
“El tratado se puede revisar en cualquier momento, pero el Anexo C, en el 2023”, aseveró Acevedo en diálogo con la 780 AM. Sin embargo, adujo que ello no implica que el Gobierno no esté impulsando medidas y propuestas, aunque precisó que ahora la discusión se centra en el presupuesto para el próximo año. ”La revisión se debe hacer en el 2023, eso no quiere decir que no se haga nada. Lo que se tiene que discutir ahora es el presupuesto de Itaipú 2022. Todo tiene que hacerse de cara a la revisión del 2023″, significó.
Sobre el tema tarifario, el canciller nacional dijo que se buscará mantener la misma tarifa. “La propuesta hasta hoy que hemos acordado Ande e Itaipú es tratar de mantener la misma tarifa, esa es la propuesta, pero en las negociaciones siempre es un poco más o un poco menos”, aseguró.
Improvisación del Gobierno
El analista y exdirector paraguayo de Itaipú Carlos Mateo Balmelli fue uno de los que criticó y lamentó la falta de postura del Gobierno en cuanto a la defensa de los intereses en materia energética. Lamentó la improvisación en el tratamiento de la deuda espuria y la revisión del Anexo C.
“El Gobierno no se ha tomado el tiempo necesario para preparar esta negociación que no debe empezar en el 2023, las negociaciones ya tuvieron que haber empezado. Y hubiera sido una gran conquista diplomática del Paraguay si nosotros en el 2018/2019 hubiéramos logrado que Brasil se sentara en la mesa a negociar”, sostuvo el analista en diálogo con la 650 AM.
Según el informe de Contraloría, desde 1985 a 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir US$ 1.700 millones y generando una deuda de US$ 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobrás”.