El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.

“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.

Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.

Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.

“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.

Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.

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Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.

Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.

“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.

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Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.

Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.

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Durante el lanzamiento del programa de reinserción, “Libre tras las rejas”, el cual es llevado adelante en conjunto con la asociación Vuelve a Soñar, que nuclea a las iglesias cristianas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reafirmó su compromiso con el cambio del modelo sistema penitenciario apuntando a la reinserción y el control de los reclusos de alto perfil.

“Desde el operativo Veneratio, que se realizó el 18 de diciembre de 2023, nunca más retrocedimos en lo que concebimos como nuevo modelo de gestión penitenciaria”, expresó Nicora, quien hizo énfasis en la necesidad de otorgar oportunidades a las personas privadas de libertad de modo a lograr su reinserción a la sociedad y así evitar que cometan nuevos actos delictivos.

Asimismo, aclaró que si bien el objetivo principal es la reinserción, también está contemplado ser “firmes y duros” con aquellas personas que no quieren “reencausar” sus vidas. Para estos casos, están destinados los penales de máxima seguridad que fueron habilitados durante este periodo, donde guardan reclusión miembros del crimen organizado y otros reclusos con alto perfil de peligrosidad.

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“Ese fue un mensaje muy fuerte al interior de la población penitenciaria. Hoy día aquellas personas que están en el crimen organizado saben que nosotros no vamos a claudicar y seremos firmes a la hora de disponer la reclusión en estos lugares si es que siguen buscando hacer lo que hicieron durante décadas, afectando a la seguridad ciudadana”, manifestó.

El titular de cartera señaló que lo que buscan es un nuevo modelo organizado, transparente, que asegure el bienestar de las personas privadas de libertad. “El viejo modelo está perimido, está comprobado que no trajo resultado positivo alguno en las últimas cuatro décadas”, refirió y añadió que se están reforzando los programas de reinserción, mediante los cuales se brinda trabajo y capacitación y de la que forman parte al menos 10 empresas del sector privado.

Cabe señalar que el programa “Libre tras las rejas” tiene como misión ofrecer una transformación a personas privadas de libertad, a través de iniciativas que incluyen atención médica, actividades recreativas, apoyo espiritual y donaciones. No solo se enfoque en la entrega de alimentos, sino también transmitir un mensaje de esperanza y transformación”, según explicaron durante el lanzamiento.

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En su segundo día de huelga de hambre, el expresidente boliviano Evo Morales lamentó que el gobierno haya desestimado su propuesta de diálogo para poner fin a casi un mes de protestas, que desembocaron el viernes en la toma de 200 militares como rehenes cuyo estado se desconoce.

“(Pedí) diálogo inmediato y que se instalen dos mesas de diálogo (...). Y la respuesta del gobierno más bien ha sido detener” a más de 50 manifestantes, dijo Morales este domingo en una breve entrevista con la AFP. Sus partidarios empezaron el 14 de octubre a bloquear las principales carreteras del país exigiendo el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario, que es investigado por el presunto abuso de una menor.

El viernes, la policía consiguió desactivar un bloqueo en Parotani, un sector clave en la vía que une Cochabamba con La Paz, en una jornada que se saldó con 19 policías heridos y 66 civiles detenidos. Al menos 55 arrestados fueron llevados a La Paz para ser investigados por terrorismo, alzamiento armado, tráfico de armas, entre otros presuntos delitos.

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Pero la tensión escaló cuando 200 militares fueron “tomados como rehenes” en tres cuarteles por partidarios de Morales en Cochabamba, su bastión político, según un comunicado de la cancillería boliviana. La noche de este domingo, el Ministerio de Defensa condenó “enérgicamente la toma armada y violenta de unidades militares”, sin especificar el estado de los efectivos.

Los partidarios de Morales ahora también reclaman soluciones a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Morales. “Esta gente reacciona. (Habrá) más reacción. Es una total persecución”, advirtió Morales en la entrevista.

El exmandatario, de 65 años, dijo que inició el viernes su huelga de hambre para pedir al gobierno “que paren la represión” y que sus partidarios den una tregua en los bloqueos de caminos. Cuando anunció su ayuno, el líder aimara planteó una mesa de diálogo para discutir “el tema económico” y otra para “el tema político”, con la participación de organismos de “países amigos”.

En la primera, espera que se debatan propuestas para solucionar la crisis derivada de la falta de dólares. En la segunda, propone tratar la situación de “dirigentes injustamente detenidos, encarcelados” en el marco de las manifestaciones.

María Nela Prada, ministra de la Presidencia, respondió públicamente el sábado a una convocatoria para un diálogo hecha por la estatal Defensoría del Pueblo. Afirmó que el gobierno acepta conversar, pero “para abordar temas que atañen al órgano Ejecutivo y no a otros órganos del estado”.

Prada agregó que, en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025. El líder cocalero está enfrentado con su exministro Arce por la candidatura presidencial de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025.

Asegura que la investigación que el Ministerio Público le sigue por “estupro, trata y tráfico de personas” es “otra mentira más” y que el gobierno busca “proscribirlo” como candidato a través de la apertura de expedientes penales.

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Hace una semana incluso acusó a la administración de Arce de planificar un supuesto atentado contra su vida cuando se dirigía a su programa semanal de radio. El mismo día en que anunció su huelga de hambre, Arce aseguró que continuaría trabajando “hasta liberar (Cochabamba) del secuestro al que está sometido”.

En 21 días, los bloqueos ya han generado pérdidas por 2.109 millones de dólares en distintos sectores, según cifras el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ponciano Santos, uno de los principales organizadores de la protesta, advirtió el sábado que no se daría ninguna tregua. “Nos han declarado la guerra, por aire y por tierra”, señaló.

Fuente: AFP