Si ya de por sí los salarios que se pagan en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá generan irritación –hay que decirlo– en el resto de la ciudadanía, algunos empleados han conformado verdaderos clanes familiares dentro de estas empresas en condominio con Brasil y Argentina, respectivamente, amparados, algunos, en sus rangos de jefaturas coyunturales, y otros, en espurios sindicatos que fueron constituidos apuradamente con el solo propósito de adquirir un fuero igualmente repudiable para permanecer en sus cargos.
De esta manera, aquellos gremios que en el pasado fueron creados para defender los derechos y reclamar reivindicaciones de la clase trabajadora, hoy se han convertido en aguantadero de mediocres personajes que entraron a dichas instituciones sin más méritos que ser aliados de movimientos políticos del director de turno, amigos del poder, familiares e, incluso, amantes que fueron favorecidos con acelerados ascensos en los últimos meses. Estas aberraciones administrativas están empezando a ser desmontadas por las nuevas autoridades que fueron designadas por el presidente de la República, Santiago Peña. La corrupción no puede quedar sometida a una supuesta paz partidaria, como están dejando escuchar algunos referentes de la anterior administración que lideraba –es un decir– el señor Mario Abdo Benítez. En síntesis, van a acompañar las propuestas del Poder Ejecutivo, especialmente en las cámaras del Congreso de la Nación, a cambio de impunidad.
Por otro lado, es increíble cómo algunos medios de comunicación que habían denunciado irregularidades y direccionamientos en los concursos para selección de personal, ahora mismo, están manipulando la información como si se estuviera cometiendo una injusticia, cuando es bien sabido que los vicios de origen no son excusables para conceder derechos. Nuestro diario y algunos medios colegas, en su momento, dieron a conocer las alevosas manipulaciones que se estaban gestando en el Proceso de Selección Externo para incorporar nuevos empleados a la Itaipú Binacional.
Con procedimientos tan burdos –como dijimos en el editorial de ayer–, que ni siquiera cuidaron las apariencias ni las formalidades, directivos, asesores y superintendentes beneficiaron directamente a sus hijos, hermanas, parientes políticos y novias, actuando con absoluta soberbia, pues, cuando quedaron expuestas las maniobras que incluían evaluar a sus propios familiares, ni se inmutaron ni tuvieron voluntad de aplazar el concurso, tal como solicitaron las autoridades electas, pero que todavía no habían asumido el cargo. Creyéndose impunes llegaron hasta el final. Hace días, el director general de Itaipú resolvió desvincular a 187 empleados que ingresaron a la entidad por vía precedentemente descripta. La Justicia tendrá una prueba de fuego entre sus manos. Veremos si responde a la expectativa de trasparencia, rectitud y honestidad que la sociedad en general exige.
Aparte de la vituperable pretensión que tienen bien identificados jefes de perpetuar sus apellidos familiares en Itaipú y Yacyretá, algunos de ellos, que ocupaban cargos de confianza, antes que elegir el camino correcto y digno de renunciar a sus cargos, como corresponde en estos casos, optaron por crear sindicatos para refugiarse bajo los fueros que conceden tal condición (en situaciones reales) y permanecer en sus puestos laborales. Una situación digna de las mejores novelas sicológicas: eran jueces (como jefes) y, al mismo tiempo, partes (como “sindicalistas”). Un recurso repudiable, “digno” de personas de baja estofa, sin carácter y sin conducta.
El asesor jurídico de Yacyretá, doctor Eduardo González, informó que de 1.900 funcionarios con que cuenta la entidad, al menos 700 tenían fuero sindical. Ante tal situación, y a través de la Procuraduría General de la República, recurrieron al Tribunal de Cuentas, Primera Sala, la que “hizo lugar a la medida cautelar solicitada” y, “en consecuencia, ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución 1.235 del Viceministerio del Trabajo por el cual se homologa y registra la Adenda n.º 1, 2 y 3 al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Entidad Binacional Yacyretá y sus sindicatos”. La masiva inmunidad sindical generaba una onerosa carga a la EBY, gremios que en muchos casos estaban integrados, reiteramos, por antiguos jefes y varios de sus familiares. Paralelamente, de acuerdo con trascendidos que surgen dentro de la empresa, se está llevando adelante una auditoría externa sobre casos puntuales en una primera etapa, puesto que los trabajos de investigación de la anterior gestión (2018/2023) se irán extendiendo a otras áreas. De nuestra parte, en numerosas oportunidades hemos denunciado que la práctica de proveer de víveres a presuntas organizaciones sociales (algunas de dudosa membresía) era una fuente de constante corrupción. Estas entregas habían empezado con el pretexto de la pandemia provocada por el covid-19, pero se volvieron un mecanismo permanente que privilegió a cuatro empresas –algunas probablemente de maletín– y, naturalmente, a quienes administraban la entidad en ese momento, que una auditoría seria no tendrá dificultades en demostrar.
Itaipú y Yacyretá se están sacudiendo de sus viejas lacras. Y es saludable que así sea. Aunque corcoveen algunos políticos acostumbrados al clientelismo y, también, ciertos medios de comunicación que fueron beneficiados con millonarios contratos publicitarios. Veremos si quienes proclaman la honestidad en los discursos son consecuentes en los hechos. Y esto apenas está empezando.