El procurador general de la República, Marco González, habló sobre el vencimiento del plazo cumplido el pasado jueves para llegar a un acuerdo con el mecanismo Covax sobre las 3 millones de dosis de vacunas anticovid que no fueron entregadas al Paraguay. El procurador sostuvo que Paraguay se mantiene en su postura inicial de rechazar la entrega de dosis, que ya no tendrán uso en el país, y que el pago deber ser reembolsado.
“En puridad hay dos plazos, uno es el vencimiento del contrato que fenece en los términos de contrato el próximo domingo, pero ayer feneció el plazo que determinó el mecanismo Covax para encontrar una salida con todos los países que aún no tenía una salida acordada, y, entre ellos, Paraguay”, indicó González, en entrevista al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
No se llegó a un acuerdo de salida alternativa, ya que tanto Paraguay como el mecanismo Covax se mantienen en sus respectivas posturas. “Nosotros no hemos acordado una salida consensuada por llamarlo de alguna manera, básicamente ellos se mantienen en la tesitura que todos conocen, en las dos alternativas. Paraguay ha sostenido que no cree conveniente, no cree razonable lógica ni jurídica la propuesta que ha realizado el mecanismo”, refirió el procurador.
“Paraguay sostiene enfáticamente que esos fondos, el saldo que ha acreditado Paraguay en la cuenta del mecanismo Covax, deben ser reembolsados al Paraguay porque se trata de un dinero que no tenía una contraprestación porque no ha tenido la vacuna en el tiempo razonable que se ha pactado en el contrato”, aseveró.
Explicó que la primera alternativa ofrecida por Covax es a través de un cálculo de cuánto costarían las 3 millones de dosis, “pero a un precio menor y de ahí sale el número de 5.800.000 dólares; entonces, a los 5.600.000 dólares que ellos tienen depositados, poner una suma adicional de 180.000 dólares para completar esa cifra que ellos determinan la tasa de salida”.
Mientras que la otra alternativa es “que nosotros recibamos 3 millones de dosis que no necesitamos, que van a caducar, va a significar costos de traslados, y otra vez tendríamos que abonar una suma adicional de 33 millones de dólares por esas 3 millones de dosis que no necesitamos”.