El corte no programado de energía del pasado sábado generó la reacción de ciertos sectores políticos, quienes cuestionaron el servicio que presta la Administración Nacional de Electricidad (Ande), pero que al mismo tiempo apuntan a reducir la tarifa en un 90%. El presidente del ente, Félix Sosa, indicó que la tarifa de la empresa es insuficiente y que si se reduce la inversión en el sistema eléctrico, la Ande no prestará el servicio esperado.
“El problema histórico fue justamente la definición de la tarifa, porque lastimosamente fueron tarifas políticas y no cumplen lo que establece la Ley N° 966, que dice que la institución debe tener una rentabilidad sobre su activo inmovilizado del 8 al 10%”, explicó Sosa en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN/Nación Media.
Recordó que las inversiones realizadas en el sistema eléctrico han sido insuficientes; hasta el 2008 la inversión no llegaba ni a los US$ 50 millones de forma anual, recién en el 2009 aumenta ese nivel y en el gobierno anterior se da un salto importante en cuanto a inversiones.
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Roberto Moreno: “Existe un respaldo político bastante fuerte y cero grietas”
Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, salió al paso de las publicaciones periodísticas impulsadas desde los medios de comunicación a fines al sector de la oposición que pretenden instalar la existencia de una supuesta grieta entre técnicos y políticos en el gabinete del presidente de la República, Santiago Peña.
“Lo peor que hay es mentirle a la gente, si yo diría que existe un 1 % de crisis estaría mintiendo porque hay cero grieta. Existe un respaldo político muy fuerte. Esto forma parte de una narrativa, es válida porque estamos finalmente en política y cada uno hace sus especulaciones”, manifestó en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
Las publicaciones periodísticas referían que las tensiones entre el ala técnica y política se evidenciaron tras las recientes negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la Entidad Binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, el cual significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
Señalan a la vez que el supuesto malestar se concentra principalmente entre la jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, y el asesor político José Alberto Alderete. “Existe una fortaleza y unidad de criterio en todos los aspectos del Gobierno, no ha habido un momento desde agosto en donde se pueda decir que hubo una discusión. Esto no tiene ningún sentido”, sentenció.
Asimismo, siguió sosteniendo que “ciertamente en una negociación como es la de Itaipú, hay aspectos técnicos que no se puede aplicar un criterio político, pero finalmente depende de un entendimiento político interno del Paraguay, y externo con el Brasil”.
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“Existe respaldo político muy fuerte y cero grietas”, afirma asesor jurídico de la Presidencia
Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, salió al paso de las publicaciones periodísticas impulsadas desde los medios de comunicación a fines al sector de la oposición que pretenden instalar la existencia de una supuesta grieta entre técnicos y políticos en el gabinete del presidente de la República, Santiago Peña.
“Lo peor que hay es mentirle a la gente, si yo diría que existe un 1 % de crisis estaría mintiendo porque hay cero grieta. Existe un respaldo político muy fuerte. Esto forma parte de una narrativa, es valida porque estamos finalmente en política y cada uno hace sus especulaciones” manifestó en una entrevista con el programa “Cara o cruz” emitido por Unicanal.
Las publicaciones periodísticas referían que las tensiones entre el ala técnica y política, se evidenciaron tras la reciente negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la entidad binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, el cual significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
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Señalan a la vez que el supuesto malestar se concentra principalmente entre la jefa de gabinete de la presidencia Lea Giménez y el asesor político José Alberto Alderete. “Existe una fortaleza y unidad de criterio en todos los aspectos del gobierno, no ha habido un momento desde agosto en donde se pueda decir que hubo una discusión. Esto no tiene ningún sentido”, sentenció.
Asimismo, siguió sosteniendo que “ciertamente en una negociación como es la de Itaipú, hay aspectos técnicos que no se puede aplicar un criterio político, pero finalmente depende de un entendimiento político interno del Paraguay, y externo con el Brasil”.
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Lamentan que busquen rédito político de protestas
“Es lamentable que los actores políticos quieran sacar nuevamente ventaja; al no tener plataforma electoral, se quieren valer de los legítimos reclamos de los estudiantes”, sentenció la parlamentaria, indicando que muchos opositores solo buscan difundir mentiras y encontrar algún beneficio para sus intereses de luchas ajenas.
La parlamentaria aclaró además que desde la Cámara Baja se tomará a consideración las sugerencias elaboradas por el Consejo Superior Universitario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Plan de Caja mensual aprobado por las instituciones a ser beneficiadas con la ley y que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la migración mensual de saldos no ejecutados de meses vencidos de dichas entidades.
Puntualizó que si hay aspectos a ser introducidos o agregados, para brindar mayores garantías sobre la ley universitaria, no se descartan las conversaciones y los acuerdos pertinentes para generar respuestas a las principales exigencias. Al respecto, remarcó que el diálogo no debe agotarse bajo ninguna circunstancia, asegurando que la Cámara de Diputados mantendrá siempre una línea abierta con las exigencias planteadas.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.