El abogado Francisco De Vargas, ex ministro del Interior, indicó que las explicaciones de Arnaldo Giuzzio, ex titular de la cartera de seguridad, sobre que no tiene vínculo con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua no le terminan de convencer.
Puntualizó que resulta imposible que el ex agente fiscal no haya tenido conocimiento de los antecedentes de uno de los considerados hombres más buscados en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos.
“Eso no debería ocurrir (alquilar un vehículo de un supuesto narcotraficante), a mí me sorprendió lo que pasó con Giuzzio, me cuesta creer la versión que da, donde simplemente levanta el teléfono y le llama a una persona que le estaba ofreciendo insumos en materia de seguridad y luego los propios dichos de los empleados de la empresa lo desdicen, afirmando que no hubo contrato”, comentó.
“Giuzzio dijo que tuvo un contrato de alquiler y jamás apareció ese contrato, cuando también se habla con los empleados, se habla de que el alquiler de un vehículo de ese tipo oscilaba entre un total de 800 o 1.000 dólares”, añadió De Vargas.
Cabe recordar que Giuzzio fue destituido por el presidente Mario Abdo tras publicarse que había alquilado un vehículo perteneciente a Espíndola Marqués de Padua para vacacionar en Brasil. Esto fue calificado por De Vargas como un bochorno.
“No me cierran muchas de las explicaciones y me parece bochornoso lo que ocurrió porque el Ministerio del Interior tiene una dirección de inteligencia, aparte de la dirección que tiene la Policía Nacional. Esto se encuentra estructurado de esa forma y diseñado por colombianos y no puede ser que el director de seguridad del Ministerio del Interior no le haya advertido al ex ministro sobre con quién se andaba codeando”, finalizó De Vargas.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Giuzzio se quedó sin defensor y sería otra estrategia dilatoria
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y, por ende, la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
ACUSACIÓN
El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos a Giuzzio sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico incluyen el exponencial crecimiento de la narcoexportación en Paraguay a raíz de la liberación en los puertos de los controles de la Senad cuando era su titular.
En mayo de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Giuzzio firmó una resolución con la cual se dejó “el arco libre” a los negocios ilícitos en el país, convirtiéndose Paraguay en un centro de acopio logístico para la comercialización y exportación de grandes cargamentos de drogas con destino a Europa.
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Arnaldo Giuzzio chicanea, recusando a jueza
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por siete delitos por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recusó a la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien días atrás admitió la imputación y a partir del lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Con la recusación presentada por Giuzzio, ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar a la jueza Lovera en el caso.
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, presentó un recurso de reposición y apelación contra la determinación adoptada por la jueza, quien admitió la imputación contra los exministros de Mario Abdo Benítez y algunos altos funcionarios.
También fueron imputados por el mismo involucramiento el expresidente de la República Mario Abdo Benítez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Audios de Giuzzio confirman que solo buscaban perseguir a Cartes
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, se refirió a los audios que fueron expuestos por el periodista Jorge Torres, en los cuales se escucha a Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en ese momento, y su adjunta, Zully Rolón. En los audios se puede revelar cómo actuaron para perseguir a Cartes, según el profesional del derecho.
“Las funciones dentro de lo que es el estamento del Poder Ejecutivo, Senad, Seprelad, Ministerio del Interior y Secretaría Anticorrupción tienen una función específica, dentro del ámbito de lo que la ley le marca que pueda hacer o los decretos pueden hacer, y la Senad tiene una función bien determinada que es perseguir los delitos de narcotráfico”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ovelar indicó que al escuchar hablar a Arnaldo Giuzzio y su adjunta, y otras personas, sobre las empresas del expresidente Horacio Cartes, “de cuánto factura Cartes, de qué compra, dónde tiene lucro, dónde no tiene lucro, metiendo a un banco de por medio, te das cuenta de lo que estaban buscando era, entre todos juntos, aquello que decía Eduardo Petta”.
En este contexto, insistió en que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez nombró a estas personas en estas instituciones, citadas en la imputación, para perseguir a un adversario político. “Mario Abdo Benítez nombra a estas personas en estas instituciones, y les dijo, todos ustedes vayan detrás de Horacio Cartes, búsquenle la vuelta a Horacio Cartes, encuentren lo que sea”, ratificó.
OPERATIVOS CONTRA CASAS DE CAMBIOS
El abogado mencionó que en el audio se escucha hablar a Giuzzio y a Rolón sobre operativos contra casas de cambios, donde la línea era clara, de “buscar y encontrar algo”, mismo esquema que utilizaron con las firmas de Cartes.”Así como se mencionó (en los audios), una casa de cambios, no hay nada contra ella, pero ya vamos a encontrar. Esa era la actividad de ellos, buscar a Horacio Cartes cómo perjudicarlo, en sus empresas, en sus negocios y que eso repercuta en el ámbito político”, sostuvo.
EL INFORME DE INTELIGENCIA
Ovelar explicó que esa “búsqueda” de las instituciones del gobierno de Abdo terminaron en un informe de inteligencia financiera en el 2022, que finalmente no arroja ningún hecho que pueda comprometer al expresidente Cartes. “Absolutamente, ningún hecho conducente a probar un ilícito, o un hecho punible, el contenido producido por el funcionario de Arnaldo Giuzzio, que el tío de Horacio Cartes está procesado por tráfico de drogas y que ese tío tenía relación con otro vinculado a Ultranza que es Sebastián Marset, que se le vendió a Unicanal cigarrillo, que es falso, que le vendió a Sara Cartes cigarrillos que es falso también”, sentenció.
Agregó que se dio un tratamiento superficial a las cuestiones o situaciones totalmente lícitas, al que pusieron el título de lavado de dinero o de crimen organizado. “La gravedad está en la intención, la gravedad está en la ligereza que se toman estos temas, la gravedad está en que fuera del ámbito de competencia legal están tratando cuestiones contra un adversario político”, puntualizó.