Varias de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizan trabajos de monitoreo y observación en las elecciones no realizarán este trabajo en las internas del próximo 18 de diciembre y recién alistarán preparativos para los comicios del 30 de abril del 2023. No obstante, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron que se contará con observadores internacionales, que incluso ya estuvieron realizando trabajos en la reciente auditoría a las máquinas de votación.
Desde la organización Alma Cívica confirmaron que recién realizarán el trabajo de observación y monitoreo de transparencia en las elecciones generales, tal como lo hicieron en los comicios del 2018. En conversación con La Nación/Nación Media, indicaron que trabajan junto con otras agrupaciones cívicas y que decidieron realizar un despliegue recién en abril del 2023.
Lo mismo confirmaron desde la organización Decidamos, la que se dedica a desarrollar proyectos, así como también monitorear los procesos políticos que se desarrollan en el país. “Nosotros no vamos a realizar trabajos de observación en las internas, vamos a hacerlo en las generales de abril”, indicó Dania Pilz, miembro de esta ONG.
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Indi y TSJE facilitan jornada de documentación a comunidades indígenas en San Pedro
Mediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), facilitan el acceso a jornadas de documentación, capacitación cívico electoral e inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP), a las comunidades indígenas de los distritos de Yatayty del Norte y Guajaibí, del departamento de San Pedro.
Estas jornadas se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo próximo, en los distritos mencionados, en las comunidades nativas de Takua Poty, Virgen del Carmen, La Paloma, San José, Kupa’y, Javier Kue Rugua y Guavira Poty.
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En representación de la Justicia Electoral acompañarán dicha actividad las Direcciones del Registro Electoral, Identidad Electoral y la Coordinación de Asuntos Indígenas, así también la comitiva de funcionarios del Indi para facilitar el carnet indígena, funcionarios del Registro del Estado Civil de las Personas para la emisión de certificados de nacimiento y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para la emisión de cédulas de identidad, primera vez o renovación.
De esta manera las instituciones mencionadas, a través de la Justicia Electoral se comprometen a seguir facilitando las herramientas necesarias para el acceso a documentaciones requeridas y garantizar la participación en los procesos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas.
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Plantean proyecto para transparentar millonarios financiamientos de oenegés
Un proyecto de ley que será estudiado en el Senado podría poner fin al millonario negocio montado por algunos sectores a través de organizaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que en la realidad equivalen a empresas que manejan millonarios fondos. Entre los casos más escandalosos que trascendieron en los últimos tiempos están la red de oenegés de los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez, que mueven millones y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que rapiñaron fondos públicos en pandemia con sueldos para clan del presidente de la organización.
- Unidad de Investigación Nación Media
En los próximos días deberá iniciar el recorrido legislativo del proyecto de ley que establece el control del financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
El proyecto generó ya molestias en algunos sectores incluso antes de su presentación. Varios de esos sectores están directa o indirectamente vinculados con personas que están ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fondos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez.
DEBERÁN REGISTRARSE
Como primer punto, el proyecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.
Es decir, el proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas. Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.
MÁS CONTROLES Y TRANSPARENCIA
Un punto resaltante del proyecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, además de su objeto, sus fuentes de financiamiento como también con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.
También deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.
Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministerio de Economía. Y los organismos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.
MILLONARIOS NEGOCIOS
Un claro ejemplo de las redes que se han generado con las OSFL pare recibir millonarios fondos es la dupla de excandidatos de la Concertación, compuesta por Soledad Núñez y Bruno Defelippe.
La pareja inició su camino como voluntarios, pero con el tiempo tejieron una extensa red de negocios que operan bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas por la empresa de Defelippe, bajo la apariencia de “alianzas”, y que cuentan con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta intrincada red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, alimentando proyectos millonarios que generan lucrativos financiamientos destinados a consultorías y emprendimientos, mayormente dirigidos hacia los miembros de esta influyente élite.
Lo que en sus inicios fue un modesto voluntariado, evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos relacionados con áreas como el emprendedurismo, la tecnología, la innovación e incluso la contratación de personal docente. Todo ello, presentado bajo la apariencia de promover la “gobernanza” y la “democracia”, permitió a la pareja de candidatos consolidar su base política, siempre amparados en el manto de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El epicentro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos, movilizando sumas millonarias de guaraníes, se encuentra en Koga Impact Lab, empresa fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se desprenden múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), responsable de presionar préstamos y promover iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.
La red de organizaciones derivadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.
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Presidente del TSJE supervisó las elecciones generales de Panamá
César Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), formó parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que tuvo a su cargo la supervisión de los comicios generales en Panamá. Rossel realizó este domingo la misión electoral en la localidad de Colón, desde donde se reportó una importante participación de electores que acudieron a elegir a sus representantes.
En total 3.004.083 panameños estuvieron habilitados para elegir a un presidente y vicepresidente de la República, diputados al parlamento centroamericano, diputado a la Asamblea Nacional, representantes de corregimientos y concejales, todos con sus suplentes, para el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
Según el reporte de los observadores la apertura de la puja electoral se realizó sin inconvenientes a las 7:00, con 7.577 mesas de votación instaladas en 3.037 centros de votación en todo el país. El escrutinio finalizó a las 16:00, bajo una total tranquilidad al no registrarse incidentes graves.
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Aspirantes a mandatarios
De acuerdo a los medios de comunicación de Panamá, el conteo de los votos aún sigue. En esta puja electoral son 9 los partidos legalmente constituidos que participan con ocho candidatos presidenciales. Los aspirantes son: José Raúl Mulino, Martín Torrijos, Rómulo Roux, Ricardo Lombana, José Gabriel Carrizo, Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha y Maribel Gordón.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.