El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, había esquivado en su momento iniciar una auditoría a la gestión de Miguel Prieto alegando que “no es de su competencia”. Sin embargo, ayer señaló que hará el examen cuando llegue la solicitud aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.
“Si hay un pedido para la Senac, nosotros no tendríamos problemas”, mencionó Fernández. Sobre el punto, indicó que se encuentran analizando inconsistencias en la rendición de cuentas del Fonacide del 2020 en el Este.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de resolución presentado por la diputada Del Pilar Medina, “Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República (CGR) realizar una auditoría integral de todo el período del señor Miguel Prieto Vallejos al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este”.
El pedido del Congreso se dio ante las interminables denuncias de corrupción que sacuden a la administración Prieto en el Este, mientras este se escuda en el gastado alegato de “persecución política” y no aclara las denuncias.
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Imputación de Abdo y leales: persecución buscaba eliminar figura política de Cartes
El 31 de julio del 2023, el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, explicó que la denuncia presentada por su cliente ante el Ministerio Público en dicha fecha está basada en hechos concretos que han infringido normas del Código Penal, a través de denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución de inocentes a través de la asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Durante una entrevista en GEN/Nación Media, Ovelar señaló que la serie de hechos de la que fue víctima su representado, el expresidente de la República y actual titular de la ANR, tenían por finalidad la eliminación de su figura en el escenario político.
“Esta persecución política ha causado daño a su persona, a sus empresas, con la finalidad de afectar al Partido Colorado y generar tensión en gobiernos extranjeros por una supuesta inconducta de Cartes”, remarcó y recordó que así lograron generar una causa procesal en Brasil, que luego fue desestimada totalmente, hasta la última instancia.
A esto se sumaron sanciones por parte de Estados Unidos. Esto, a partir de informaciones falsas, tergiversadas e interesadas de parte de órganos del Estado paraguayo, remarcando que no solo fue del ámbito del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral.
“Todos estos hechos deben ser investigados, tanto las filtraciones, las manipulaciones de estos organismo por la prensa, que tenían por finalidad la persecución política contra Horacio Cartes. Lo que más destacamos comienza en el 2018 con la creación de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer, que menciona, en más de 200 ocasiones el nombre de Horacio Cartes; entonces, lo que investiga esta comisión es a Horacio Cartes y no a Darío Messer”, indicó.
Sin sustento probatorio
Señaló que las conclusiones de esta comisión son vacías, sin sustento probatorio y jurídico, derivan para presentar la denuncia y posterior orden de prisión contra Cartes en el Brasil en el 2019. Durante el proceso, se logró demostrar que no hubo ninguna relación empresarial, ni comercial entre Cartes y Messer, más allá de una relación de amistad - familiar. “Esto fue desestimado hasta inclusive por la Corte Suprema de Justicia del Brasil”, remarcó.
El abogado continúo el relato señalando que la persecución no acabó ahí, ya que en enero del 2022, Arnaldo Giuzzio realizó una conferencia de prensa diciendo que denunciaría a Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles, hecho meramente mediático.
“Cuando es citado ante la Comisión Permanente del Congreso para brindar informe por el asesinato cometido en el Anfiteatro de San Bernardino, es convocado para defender su administración ante una comisión sin quórum y presenta información absolutamente confidencial, que no podría obtener un ministro del Interior por sí mismo. Esas informaciones eran privativas de la Seprelad y de otras instituciones. Luego hace una denuncia ante la Seprelad, donde estaba Carlos Arregui, un aliado político de Giuzzio”, comentó.
Luego de esto salta al tapete lo del avión iraní. Esto, por medio de otra institución del Estado, comandada por René Fernández, que denuncia el hecho por fuera de sus funciones, ya que en ese entonces era ministro Anticorrupción.
Conspiración confirmada
Ovelar señaló que posteriormente aparece en escena el exministro de Educación, Eduardo Petta, quien en agosto del 2022, durante declaraciones a medios del grupo Vierci, cuestionó por qué a nadie le llamó la atención que cinco exfiscales fueron nombrados en el gabinete de Mario Abdo. Dice: “nosotros armamos una investigación paralela en contra de Horacio Cartes, por fuera del Ministerio Público”.
“Entonces, hay una afirmación concreta de que Carlos Arregui, René Fernández, Emilio Fuster, Arnaldo Giuzzio y el propio Eduardo Petta estaban para perseguir e investigar a Horacio Cartes. Ahora ¿es legal eso, o no es legal eso?; es lo que el Ministerio Público debe determinar; porque el único órgano para investigar hechos ilícitos es el Ministerio Público, según nuestra Constitución Nacional”, enfatizó Ovelar y aclaró que la denuncia no es contra persona innominada, porque han nominado la denuncia respecto a cada hecho relevante que consideraron ocurrieron en esta conspiración.
Indicó que considera que la Fiscalía podría hallar más personas involucradas. “Tenemos información de que existen personas extranjeras trabajando en Mburuvicha Róga y en el Palacio de Gobierno, que no son de nacionalidad paraguaya, queremos saber qué función desempeñaron, de dónde percibían sus salarios y qué atribuciones tenían para dar instrucciones a ministros del Poder Ejecutivo; qué relación tenían con la prensa para filtrar información desde su posición privilegiada”, cuestionó el abogado.
Ovelar remarcó que es tan evidente la confabulación que existía entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo, que considera que el Ministerio Público tendrá una tarea fácil para encontrar la verdad.
Imputación a Abdo y leales
Este lunes 11 de marzo, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez por revelación de secretos de servicio y otros delitos.
Los agentes fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti, tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, decidieron formular imputación en contra de las personas citadas.
Datos clave
- La serie de hechos de la que fue víctima el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, tenían por finalidad la eliminación de su figura en el escenario político.
- También se buscó afectar al Partido Colorado y generar tensión en gobiernos extranjeros por una supuesta inconducta de Cartes.
-Hubo una afirmación concreta de que tres de los imputados, Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio estaban para perseguir e investigar a Horacio Cartes.
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Persecución política: la denuncia de Cartes que derivó en imputación de Abdo y 8 leales
El 31 de julio del 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política. Lo realizó por medio de su representante legal, el abogado Pedro Ovelar, quien refirió que su cliente fue víctima desde el 2018 y hasta la fecha mencionada, acentuándose la persecución durante los comicios internos y generales.
“Horacio Cartes, bajo mi patrocinio, presentó una denuncia en contra de todos los responsables de la persecución política de la cual fue víctima y que buscaba la caída y destrucción del Partido Colorado”, expresó Ovelar a través de un hilo en X (antes Twitter).
El abogado resumió la denuncia citando que desde el 2018, de manera continua, grupos políticos generaron sistemáticamente información y denuncias falsas sobre hechos manipulados y tergiversados que buscaban eliminar a Horacio Cartes de la vida pública, afectando su libertad política y económica.
“Se valieron de varios órganos estatales para crear mentiras y buscar por sobre todo atraer y generar contacto con oficinas extranjeras, específicamente de Brasil y Estados Unidos, a quienes han engañado con sus falsas informaciones, que derivaron en procesos y sanciones en contra del presidente Cartes y las empresas que formaban parte de su grupo”, relató Ovelar.
Para el representante legal del titular de la ANR, resulta innegable que todo fue parte de una gran confabulación a través de la filtración de datos, sin ninguna relevancia, pero que en manos de los perseguidores contribuyeron a generar juicios y sanciones.
“Esto a través de la total violación de normas de confidencialidad y debido proceso, destruyendo la institucionalidad y generando gran repercusión mediática por medio de sus aliados en los medios de prensa, interesados no en informar, sino decididos a lograr la caída del Partido Colorado”, aseveró.
Los artículos transgredidos del Código Penal serían denuncia falsa, simulación de hecho punible, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas, señaló Ovelar.
Ampliación de la denuncia
El 30 de agosto del 2023, el expresidente Cartes, nuevamente bajo patrocinio de Ovelar, amplió la denuncia agregando la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
El 30 de octubre del 2023, volvió a ampliar la denuncia agregando una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
Imputación a Abdo y leales
Este lunes 11 de marzo, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez por revelación de secretos de servicio y otros delitos.
Los agentes fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti, tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, decidieron formular imputación en contra de las personas citadas.
Datos clave
- El 31 de julio del 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018 a la fecha.
- El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial.
- El 11 de marzo del 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Senac recibió 165 denuncias sobre IPS en 5 años, pero cerró solo una
El 99 % de las denuncias sobre el Instituto de Previsión Social que llegaron a la Secretaría Nacional Anticorrupción de diferentes irregularidades como cobro indebido, acoso sexual, estafa, etc., quedaron en el limbo, entre desestimaciones e investigaciones que se perdieron en el camino. Cuando la Contraloría General de la República destapó la profunda podredumbre en la previsional y en 16 meses detectó desfalco por G. 1 billón, Anticorrupción solo se encargó de recibir y enviar carpetas de un lado a otro.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Resultados poco alentadores se pueden ver en el portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). En los últimos 5 años (agosto del 2018 y agosto 2023) recibió un total de 165 denuncias sobre presuntos ilícitos ocurridos en el Instituto de Previsión Social (IPS), de las cuales solo una de ellas logró cerrar y derivar al Ministerio Público.
Las denuncias van desde casos de supuesto cobro indebido de honorarios por parte de los funcionarios, acoso sexual, apropiación de los bienes públicos y estafa, etc. Del rosario de reclamos que la ciudadanía les hizo llegar, la única investigación que fue concluida por parte de la Senac es el caso de una persona que refirió que una funcionaria del IPS le solicitó millonarias sumas de dinero a cambio de modificar sus datos en el sistema informático de la previsional para acelerar su jubilación. Por cierto, la funcionaria denunciada sigue formando parte del plantel del hospital.
En la web de la cuestionada secretaría se muestra que 89 de las denuncias registradas quedaron en la nada, ya que 11 de ellas fueron archivadas, otras 63 fueron remitidas a las Unidades de Transparencias (UTA) del propio IPS para que se evalúen a nivel interno, también al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y otras instituciones donde fueron desestimadas; y las 10 restantes cayeron de entrada al ingresar a la Senac sin conocerse las razones.
Hay que recordar que, en sus tiempos de director jurídico de la institución, el exministro de la Senac, Federico Hetter, refirió que, desde la Senac, por lo general se encargan únicamente de derivar las denuncias de presuntos hechos de corrupción a las UTA de las instituciones señaladas para que se analicen las causas, es decir, una suerte de auto investigación.
De pasamanos, prácticamente actúa la Senac en la mayoría de los casos, excepto cuando se trataba del contrincante político como ocurrió en el gobierno de Mario Abdo, en el que Anticorrupción se prestó para varias persecuciones de adversario. La falta resultados ante la serie de denuncias de supuestos ilícitos en la previsional cobra mayor relevancia al considerar que la institución viene siendo blanco de críticas debido a la pésima gestión del expresidente del IPS, Vicente Bataglia, que fue sacudida por los constantes reclamos de la ciudadanía sobre la falta turnos, medicamentos e insumos médicos además del pésimo estado edilicio de la institución. Sin embargo, todo esto fue pasado por alto en la Senac.
DESFALCO
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) encontró verdaderos pozos en el IPS durante la era Abdo, principalmente de la administración de Vicente Bataglia. En el ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del 2023 (16 meses), la CGR detectó una serie de irregularidades supuestamente cometidas dentro del IPS generando un desfalco de G. 1 billón.
Según refirió a los medios de prensa el subcontralor, Augusto Paiva, entre los indicios más relevantes del informe figura el hallazgo de bienes de la previsional, valuados en conjunto por G. 42.915 millones catalogados como “faltantes”; la falta de gestión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones, que no se registraron documentos respaldatorios del consumo de combustible para generadores por G. 705 millones y que en el caso del parque automotor, concluyeron que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones. Nada de esto olió la Secretaría Anticorrupción.
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Contralor presentó proyecto de fusión de Contraloría con Senac
El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, Santiago Peña, el proyecto que plantea la creación de una política nacional de integridad, transparencia y anticorrupción, que fusionará a la Contraloría y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). La propuesta cuenta con 26 artículos y su principal objetivo es absorber la Senac.
“Nuestra propuesta es que las atribuciones, los funcionarios, los recursos de la Senac que se trasladen a la Contraloría y sea la Contraloría la que lidere la política nacional de integridad, transparencia y anticorrupción. Presentamos hoy una propuesta para que este grupo, pero liderado por el presidente, presente una iniciativa legislativa que crea una política nacional, un comité o un régimen nacional de integridad, transparencia y anticorrupción”, refirió Benítez en entrevista para el programa “Dos en la ciudad”, de canal GEN/Nación Media.
Explicó además que la propuesta es que sea la Contraloría la cabeza de la nueva estructura contralora, pero que a la par sea creada una comisión representada por todos los poderes del Estado y algunas instituciones. “La idea que tenemos nosotros es que seamos el órgano rector, pero también en esa ley queremos crear un comité que esté integrado por todos los poderes del Estado y que dentro de ese comité se presenten las propuestas estratégicas concretas”, indicó.
Asimismo, dijo que espera que esta propuesta pueda avanzar en el Congreso Nacional. “Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo importante es que el sector político acepte esto y apruebe leyes que se puedan implementar políticas de integridad para el Paraguay”, apuntó.
Mientras tanto, insistió en su postura de la independencia que debe tener un órgano de control, y en este caso la Senac depende del Poder Ejecutivo, que también debe ser controlado. “La autonomía y la independencia de los órganos de control son como un principio universal en materia de control”, sentenció.