El Estado recibió una notificación mediante la cual se exige el pago de USD 16 millones por parte de la firma Mota-Engil, empresa que tenía a su cargo la construcción del metrobús. La demanda se originó a partir de la decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez de suspender el contrato y ahora la Procuraduría General de la República debe articular una estrategia para defender los intereses nacionales.

“La estrategia es que los abogados van a tener que ver quiénes son los responsables de esto”, aseveró el presidente de la República, Santiago Peña, respecto a la consulta de qué se hará para asumir la millonaria deuda que exigen. Además de los USD 13 millones, se pide al Estado que también se haga responsable de los intereses acumulados, que en total suman USD 2.400.000.

El mandatario dejó en claro que la denuncia se generó posterior a la salida del gobierno de Horacio Cartes, cuya administración entregó a Mario Abdo Benítez un proyecto en ejecución; no obstante, este decidió suspender unilateralmente las obras y rescindir el contrato, lo que generó la acción de Mota-Engil.

“Cuando vino el cambio de gobierno decidieron cancelar esa ejecución en el medio del proyecto con una consecuencia tremenda, pero ahora está en el campo de los abogados y ellos harán lo que esté a su alcance para poder solucionar”, expresó el presidente a la 730 AM.

La discusión no está en torno al diseño o al proyecto del metrobús, aseguró Peña, quien recalcó que la cancelación del contrato, además del no reconocimiento de las obras realizadas, son el fondo de la cuestión. El mandatario indicó que el plan ya venía de gobiernos anteriores; sin embargo, nunca se avanzó y que durante el gobierno de Cartes se dio inicio y se entregó una parte de los trabajos con el objetivo de que tuviera continuidad; no obstante, esto no ocurrió.