El abogado Carmelo Caballero habló sobre el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resolvió anular el fallo de la Cámara de Apelaciones, que ordenó en su momento un nuevo juicio oral en su contra en el caso de tráfico de influencia, conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Caballero había sido condenado por esta causa por votos en mayoría a la pena privativa de 1 año y 8 meses.
“Apelé a esa resolución para que la Cámara de Apelaciones revoque y sea absuelto también por el hecho de tráfico de influencia. El Ministerio Público no apeló a la sentencia del Tribunal de Sentencias, entonces lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por Gustavo Auadre, José Agustín Fernández y Arnulfo Arias, al anular la sentencia del tribunal originario, produjo una reforma en perjuicio, es decir, dispuso anular totalmente el juicio de primera instancia y ordenar la realización de un nuevo juicio”, explicó en una entrevista para La Nación/Nación Media.
El abogado comentó que el Tribunal de Sentencias fue violatorio a la Constitución Nacional, y “eso es lo que declaró en este momento la Corte”.
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Kattya no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias; y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañó la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
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Libelo acusatorio
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Kattya González se autoerige como “única salvadora de la oposición”
Para sorpresa de propios y extraños, la senadora Kattya González, quien ganó su candidatura para liderar la lista opositora con apenas 183 votos, dijo que sin ella, “ya no existe la oposición”.
La senadora del Partido Encuentro Nacional (PEN) está siendo fuertemente cuestionada porque uno de sus secretarios recibió un aval aparentemente irregular de parte de la Contraloría para pasar de esta institución al Senado. La legisladora se escudó bajo el argumento de la persecución y alegó que es el objetivo principal, puesto que si cae ella, lo hará toda la oposición.
“Acá no existe ningún delito, acá existe una campaña sistemática de actores puntuales que nos quieren igualar y que eligieron mi cabeza porque si logran doblegarme a mí, el resto ya cae como dominó, la apuesta fue grande, si a mí me logran hacer arrodillar ya no existe la oposición, así nomás es”, aseveró la parlamentaria ante la 1020 AM.
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El actual asesor de González, José Luis Torales es funcionario de la Contraloría General de la República (CGR), no obstante, desde agosto del 2023 percibió salarios tanto en el ente contralor como en el Senado, de acuerdo a los datos de la Función Pública. Por si esto fuera poco, fue candidato a diputado del PEN en las últimas elecciones, algo que está prohibido en el Código de Ética de la Contraloría y, además, actualmente es presidente del PEN.
Este hecho fue minimizado por la senadora, quien incluso afirmó que no había ningún delito, y se autodenominó como la única referente de la oposición, esto cuando su entrada a la lista de candidatos a la Cámara Alta generó descontentos en la Concertación opositora, para las elecciones generales de abril de 2023, y fue sumamente cuestionada ya que se apuntaba que se decidió en “cuatro paredes” que liderara la lista, cuando apenas recibió 183 votos.
La escasa cantidad de respaldo popular que recibió la actual legisladora puso en duda la legitimidad de su candidatura puesto que en otros partidos, precandidatos con más de 6.000 votos quedaron sin posibilidad de pelear por un escaño en el Congreso, mientras que ella lideró la lista de la Alianza Encuentro Nacional con una ínfima cantidad de votos.
De forma irónica, hoy Kattya cree ser la única referente de la oposición al mismo tiempo que se la vincula a hechos similares a los que ella tanto cuestiona. Se dejó al descubierto que su propio asesor, con un salario que supera los G. 20 millones, habría tenido un ingreso irregular al Senado y se sospecha que habría traficado influencias para lograr el aval de parte del subcontralor, Augusto Paiva, para obtener el traslado de Torales.
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“Hay un tráfico de influencia fehacientemente comprobado”
El diputado Rodrigo Gamarra anunció que plantearía un juicio político para el subcontralor Augusto Paiva, quien supuestamente habría “blanqueado” a un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) para que funja de asesor de la senadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), a la que señala que pudo haber cometido un tráfico de influencias. El planteamiento se dará dentro de la bancada oficialista.
“Ocurrieron demasiadas situaciones en el Congreso Nacional, que es el foco de atención en estos últimos días por los casos que se denunciaron sobre supuestos casos de nepotismo. A raíz de esto, saltó el caso de José Torales, que sí realmente es una falta grave al código de ética de la Contraloría, que casualmente es presidente del Partido Encuentro Nacional y fue candidato a diputado por este sector”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra, ayer viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De acuerdo a la nómina de la Función Pública, Torales, quien formaba parte del plantel de la asesoría jurídica de la Contraloría, habría estado percibiendo remuneraciones desde agosto de 2023 en ambas instituciones; es decir, en el órgano extraporder y en la Cámara Alta, alzándose con un total de G. 20 millones al mes.
“Tiene un doble cobro de salario, incluso de aguinaldo tanto en la Contraloría como en la Cámara de Senadores. Los documentos están a la vista, esto es público. Hay muchos hechos que demuestran que amerita que se realice un juicio político”, comentó el legislador a Nación Media. Sin embargo, el pase definitivo del funcionario al Senado recién fue homologado el pasado 17 de enero por parte de Paiva, a través de un documento firmado tan solo un día después que se realizara el pedido de traslado.
“Esto no solo afecta al funcionario en cuestión, sino que al subcontralor y a la senadora en un caso de tráfico de influencia comprobada, que también amerita hasta inclusive una pérdida de investidura. Todo esto se dio ante el silencio y complicidad comprobada del subcontralor que trata de blanquearlo, trasladándole de manera definitiva al Congreso, cosa que todavía no se dio. Hizo una nota donde sí puede acceder al pedido del presidente del Congreso, que lo hace también a pedido de la senadora. En este caso existe un tráfico de influencia fehacientemente comprobada hasta por escrito”, explicó Gamarra.
Correría el juicio político
El senador Dionisio Amarilla se suma a los legisladores que opinaron respecto al actuar del subcontralor, Augusto Paiva, quien es tildado de haber blanqueado el traspaso de un funcionario de la Contraloría para que preste funciones como “asesor” de la senadora Kattya González. El parlamentario afirma que hubo un abuso de parte de Paiva y por ende este hecho debe ser sancionado.
“Yo creo que no van a faltar diputados que tomen este caso y planteen el juicio político y garantizo que va a correr el juicio político de Paiva porque es alevoso lo que hizo con este traslado”, afirmó el parlamentario liberal, quien señaló que se infringió el código de ética de la Contraloría General de la República.
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Abogado solo será investigado por extorsión y no por tráfico de influencia, ratifica la Corte
El abogado Farid Gustavo González solo será investigado por el delito de extorsión, según ratificó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal Federico Delfino. El representante del Ministerio Público recurrió a la resolución del tribunal de apelación que ratificó que el citado profesional del derecho no puede ser juzgado por tráfico de influencia por no ser funcionario público.
El Ministerio Público imputó por extorsión y tráfico de influencia a González, pero la jueza de garantías Diana Carvallo excluyó el delito de tráfico de influencia porque el abogado González no es funcionario público por lo tanto no puede ser procesado por tal delito.
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La Fiscalía imputó a González luego de realizar un procedimiento de entrega vigilada en San Lorenzo, donde el profesional del derecho quedó detenido tras recibir el dinero que exigió para que su esposa pueda beneficiar a una persona en un proceso de violencia familiar.
La víctima del hecho, Pamela Núñez, denunció que había pedido que se haga un cruce de llamadas en la causa que tiene contra su agresor, Carlos Vigo, ya que este incumplía con sus medidas y que incluso el fiscal solicitó la revocatoria y prisión preventiva, lo que fue rechazado por la jueza Salomón.
Tras el rechazo, la víctima refirió que el marido de Salomón le pidió una suma elevada de dinero, para que salga la resolución a su favor, bajo amenaza de que la contraparte le estaba ofreciendo mucho dinero.
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