Cualquiera sea el área al que se invierta los recursos financieros del acuerdo de Itaipú será “un viento de cola tremendo para la generación de fuentes de trabajo y capacidad del Estado que invertirá en obras públicas”, dijo Rodrigo Medina, referente del sector empresarial, quien agregó que este resolución binacional, por la que se obtendrá un ingreso adicional en forma anual de USD 1.250 millones al Paraguay por la venta de energía a diversos clientes es “un golazo de media cancha”.

En conversación con La Nación/Nación Media, Medina indicó que estos recursos servirán para que el Estado invierta en el país, estarán permeando en la microeconomía, y no solo quedarán para la macroeconomía.

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Mencionó que en lo personal fue un tema que vino acompañando desde hace tiempo, incluso desde el gobierno anterior, y este año, no esperaban que sea resuelto tan rápido y con resultados tan beneficiosos para el Paraguay.

“Sin ser tan optimista, no creíamos que en tan poco tiempo íbamos a lograr ya tener un gol de media cancha, como muchos dicen. Porque no es poca cosa recibir 1.250 millones de dólares, de manera gradual en los próximos tres años”, indicó.

Resaltó que estas inversiones permearán en lo que es principalmente el microambiente económico, no solo en la macroeconomía que tanto se habla. “Esto beneficiará al obrero que hace los caminos, los empedrados, construye hospitales, esto abrirá muchas posibilidades de que mucha gente tenga trabajo”, resaltó.

Agregó que este es el momento extraordinario en que el Estado y todo el país se tienen que poner la camiseta, trabajar y aprovechar este nivel de recursos para poner en condiciones al país para posicionar a Paraguay desde el punto de vista competitivo para atraer a los inversionistas.

“Este ingreso de divisas que vamos a recibir, lo tenemos que aprovechar de la mejor manera posible. Para mí es generar las vías por las cuales la inversión extranjera tenga la seguridad y capacidad de poder quedar en el país”, remarcó.

Al respecto, señaló que si se logra atraer a dos o tres grandes industrias, esto podría fácilmente generar automáticamente más de 20 mil o 30 mil nuevos empleos; y esto a su vez, va ayudar a incrementar aún más esos recursos adicionales de Itaipú.

Finalmente, Medina destacó el espíritu nacionalista de figuras que se hicieron respetar en el equipo negociador sentándose de igual a igual con el Brasil. “No es poca cosa sentarse a negociar con el Brasil, y nuestro equipo negociador y el equipo político se ha plantado y el resultado ha sido mucho mejor de lo que se esperaba, incluso antes de lo que nos estábamos imaginando”, enfatizó.

*El acuerdo histórico de Itaipú es un “golazo de media cancha” con el ingreso adicional de esos USD 1.250 millones anuales.

*Los recursos adicionales permearán en la microeconomía, y no solo quedarán para la macroeconomía.

*Aprovechar este nivel de recursos para poner en condiciones al país y posicionar a Paraguay desde el punto de vista competitivo para atraer a nuevos inversionistas.

*El equipo negociador y político se ha plantado y el resultado ha sido mucho mejor de lo que se esperaba.

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La ruta PY09 Carlos Antonio López, cono­cida comúnmente como la Transchaco, es la más larga de Paraguay, con una extensión total de 780 kiló­metros. Se trata de un impor­tante motor para la economía en la región Occidental, aten­diendo a que moviliza unos 2.500 millones de dólares al año, según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La importante vía ahora está en la mira para ampliaciones y nuevos tramos.

En conversación con La Nación/Nación Media, el ingeniero Alejandro Bor­dón, coordinador de la Uni­dad Ejecutora de Proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del MOPC, hizo hincapié en la historia de la ruta Transchaco, cuyo proyecto de reconstrucción se viene discutiendo desde 2015 y se licitó en ocho lotes a fin de rehabilitar unos 559 kilómetros de vía en esta región del país.

“(Con la rehabilitación), va desde el kilómetro 50 hasta el 525, aunque también se incluye el acceso a las colo­nias menonitas, de 77 kiló­metros. Conecta comunida­des como Villa Choferes del Chaco (Boquerón), Monte­lindo (Presidente Hayes), Espinillo y La Herencia, Irala Fernández y Mariscal Estiga­rribia, además de Loma Plata, Filadelfia y la Colonia Neu­land (accesos a la comunidad menonita)”, detalló.

En todos los tramos, los ocho lotes, se destacan los compo­nentes sociales y ambienta­les. Fue así como se incluyó la refacción de los sitios his­tóricos como, por ejemplo, el Fortín Falcón o el Boquerón. “Hay además un gran por­centaje de trabajo de refo­restación en la zona, ya sea en franja de dominio u otros sitios. No se puede dejar de mencionar el pasto para fauna a fin de cuidar la bio­diversidad”, añadió.

No hay dudas de la vital importancia que tiene la ruta Transchaco para el desarrollo económico de la región Occidental, especial­mente cuando es la vía uti­lizada para el transporte de productos lácteos y cárnicos, dos rubros más que impor­tantes para la zona, refirió el ingeniero Bordón.

Además de movilizar unos 2.500 millones de dólares al año, facilitará próximamente la conexión con el Corredor Bioceánico, otro importante motor de desarrollo para el país que está en construc­ción. “Facilita las conexio­nes para la población y las industrias y así el desarro­llo. Al hablar de más de 552 kilómetros con la rehabili­tación, muchos de los tramos están completamente termi­nados y en proceso de periodo de mantenimiento”, sumó.

Por el momento, según se detalló desde el MOPC, está en estudio de factibilidad la posible construcción de nuevos tramos para la ruta Transchaco, que podrían ir desde la cabecera sur del puente Remanso a Cerrito en el kilómetro 50, a través de la herramienta de par­ticipación público-privada (APP).

El Servicio de Emergen­cias Médicas Extrahospi­talarias (SEME), depen­diente del Ministerio de Salud, requiere incorpo­rar al menos 268 ambulan­cias para los próximos cinco años, ya que en la actualidad cuenta solo con 12 unidades móviles para la cobertura en Asunción y el departamento Central.

El director Christian Gon­zález habló de las necesida­des de esta institución abo­cada a atender la demanda de traslado de pacientes en los casos de urgencias hasta los hospitales.

“Cuando recibimos la administración sí había solamente cinco a siete móviles, hoy en día fuimos levantando de a poco y hoy tenemos diez a doce móvi­les operativos para capital y Central”, comentó al pro­grama “Dos en la ciudad”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que en la base cen­tral cuentan con 27 ambu­lancias de las cuales dos deben ser dadas de baja y las demás requieren ser reparadas. “Actualmente no tenemos un taller adju­dicado porque el Ministerio de Economía recién ahora está liberando para hacer el llamado a licitación de taller y estamos sin taller desde diciembre. Hoy en día tene­mos esa cantidad de móvi­les porque estamos repa­rando acá nosotros mismos con nuestros mecánicos”, indicó.

El funcionario ministe­rial aclaró que las ambu­lancias distribuidas a nivel país no dependen del SEME. Recordó que la última entrega grande a instancias del SEME fue hecha durante el mandato de Horacio Car­tes con una flota de 225 móviles a nivel nacional.

“Después de ese tiempo hubo una distribución de ambulancias donde no le hicieron partícipe al SEME”, puntualizó.

La gratuidad de la educación uni­versitaria pública ha recibido el mayor blindaje posible con el decreto emitido el lunes 15 por el Gobierno. Los alumnos de tales casas de estudio tienen la seguridad jurídica que ninguna otra administración les ha ofre­cido para dedicarse a la formación acadé­mica que corresponde sin ninguna carga monetaria.

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto 1524 que reglamenta el Arancel Cero, con el que garantiza la gratuidad de la admisión y la concurrencia a las clases en todas las universidades públicas del país. El documento oficial establece el blindaje de los fondos y es una garantía para la con­tinuidad del referido programa que afecta a los estudiantes universitarios de entidades nacionales.

El mandatario resumió la relevancia del documento emitido, resaltando que con él se va a proteger el bien tan preciado que es la educación. “Hoy el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos seguire­mos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, afirmó.

El referido decreto establece que serán considerados gastos prioritarios los crédi­tos presupuestarios asignados en los térmi­nos de la Ley de Hambre Cero a las univer­sidades públicas de la nación. Lo que quiere decir que la plata que se prevé en el presu­puesto de la nación en la ley referida tendrá preferencia y estará primero que los fondos para otros destinos.

El dinero que se transferirá a las universi­dades no podrá ser inferior al 100 % de las solicitadas por las entidades, y tampoco será objeto de topes ni recortes presupues­tarios. Esta disposición es única, pues habi­tualmente no se entrega todo el dinero soli­citado por las entidades públicas al Tesoro de la nación, pues depende de las disponibi­lidades de la caja estatal.

Con relación a la ley de presupuesto que rige para este año, se faculta al Ministe­rio de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones que correspondan para incluir los recursos que demandará la apli­cación del Arancel Cero.

Hay que resaltar que mediante las dis­posiciones tomadas por el Gobierno para fortalecer la aplicación del Arancel Cero se está dando la seguridad absoluta a los recursos que requiere. Pues con el blindaje anunciado se están protegiendo sobrada­mente los fondos que se necesitan para solventar los servicios de la educación terciaria. Lo que quiere decir, en térmi­nos prácticos, que los estudiantes de las universidades estatales no pagarán nin­gún servicio ni arancel para realizar sus actividades académicas, ya que el dinero previsto en el presupuesto para el efecto no se podrá tocar ni recibir otro destino. La ley habla de que los fondos provendrán de la Fuente 10, recursos del Tesoro, que es la caja grande que tiene el Estado para financiar sus principales actividades. El 85 % de los fondos de esa fuente proviene de los impuestos estatales, otra parte corres­ponde a los royalties de la Itaipú y una por­ción importante viene de transferencias de las empresas públicas, aranceles o comi­siones que cobra el Estado. Lo que significa que habrá suficientes recursos para solven­tar las erogaciones para las universidades públicas.

Con las medidas adoptadas por el Gobierno, los estudiantes que se están movilizando para forzar la consecución de sus reclamos ya no tienen motivo para con­tinuar con el paro. No tiene sentido seguir pidiendo cosas que ya se han obtenido y continuar con la medida de fuerza. Las autoridades nacionales han dispuesto las normas jurídicas y los recursos financieros para el Arancel Cero y todo lo que implica.

Altos exponentes del Gobierno demos­traron su predisposición para conversar con los estudiantes para buscar el enten­dimiento. Falta ahora la actitud de la otra parte, que no debe proseguir con la medida de fuerza que perjudica a los que quieren estudiar. Ha llegado la hora de concertar un acuerdo que permita continuar con la nor­malidad de la vida estudiantil, que no con­siste en peleas ni enfrentamientos estéri­les, sino en proseguir la vida académica con sus obligaciones y responsabilidades.

Los estudiantes de las universidades públi­cas deben considerar que tienen un gran compromiso con la ciudadanía. No ten­drían que dar las espaldas a la gente que los beneficia con sus aportes para que pue­dan estudiar de manera gratuita. Más bien deben apoyarla con actitud positiva mediante su dedicación al estudio.