Pese al reclamo presentado por los representantes de la sociedad civil y padres de familia al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) y a la Vicepresidencia de la República, el Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia continúa desarrollándose pese al compromiso de darles participación en el estudio del mencionado plan.

Este miércoles 8 de setiembre, en la sede de la Vicepresidencia de la República, comenzarán los talleres para la comisión redactora del plan, todos ellos nombrados por el CNNA y en el cual no fueron tenidos en cuenta los representantes de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, que reúne a 37 organizaciones de la sociedad civil y padres de familia, quienes estaban acompañando el proceso, según denunció la abogada Valeria Insfrán, representante de dicho grupo.

La abogada explicó que vienen denunciando desde hace tiempo al plan que en principio se elaboró a espaldas de la ciudadanía y aunque esa parte se ha mejorado, en este último tramo nuevamente se sienten excluidos, explicó a La Nación (LN), detalles del mismo.

Está en juego la patria potestad como la conocemos hasta hoy. El año pasado cuando denunciamos que el plan se había elaborado a espaldas de la ciudadanía, acertadamente señalamos que desde el CNNA se pretendía socavar la patria potestad que los padres tenemos sobre nuestros hijos.

Estas y otras denuncias realizadas por integrantes de la sociedad civil y padres de familias fueron desmentidas por las autoridades del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna); sin embargo, se van confirmando cada vez más las advertencias que hemos venido realizado en contra del plan.

La verdad es que venimos trabajando con esta comisión desde enero de este año representando a la ciudadanía y no hemos faltado a ninguna de las reuniones, pero en este último tramo, para la selección de quienes participarán en estos talleres para la redacción del plan, no hemos sido tomados en cuenta. Ninguna de las asociaciones que forman parte de nuestra organización fueron incluidas dentro de esta comisión redactora.

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A pesar de la disposición de la ministra de volver a foja cero del plan, hoy vuelven a incluir conceptos, que en caso de desarrollarse sentarán las bases para ir debilitando la autoridad de los padres y la misma patria potestad sobre nuestros hijos. Hay ciertos conceptos que a pesar de las objeciones jurídicas verbales y escritas que los padres realizamos durante el proceso de revisión del plan persisten en el borrador del mismo y que nos fue compartido in extenso la semana pasada.

Uno de estos conceptos es la denominada autonomía progresiva, definida por la Unicef como un concepto que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetos de derechos, lo cual implica que todos sus derechos humanos deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sin estar condicionados a su edad.

La autonomía progresiva puede ser concebida como un principio que habilita las decisiones que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar por sí solos. ¿Qué pasaría si las Naciones Unidas reconocen como derecho humano el cambio de sexo para los niños? Los niños podrían denunciar a los padres que se oponen a que su hijo se someta a este tipo de tratamiento, solo por dar un ejemplo.

Otro concepto que colisiona abiertamente con nuestro ordenamiento jurídico sería el ejercicio gradual y armónico de derechos por parte de los niños. Este concepto pone en primer plano el ejercicio personal de sus derechos, por parte de los niños, pero conforme a su desarrollo evolutivo. Atiendan el término personal que utilizan, ya que este implica la ausencia de los padres al momento que los niños ejerzan sus derechos.

Ambos conceptos o principios atentan contra la patria potestad, ya que en virtud de ellos no será necesaria la representación de los padres para que el niño o adolescente pueda ejercer ciertos derechos, en abierta colisión con nuestras normas legales vigentes.

Vemos con preocupación que a nivel de países de Iberoamérica ya es un hecho la implementación de estos conceptos y el caos social que crean al subvertir los ordenamientos jurídicos y el orden natural de las familias. Recordemos que hoy abiertamente se habla del ataque a la familia, estos conceptos están creados para minar la base misma de la sociedad.

Así comienza y por dar un ejemplo, hace menos de un mes en Chile, la comisión de reglamento de la Convención Constituyente para la nueva Constitución chilena dispuso rechazar la inclusión de un artículo concerniente a derechos fundamentales, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Demás está decir que en Chile ya está prevista la autonomía progresiva en favor de los niños”.

Estos conceptos forman parte de agendas internacionales que nada tienen que ver con los intereses de nuestra Nación y que lejos de construir, destruyen la convivencia armónica en nuestra sociedad, atacando la autoridad de los padres e introduciendo más conflictos de los que ya hay, muchas veces, entre padres e hijos.

Tras este concepto está el siguiente objetivo, el empoderamiento de los menores a los efectos de manipularlos como agentes de cambio social, uno de los grandes objetivos de la educación y sistemas de “protección de la niñez” posmodernos y que se imponen en los Estados a fuerza financiamiento y coerción extranjera.

Si la sociedad y el Estado no refuerzan la autoridad de los padres, será cada vez más difícil que los menores los respeten, si de niños no aprenden a respetar la autoridad de los suyos, de adultos no podremos esperar de ellos que respeten autoridad o institución alguna de la República.

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