El economista y precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado José Rodríguez Tornaco repudió el discurso populista de la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González Yaluff, por alentar a campesinos a invadir propiedades privadas rumbo a las elecciones internas partidarias previstas para el próximo 18 de diciembre.
“Desde el momento en que el mismo líder del Ejecutivo avala las promesas populistas, porque estamos en campaña electoral, evidentemente la señal es que todos los demás funcionarios de la Presidencia, sobre todo aquellos que apoyan las candidaturas del oficialismo, tienen carta libre para violar la ley”, sostuvo mediante una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Rodríguez Tornaco se refirió a la situación registrada días atrás en la colonia Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná.
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Juzgado controló pedido de extracción e hizo lugar respetando plenamente el CPP
La resolución judicial del Juzgado Penal de Garantías de turno del mes de enero de este año sobre el pedido de autorización judicial realizado por el Ministerio Público para la extracción de datos de la Seprelad, se legitima y avala debido a que se respetaron a rajatabla las normas legales para la extracción de datos, en el marco de una investigación fiscal sobre personas innominadas.
Es decir, el juzgado corroboró punto por punto el pedido formulado por la Fiscalía y, una vez constatada dicha situación, se autorizó judicialmente a realizar el procedimiento bajo acto investigativo y respetando las normas.
En el presente caso están imputados por 7 hechos punibles el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus exministros Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, y otros exfuncionarios de la Seprelad.
Del mismo modo la resolución judicial que autoriza a la extracción de datos fue dictada con base en el artículo 282 del Código Procesal Penal (CPP) que refiere sobre el control judicial en las actuaciones de investigación del Ministerio Público. La Policía Nacional y la Policía Judicial lo realizarán siempre bajo control judicial. Esto refuerza más la tesis que dicho acto se realizó cumpliendo las normas legales para acceder a elementos de prueba en la presente investigación fiscal.
Del mismo modo, es importante mencionar que la autorización judicial que pidió la Fiscalía en enero de este año y que hizo posible la extracción de datos de la Seprelad se llevó a cabo bajo estricto control jurisdiccional y respetando las normas establecidas en el artículo 282 del Código Procesal Penal.
El fiscal Aldo Cantero solicitó y obtuvo el permiso de la jueza Clara Ruiz Díaz de extraer datos de la Seprelad, en plena etapa preparatoria y con la causa n.° 6869/2023 caratulada “Persona innominada s/ denuncia falsa y otros” en plena etapa investigativa. En ese tiempo, la causa era una denuncia innominada, el Ministerio Público no tenía imputados; por tanto, es absurdo hacer participar a la defensa o las personas sospechadas de que están siendo investigadas. En un ejemplo burdo: es absolutamente incorrecto que en los casos de narcotráfico o de secuestro se ponga a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
RECOLECTAR INFORMACIÓN
Es en la etapa preparatoria que el agente del Ministerio Público está obligado a colectar la mayor cantidad de información suficiente para formular la acusación y sostenerla a través de la prueba producida en juicio, según señalan acordadas de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo principal en la etapa preparatoria es la investigación o recolección de información.
Las acordadas de la máxima instancia judicial señalan que en la etapa preparatoria se desarrolla una actividad de indagación dirigida y para ello es necesario permitir el ingreso de todo tipo de información relacionada al caso y que sirva a los fiscales, incluso sin preocuparse demasiado por las formalidades.
Lo que los medios abdistas (Abc y UH) y los abogados de los imputados intentan instalar es que la extracción de datos de la Seprelad se hizo violando procedimientos e incluso vulnerando preceptos constitucionales, cuando en la etapa preparatoria el Ministerio Público tiene amplias facultades sin vulnerar lógicamente las garantías fundamentales.
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El Código Procesal Penal avala la extracción de datos en caso Seprelad
La investigación del Ministerio Público sobre la escandalosa filtración de Seprelad, donde están procesados penalmente por 7 delitos el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus asociados, está correctamente avalada por lo que establece en el artículo 282 del Código Procesal Penal (CPP) que refiere sobre el control judicial en las actuaciones de investigación del Ministerio Público. La Policía Nacional y la Policía Judicial lo realizarán siempre bajo control judicial.
Esta normativa a la que se puede acceder sin problema buscando en el CPP pasaron por alto o no quisieron ver los diarios Abc Color y Última Hora, quienes pretenden instalar de forma maliciosa y tendenciosa que la extracción de datos que se realizó en el presente caso haya estado fuera de las normas legales.
Del mismo modo es importante señalar que la autorización judicial que pidió la Fiscalía en enero de este año y que hizo posible la extracción de datos de la Seprelad se llevó a cabo bajo estricto control jurisdiccional y respetando las normas establecidas en el artículo 282 del Código Procesal Penal y a su vez con la participación de un Juzgado Penal de Garantías de turno de la capital. Dicho juzgado controló el pedido realizado por el fiscal interviniente y al comprobar que reunía los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico autorizó a la extracción de datos de la Seprelad. De esta manera, se realizó un riguroso control para la realización del pedido del Ministerio Público.
El fiscal Aldo Cantero solicitó y obtuvo el permiso de la jueza Clara Ruiz Díaz de extraer datos de la Seprelad, en plena etapa preparatoria y con la causa n.° 6869/2023 caratulada “Persona innominada s/ denuncia falsa y otros” en plena etapa investigativa. En ese tiempo, la causa era una denuncia innominada, el Ministerio Público no tenía imputados, por tanto, es absurdo hacer participar a la defensa o las personas sospechadas de que están siendo investigadas. En un ejemplo burdo: es absolutamente incorrecto que en los casos de narcotráfico o de secuestro se ponga a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Es en la etapa preparatoria que el agente del Ministerio Público está obligado a colectar la mayor cantidad de información suficiente para formular la acusación y sostenerla a través de la prueba producida en juicio, según señalan acordadas de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo principal en la etapa preparatoria es la investigación o recolección de información.
Las acordadas de la máxima instancia judicial señalan que en la etapa preparatoria se desarrolla una actividad de indagación dirigida y para ello es necesario permitir el ingreso de todo tipo de información relacionada al caso y que sirva a los fiscales, incluso sin preocuparse demasiado por las formalidades.
Lo que los medios abdistas (Abc y UH) y los abogados de los imputados intentan instalar es que la extracción de datos de la Seprelad se hizo violando procedimientos e incluso vulnerando preceptos constitucionales, cuando en la etapa preparatoria el Ministerio Público tiene amplias facultades sin vulnerar lógicamente las garantías fundamentales.
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Se posterga dictamen sobre desafuero de Abdo
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por Lilian Samaniego, decidió postergar para el 2 de abril, a las 9:00, el tratamiento del pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez como senador vitalicio. El líder del movimiento Fuerza Republicana fue denunciado por persecución política orquestada durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
Además del expresidente de la República están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El aplazamiento se dio por solicitud del senador Javier Zacarías Irún, quien propuso a los demás integrantes del órgano asesor la convocatoria de los abogados de las partes, tanto de Abdo Benítez como del denunciante, el también exjefe de Estado Horacio Cartes. A la vez se solicitará al Ministerio Público el expediente completo y todos los antecedentes del caso para analizar los méritos de la imputación con el fin de emitir un dictamen, ya sea a favor o en contra para el retiro de los fueros de Abdo Benítez.
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Estrategia será identificar a los responsables, dijo el mandatario
El Estado recibió una notificación mediante la cual se exige el pago de USD 16 millones por parte de la firma Mota-Engil, empresa que tenía a su cargo la construcción del metrobús. La demanda se originó a partir de la decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez de suspender el contrato y ahora la Procuraduría General de la República debe articular una estrategia para defender los intereses nacionales.
“La estrategia es que los abogados van a tener que ver quiénes son los responsables de esto”, aseveró el presidente de la República, Santiago Peña, respecto a la consulta de qué se hará para asumir la millonaria deuda que exigen. Además de los USD 13 millones, se pide al Estado que también se haga responsable de los intereses acumulados, que en total suman USD 2.400.000.
El mandatario dejó en claro que la denuncia se generó posterior a la salida del gobierno de Horacio Cartes, cuya administración entregó a Mario Abdo Benítez un proyecto en ejecución; no obstante, este decidió suspender unilateralmente las obras y rescindir el contrato, lo que generó la acción de Mota-Engil.
“Cuando vino el cambio de gobierno decidieron cancelar esa ejecución en el medio del proyecto con una consecuencia tremenda, pero ahora está en el campo de los abogados y ellos harán lo que esté a su alcance para poder solucionar”, expresó el presidente a la 730 AM.
La discusión no está en torno al diseño o al proyecto del metrobús, aseguró Peña, quien recalcó que la cancelación del contrato, además del no reconocimiento de las obras realizadas, son el fondo de la cuestión. El mandatario indicó que el plan ya venía de gobiernos anteriores; sin embargo, nunca se avanzó y que durante el gobierno de Cartes se dio inicio y se entregó una parte de los trabajos con el objetivo de que tuviera continuidad; no obstante, esto no ocurrió.