• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

La previsión financiera se constituye en una de las mejores decisiones que per­miten la salvaguarda del patrimonio no solo de las familias, sino también de las empresas, siendo el fideicomiso uno de los instrumentos financieros que permiten faci­litar de buena forma el manejo y la conserva­ción del patrimonio, a través de la transmisión de activos a un tercero bajo la conformación de un patrimonio autónomo inembargable.

Dentro de su contexto resaltan elementos primarios a saber:

Fideicomitente: es la persona que transfiere dinero, inmuebles, negocios u otros bienes de valor, definiéndose por acto jurídico los plazos, obligaciones y derechos de los bene­ficiarios.

Fideicomisario: persona que recibe los recur­sos para los fines establecidos dentro del con­trato, en función a los términos y condiciones establecidas.

Entidad fiduciaria: entidad que capta, custo­dia, administra o invierte los activos y hará entrega de los bienes que engloba el fideico­miso al fideicomisario, conforme lo estipulan los términos de la escritura pública.

El fiduciario deberá ser una entidad finan­ciera que opera dentro de nuestro mercado u otra empresa fiduciaria, debidamente apro­bada por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Dentro del campo empresarial, los fideico­misos más utilizados son los de planeación patrimonial, orientados a la obtención de un crédito, dejando, por ejemplo, como garan­tía un bien inmueble u otros tipos de activos (acciones, bonos, etcétera), que pasan auto­máticamente a formar parte de un patrimo­nio autónomo.

Permite una protección legal y fidelidad en el cumplimiento, que se lleva a cabo a través de la formalización de un contrato con validez fiscal y legal, conteniendo dentro de su con­texto condiciones explícitas, y bien clarifi­cadas, previamente acordadas por las partes intervinientes.

Es una figura jurídica que permite transpa­rencia en el manejo del patrimonio, cuyos tér­minos y condiciones se rige por la ley de nego­cios fiduciarios englobando todos los derechos y obligaciones de las partes intervinientes.

Las operaciones deberán estar respaldadas por instituciones financieras especializadas que ofrezcan confiabilidad y experiencia en la administración de los bienes fideicomitidos.

El contrato deberá establecer claramente los bienes cedidos, la duración del plazo y otros aspectos que otorguen el respaldo y tranqui­lidad necesarios a los beneficiarios o acree­dores.

El fideicomiso permite poder resguardar convenientemente los activos. Todos los que pasan a formar parte del patrimonio autó­nomo, la responsabilidad de su administra­ción queda a cargo de la entidad debidamente aprobada por el BCP y que debe ser una insti­tución financiera.

Permite definir un plan de tal forma a que los activos sigan generando renta durante el periodo de vigencia del mismo. La entidad que actúa de fiduciario tiene derecho a percibir una retribución por los servicios prestados.

Una de las características y ventajas de la fidu­cia se refiere a que los bienes incluidos den­tro del patrimonio autónomo no podrán ser alcanzados por acreedores de ninguna de las partes, pues se vuelven inembargables, debido a que quedan afuera de cualquier acción judi­cial.

Son varios los tipos de fideicomisos que podrán ser constituidos, según las caracterís­ticas y finalidad de cada uno, debiendo tener un objetivo claro y específico.

Hace algunos días saltaron al tapete algu­nos fideicomisos de administración instru­mentados por el Instituto de Previsión Social (IPS), para propósitos específicos, pero que finalmente según las denuncias y auditorías realizadas, los bienes fideicomitidos fueron destinados a fines distintos. Se dividen en dos grandes grupos fideicomisos financieros y no financieros.

Se mencionan también a los fideicomisos inmobiliarios, agropecuarios, para educa­ción entre otros, cada uno de ellos con fines y propósitos específicos. Al no ser el fideico­miso una figura societaria, sino un contrato, deberá constituirse por escritura pública.

Los que deseen interiorizarse en mayor pro­fundidad y detalle podrán referirse a la Ley de Negocios Fiduciarios 921/96, que rige las normativas jurídicas de su funcionamiento y cumplimiento a nivel global y que están vigentes.

El Ministerio Público se constituyó ayer jueves en el Instituto de Previsión Social (IPS) ante la denuncia presentada por la actual administración por irregularidades detectadas en contratos de fideicomiso realizados durante la gestión de Vicente Bataglia en la institución. La investigación de la Fiscalía apunta a identificar a todos los responsables vinculados a los contratos cuyos recursos para obras de salud habrían tenido otro destino.

“Lo que está haciendo el Ministerio Público es buscar el perjuicio patrimonial generado al IPS. Estamos hablando aproximadamente de siete contratos con diferentes instituciones bancarias”, manifestó el fiscal Néstor Coronel. “Esto fue a raíz de la denuncia presentada a la Fiscalía por recursos mal utilizados entre el 2020 y el 2023, que ascenderían a USD 200 millones”, añadió.

De acuerdo a lo explicado por el agente, en el periodo mencionado hubo fideicomisos que se establecieron específicamente para ciertas obras de salud como la construcción y renovación de hospitales, no obstante, los auditores señalaron en el informe presentado al Ministerio Público, que el dinero fue gastado en otros conceptos.

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A la par de la investigación iniciada por la Fiscalía, el IPS encabeza una auditoría interna de modo a determinar específicamente las irregularidades y los destinos reales que tuvieron esos USD 200 millones. No se descarta que la pesquisa del Ministerio Público abarque a administraciones anteriores a la de Bataglia.

“Se debe averiguar las personas que participaron de los contratos, cómo se originaron, cómo se dieron las cláusulas, pero creo que corresponden a la época del señor Bataglia. Esa auditoría interna que se va a llevar adelante es lo que va a identificar quiénes fueron las personas que en aquel entonces generaron los contratos y posteriormente, quienes eran los autorizados a destinar los montos en fideicomiso a las obras que supuestamente se estaban llevando adelante”, detalló a la 1020 AM.

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Por tercer año consecu­tivo la subutilización de la capacidad instalada de las industrias aceiteras superó el millón de toneladas/año al cierre de 2023, según infor­maron desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). El sector cerró el año con una capacidad ociosa de más de 1,3 millones de toneladas de soja.

Es lo que señalaron desde el gremio, agregando que este panorama se registró en un contexto de competitividad bastante complejo para las empresas asociadas. “Si bien el año se cerró con una utili­zación de la capacidad insta­lada del 69 %, un incremento con relación a los años ante­riores todavía estuvo muy lejos de los mejores regis­tros que se hayan obtenido en el país”, mencionaron, pues en 2018 se había traba­jado al 87 %.

Enfatizaron que la indus­tria agregó valor a 3.025.496 toneladas de oleaginosas, un incremento del 13 % con rela­ción al promedio de los últi­mos tres años. “Este volumen se ubica por debajo de lo que se conseguía en períodos ante­riores a 2020, donde el pro­cesamiento se ubicaba fácil­mente por encima de los 3,3 millones de toneladas al año desde 2014″, sostuvieron.

La Cappro apuntó que la coyuntura que atraviesa la agroindustria se explica principalmente por las cons­tantes modificaciones en las reglas a las que debe enfren­tar el sector y que lo convir­tieron en la única industria a la que no se le devuelve el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) gene­rado al exportar productos industrializados. “A pesar de que la producción haya cre­cido bastante, la industria­lización se estancó en torno a los 3 millones de tonela­das por año y se prevé que la capacidad ociosa vaya en aumento”, vaticinaron.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó ante el grupo de expertos para el control de lavado de activos un foro organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el plan de transparencia aplicado en la institución. A su vez, recordó el caso del banco Atlas cuya denuncia fue realizada en el 2017 y exhortó a blindar al fútbol.

Domínguez fue invitado a participar en la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos, de la 54.° Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (Gelavex), que organiza el Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT) de la OEA.

“Plata que correspondía al fútbol fue a parar en manos de exdirigentes en propiedades que luego fueron administradas por inmobiliarias que tenían cuentas en bancos y eran finalmente los que daban las ganancias a las personas físicas”, expuso Domínguez en su alocución ante el organismo internacional.

Estas declaraciones realizadas por la máxima autoridad del órgano rector del fútbol sudamericano se dieron luego de que este haya manifestado que durante su administración la Conmebol pudo recuperar más de USD 130 millones provenientes de Estados Unidos y Suiza tras la promoción de acciones judiciales.

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Domínguez manifestó que aguardan tener el mismo resultado del caso que involucra al banco Atlas de los Zuccolillo, cuya denuncia ya data del 2017 y fue reiterada en el 2021. “Todavía estamos pendientes de que lo mismo y lo propio ocurra en el sistema financiero donde es la sede de la Conmebol”, expresó.

Tras señalar que los ingresos de la institución ascendieron y pasaron de USD 99 millones registrado en el 2014, a USD 511 millones previstos a recaudar al concluir el 2023; además, manifestó la importancia de blindar al fútbol a modo de proteger los recursos financieros que genera este deporte.

“Lo que nosotros queremos no es hablar de números ni de plata, queremos blindarle al fútbol y al deporte, queremos que la plata llegue a donde debería haber llegado siempre, que se fortalezca el fútbol en Sudamérica, que la institución sea motivadora y un ejemplo de que las cosas se pueden hacer cuando hay predisposición”, aseveró.

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Alejandro Domínguez había ordenado una auditoría forense a la Conmebol, y como resultado de esto, salió a la luz el desvío de dinero proveniente del fútbol perpetrado por el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

La auditoría también reveló el presunto blindaje del banco Atlas al dinero de Leoz. La entidad bancaria había autorizado fideicomisos sin levantar señales de alerta y esto cuando el extitular del órgano rector del fútbol ya contaba con orden de captura.

Leoz celebró con el banco de los Zuccolillo dos contratos fiduciarios en orden a los USD 6 millones con el objetivo de blindar el dinero sucio del entonces presidente de la Conmebol. Una investigación de “La caja negra” reveló que el objetivo era mantener la integridad de estos pro­ductos financieros, gene­rar intere­ses y que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportu­namente dicte Leoz.