El efrainismo y Abc color están en un desespe­rado intento por desviar la atención de un gigantesco caso de irregula­ridades electorales que han afectado a las elecciones del pasado 18 de diciembre en la Concertación y particular­mente en su “mayor accio­nista”: el PLRA.

A medida que pasan los días, las evidencias demuestran que se amañaron votos, que cargaron urnas y, aparte de ello, todavía genera indig­nación en honorables refe­rentes del PLRA la manera agresiva como fueron rele­gados de sus posiciones a consecuencia del “sistema de acomodos” de los ami­gos legitimadores de Alegre pertenecientes a otros par­tidos, algunos de ellos sim­ples clanes familiares como el PDP, a quienes obsequió generosamente posiciones en su lista al Congreso rele­gando a figuras emblemáti­cas de la centenaria agrupa­ción política.

Mientras el propio Minis­terio Público, a conse­cuencia de una denuncia presentada por un repre­sentante del partido Patria Querida, ha actuado gene­rando imputaciones a más de media docena de supuestos responsables de estos ilícitos electorales; en el medio aliado a Ale­gre, esta inquietud de todo un sector de la oposición ni siquiera merece una línea.

Por cierto, la impunidad con la que se mueve Efraín Alegre empieza a generar inquietud más allá de la ANR, desde donde la crítica ha sido histórica contra sus malos manejos. A conse­cuencia del apriete chan­tajista a la que somete a cualquiera que ose ser can­didato como él en la oposi­ción, usando los referidos medios; ya se ha posicio­nado firmemente el propio Euclides Acevedo, recor­dando a Alegre y sus “apre­tadores” que maniobras de este tipo no le harán decli­nar de su postulación.

Al mismo tiempo, el sena­dor Sixto Pereira, histórico referente del Frente Guasu, se expresó indicando que lo que se tuvo en la Concerta­ción “no fue un voto popu­lar, sino mercantilista”, evidencia que surge de las múltiples situaciones irre­gulares que contravienen cualquier sentido ético y legal de un proceso comi­cial.

AI mismo tiempo, en la ANR han manifestado que es momento de plantear un incremento de las penas por la comisión de delitos electorales a fin de poner un límite a estos excesos como los que se vivieron en el sector efrainista.

Se teme, admiten, que los vicios de estas elecciones de la Concertación se pue­dan repetir en las eleccio­nes generales y con ello se ponga en duda la legitimi­dad de los resultados.

Este es momento en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debería pronunciarse manifestando su posición firme y crítica con relación a estas prácticas lamenta­bles que empañan el propio itinerario de los procesos electorales administrados por esta institución que -históricamente- han sido notablemente bien admi­nistrados.