El ex senador Dionisio Amarilla cuestionó la “victimización” del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, con su prisión. Para Amarilla, esta situación forma parte de una hoja de ruta del político liberal para “hacer ruido” en el escenario político con el objetivo de quitar provecho.
Amarilla refirió en este sentido que Alegre como cualquier mortal debe cumplir las disposiciones de la Justicia. Sin embargo, este ahora se encuentra en esta situación por el incumplimiento de las disposiciones legales en su contra.
“Como cualquier ciudadano común, como cualquier mortal sometido a una investigación, Efraín Alegre tiene la obligación de cumplir con las medidas alternativas que se le dieron para que no vaya a prisión, medidas que él apeló, que se congeló en una instancia superior a lo que dispuso el juez de Garantías”, refirió el ex legislador.
Amarilla indicó además que Alegre apeló las peticiones que había formulado la Fiscalía y que después fueron ratificadas por un juez. Un tribunal confirmó posteriormente que él tenga medidas alternativas y que tenía que cumplir ciertos requisitos. “Él se rebeló ante esas medidas judiciales porque probablemente eso formaba parte de una hoja de ruta que tiene diseñada de manera clara, de manera tal de seguir estando en el ruido político”, criticó.
Asimismo, mencionó que pese a tener algunos cuestionamientos hacia las decisiones de la Justicia, Alegre se rebeló ante la decisión judicial, lo que terminó en que su prisión sea decretada.
“Las reglas la administran ellos (los jueces), podemos cuestionar la manera en que las administran, pero como cualquier ciudadano tenemos que someternos, ahí empieza el problema con Efraín Alegre, él no las quiere cumplir, se rebela y hoy se victimiza de lo derivado de esa inconducta de él, de ese espíritu anárquico que tiene, porque él quiere anarquizar”, puntualizó.
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Lamentan que busquen rédito político de protestas
“Es lamentable que los actores políticos quieran sacar nuevamente ventaja; al no tener plataforma electoral, se quieren valer de los legítimos reclamos de los estudiantes”, sentenció la parlamentaria, indicando que muchos opositores solo buscan difundir mentiras y encontrar algún beneficio para sus intereses de luchas ajenas.
La parlamentaria aclaró además que desde la Cámara Baja se tomará a consideración las sugerencias elaboradas por el Consejo Superior Universitario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Plan de Caja mensual aprobado por las instituciones a ser beneficiadas con la ley y que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la migración mensual de saldos no ejecutados de meses vencidos de dichas entidades.
Puntualizó que si hay aspectos a ser introducidos o agregados, para brindar mayores garantías sobre la ley universitaria, no se descartan las conversaciones y los acuerdos pertinentes para generar respuestas a las principales exigencias. Al respecto, remarcó que el diálogo no debe agotarse bajo ninguna circunstancia, asegurando que la Cámara de Diputados mantendrá siempre una línea abierta con las exigencias planteadas.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.
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Cuestionado político acusa a periodistas argentinos
Mario Ferreiro, de mala memoria como administrador municipal, acusó hoy al prestigioso periodista argentino Marcelo Longobardi y a la conocida presentadora Juana Viale de recibir dinero para entrevistar al presidente del Paraguay, Santiago Peña.
La temeraria acusación del locutor se suma a la estrategia de medios de oposición que se encuentran en un plan de persecución contra el titular del Poder Ejecutivo por todos los medios al alcance, focalizando su crítica principalmente a las ocasiones en que recibe el buen trato de medios de comunicación extranjeros.
La expresión PUBLINOTA se refiere en la jerga periodística a la compra de una nota periodística de favor, de lo que acusa el locutor a los entrevistadores de Peña.
Ferreiro, quien ha deambulado por varios medios desde su despido de la administración municipal, también aspiró una vez a la Presidencia de la República siendo derrotado por Horacio Cartes en el año 2013.
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La guardia vieja liberal y el cuoteo político en instituciones del Estado
La reserva moral del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tampoco escapa del clientelismo familiar de los cargos públicos y en su momento arrasaron con la repartija de salarios entre parientes. Es así que recordamos a hombres fuertes del partido en los viejos tiempos como Domingo Laíno, Luis Alberto Wagner, el expresidente Federico Franco con esposa, hermanos, cuñadas y sobrinos ubicados en el Estado.
- Por Santiago Rodríguez
- santiago.rodriguez@nacionmedia.com
La reserva moral de la oposición que constituyen algunos de los antiguos dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tampoco escapa del clientelismo familiar a costa de las instituciones del Estado. Los registros de la Función Pública contienen varios casos que salpican a referentes.
Líderes pasan, familiares quedan, puede aplicarse al caso guardia vieja liberal como los exsenadores Domingo Laíno y Luis Alberto Wagner, el expresidente Federico Franco, hoy día presentador de televisión.
En el caso del clan de Federico Franco en sus mejores momentos en el poder llegó contar con 18 familiares acomodados en la función pública, de los cuales hasta la fecha permanece un hijo de su hermano Julio César “Yoyito” Franco de nombre Julio César Ramón Franco Vergara, que registra cobros como funcionario de la Municipalidad de Fernando de la Mora comisionado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) con cargo de coordinador de planificación.
El hermano del expresidente liberal Humberto Franco Gómez aparece en la nómina de funcionarios de la Cámara de Senadores con cargo de secretario y su esposa Gladys Bazán de Franco, que hoy tiene cargo de directora en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), institución en la que ingresó en abril del 2013, es decir, durante el periodo en que su cuñado Federico Franco ejercía la Presidencia de la República.
Nilsa Sánchez de Franco, esposa de Cástulo Franco Gómez, hermano del expresidente Franco, figura en la función pública como secretaria general en la Municipalidad de Fernando Mora, donde ingresó en noviembre de 2011.
LOS WAGNER
Liz Paola Vigo de Wagner, esposa del exsenador y actual miembro del Directorio del PLRA Luis Alberto Wagner, figura con cobros en concepto de “servicios personales en el despacho del senador Líder Amarilla”. La mujer pasa desapercibida a los ojos de la crítica prensa aliada a la oposición.
La hija del exsenador Wagner de nombre María Teresa Wagner es funcionaria de la Contraloría General de la República. Hasta enero de este año figuraba como directora de Rendición de Cuentas, tras publicaciones de Nación Media sobre su acomodo se apartó del cargo, aunque sigue siendo parte del plantel de la institución.
También la cuñada del exsenador y miembro del Directorio liberal Teresa Dejesús Benítez de Wagner, que es esposa de su hermano Matías Carlos Wagner, es parte del clan familiar en la función pública, aparece como jefa de sección en la Corte Suprema de Justicia, según la nómina publicada en el portal de la Secretaría de la Función Pública.
LAÍNO
Laíno que en sus mejores tiempos en política también fue consejero de Itaipú tiene a su hija María Fernanda Laíno Guanes en la función pública. Fue funcionaria del Ministerio Público desde junio del 2003 hasta junio del 2019 y de ahí pasó al Ministerio de la Defensa Pública donde actualmente ocupa el cargo de defensora en el fuero penal.
Otra hija de Laíno con cargo en el Estado es María Irene Laíno Guanes, que en el 2019 se acomodó en la Contraloría y hoy figura como jefa de equipo de la institución.
CLANES DE LA GUARDIA VIEJA ARRASARON LA FUNCIÓN PÚBLICA
Cerca de una veintena de parientes de Federico Franco en la función pública fueron noticia. La Municipalidad de Fernando de la Mora era principalmente la agencia de empleo más eficaz, es así que la nuera y el cuñado del hermano, la consuegra de una cuñada y sobrina de la misma cuñada hacían gala de la repartija. En la Contraloría General de la República saltó el caso de un sobrino, esposa de otro sobrino y cuñada acomodados, un hermano en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, otro en Itaipú Binacional, y el hermano de una cuñada en la Entidad Binacional Yacyretá fueron casos escandalosos de salarios que se llevaron desde instituciones estatales.
En cuanto a la familia del exsenador Luis Alberto Wagner, se puede mencionar a un hijo que fue nombrado como presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo, un hermano que estuvo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otro hermano que ingresó a la Cámara de Diputados en el 2020.