Un proyecto de ley que será estudiado en el Senado podría poner fin al millonario negocio montado por algunos sectores a través de organizaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que en la realidad equivalen a empresas que manejan millonarios fondos. Entre los casos más escandalosos que trascendieron en los últimos tiempos están la red de oenegés de los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez, que mueven millones y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que rapiñaron fondos públicos en pandemia con sueldos para clan del presidente de la organización.

• Unidad de Investigación Nación Media

En los próximos días deberá iniciar el reco­rrido legislativo del proyecto de ley que establece el control del financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizacio­nes sin fines de lucro (OSFL).

El proyecto generó ya moles­tias en algunos sectores incluso antes de su presen­tación. Varios de esos sec­tores están directa o indi­rectamente vinculados con personas que están ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fon­dos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defe­lippe y Soledad Núñez.

Como primer punto, el pro­yecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las aso­ciaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organis­mos no gubernamentales, las organizaciones no guber­namentales, las organizacio­nes de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cual­quier persona física o jurí­dica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de ori­gen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.

Es decir, el proyecto alcan­zará a aquellas organizacio­nes que manejen fondos en relación directa con las acti­vidades públicas. Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, debe­rán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un punto resaltante del pro­yecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus esta­tutos sociales las identidades de sus constituyentes, ade­más de su objeto, sus fuentes de financiamiento como tam­bién con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.

También deberán registrar detalladamente el uso y des­tino de los fondos que reciban con sus correspondientes fac­turas y documentos respalda­torios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técni­cos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extran­jeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vin­culados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.

Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministe­rio de Economía. Y los organis­mos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de las redes que se han generado con las OSFL pare recibir millonarios fondos es la dupla de excandi­datos de la Concertación, com­puesta por Soledad Núñez y Bruno Defelippe.

La pareja inició su camino como voluntarios, pero con el tiempo tejieron una extensa red de negocios que operan bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas por la empresa de Defelippe, bajo la apariencia de “alian­zas”, y que cuentan con la par­ticipación de un selecto grupo de amigos. Esta intrincada red moviliza miles de dólares pro­venientes de organismos mul­tilaterales, con la correspon­diente contrapartida estatal, alimentando proyectos millo­narios que generan lucrativos financiamientos destinados a consultorías y emprendi­mientos, mayormente dirigi­dos hacia los miembros de esta influyente élite.

Lo que en sus inicios fue un modesto voluntariado, evo­lucionó rápidamente hacia un próspero esquema de nego­cios, aprovechando proyec­tos públicos relacionados con áreas como el emprendedu­rismo, la tecnología, la inno­vación e incluso la contra­tación de personal docente. Todo ello, presentado bajo la apariencia de promover la “gobernanza” y la “democra­cia”, permitió a la pareja de candidatos consolidar su base política, siempre amparados en el manto de las organiza­ciones no gubernamentales (ONG).

El epicentro de esta expansión de las oenegés que operan alre­dedor de proyectos públicos, movilizando sumas millona­rias de guaraníes, se encuentra en Koga Impact Lab, empresa fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multi­lateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se desprenden múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), respon­sable de presionar préstamos y promover iniciativas polé­micas como las bicisendas en Asunción, entre otras.

La red de organizaciones deri­vadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Jus­ticia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directa­mente a su círculo cercano.