A tres días del desarrollo de las elecciones generales, la jueza electoral de Capital, Fabiana Marín, habló sobre las disposiciones vigentes como principales reglamentaciones a ser tenidas en cuenta antes y durante los comicios presidenciales. Refirió la obligatoriedad del sufragio es uno de los aspectos centrales, en reiteración de la multa para aquellos electores que no cumplan con su obligación civil.

“Es importante recalcar que quienes no puedan votar deben mostrar algún documento que certifique su imposibilidad para acudir a algún local de votación. Este consolidado lo tendremos una vez que hagamos el cruzamiento de los datos de los respectivos padrones”, detalló para el programa “El Péndulo”, por Unicanal.

La jueza electoral habló sobre los delitos considerados como muy graves, destacando que la compra y venta de cédulas se encuentra entre ellos, con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido es el sistema electoral, el delito mencionado es considerado incluso gravísimo porque se pretende burlar la voluntad popular y así también se daña de manera directa al sistema democrático.

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La jueza electoral recordó que a partir de este viernes no se contemplará la publicación de las propagandas electorales, de acuerdo a la ley establecida para su efecto. No obstante, recordó que la reglamentación establecida en el Código Electoral no contempla a las redes sociales, plataforma a través de la cual se lleva a cabo la mayoría de las propagandas y donde podría continuar la campaña electoral, pese a las prohibiciones.

“Nuestro Código es del año 1996, cuando no había redes sociales, por lo cual necesariamente debemos actualizarlo. El derecho y la disciplina electoral son aspectos muy dinámicos y ahora como lo veremos con las máquinas y el sistema de la transmisión de resultados electorales preliminares, los actos electorales van de la mano con las tecnologías, por lo que necesitamos adaptar y modificar nuestras leyes”, remarcó Marín.

Con respecto a las propagandas realizadas fuera del plazo correspondiente, la autoridad electoral reiteró que desde el Ministerio Público cuentan con el ejercicio de la acción penal. Sobre la publicación de encuestas, la jueza afirmó que debería apuntarse también a la elaboración una ley que pueda reglamentarlas y así apuntar a una mayor fiabilidad.

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