Organizaciones nacionales e incluso partidos políticos se pronunciaron en contra de la multa que será aplicada a par­tir de enero del 2019 a aquellos jóvenes que no cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y que no cuenten con el certificado de objetor de con­ciencia. Inclusive a través de un proyecto de ley presentado ayer ante la Cámara de Senado­res solicitaron la derogación de la mencionada sanción.

Según lo anunciado por el ministro de Defensa, Bernar­dino Soto Estigarribia, el monto establecido para aquellos que incumplen la ley será de G. 1.300.000, una vez reglamen­tado el proyecto. A raíz de lo mencionado, el senador Pedro Santa Cruz (PDP) presentó el pasado lunes el proyecto para solicitar su derogación.

Santa Cruz aclaró que el pro­yecto no busca derogar la ley militar, solamente los pun­tos en los que se estipula la implementación de la men­cionada sanción, específica­mente desde el artículo 43 al 54. Dijo además que la dero­gación de las multas no afec­tará la objeción de conciencia, la cual está prevista dentro del texto constitucional. “Esta ley habla de la creación del consejo, del cual forma parte el minis­tro de Defensa y un objetor de conciencia. Pero todavía no se puso a funcionar. A partir de esta ley también nos compro­metemos a trabajar por el SMO. Necesita una actualización, es una Ley del 1975”, mencionó.

Miembros del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) también sen­taron postura y rechazan el mencionado proyecto. En con­versación con un medio escrito, Vidal Acevedo, representante de esta institución, dijo que se debería buscar otros méto­dos para fomentar las distin­tas capacidades de los jóvenes.

Cuestionó además que con la aplicación de la multa los úni­cos afectados serán los hijos de campesinos y de las perso­nas con menos recursos eco­nómicos. Resaltó también que el SMO no es educativo, más bien fomenta el autoritarismo, el machismo y los valores no democráticos.