El Poder Ejecutivo promulgó la ley más importante de este año, la que establece el Presupuesto General de la Nación para el 2023, que contempla todos los ingresos que se inyectarán en las finanzas públi­cas y la totalidad de las erogaciones que se harán con esos fondos. Como se trata de la norma de mayor trascendencia, los elementos que la contemplan cobran mucha relevancia, porque, por un lado, es la radiografía de nuestras falencias y, por el otro, la proyección de los principales inconvenientes que afectan al país.

Analizando la ley presupuestaria, no hay elementos para esbozar una sonrisa al comenzar el nuevo año, sino más bien para fruncir el ceño con preocupación. Con su promulgación sin ningún recorte de sus principales aspectos negativos, el Ejecutivo está avalando una ley que puede resultar fuertemente perjudicial a la vida del país, porque mantiene los peores defectos de siempre y no hace vis­lumbrar ninguna mejora para salir de la situación económica preocupante en que se encuentra la nación. Pudiendo haber hecho algunas modificaciones sustancia­les por la vía del veto parcial de la ley, el Gobierno ha preferido darle andamiento sin alteraciones, con la ilusión de que podrá hacer los arreglos con los decretos reglamentarios, que a su vez podrían ser invalidados por el Congreso con alguna ley especial.

Una de las principales deficiencias que se ha apuntado al presupuesto de este año es que tiene un enorme hueco, un vacío de recursos financieros, que se tendrá que cubrir con más endeudamiento para poder pagar los gastos previstos. Con ello se repite la mala práctica de los últimos años de aumentar los gastos para pagar­los contratando más deudas, sin impor­tar los incrementos de costos que impli­can ni la posibilidad de que el déficit vaya superando lo establecido por la ley.

En el Congreso agregaron una estima­ción de ingresos y de gastos muy ele­vada, que no corresponde a la capacidad de captación de fondos del fisco, que en términos prácticos significa la necesi­dad de aumentar las deudas para pagar los gastos excedidos. El monto inflado del presupuesto de ingresos equivale a 26 millones de dólares, que los legisla­dores incluyeron para poder pagar los aumentos de salarios, bonificaciones y otros gastos corrientes que no estaban previstos en el proyecto del Ejecutivo. Como esa suma no se podrá costear con recursos genuinos, el Estado tendrá que prestar plata para poder hacerles frente a esas sumas no previstas en el docu­mento original. En el Congreso incluye­ron aumentos salariales, la incorpora­ción de más funcionarios, que implican nuevos sueldos, contra todo tipo de pru­dencia en el manejo del dinero estatal. Lo que puede considerarse una seria irresponsabilidad de parte de los legis­ladores y del Poder Ejecutivo, que final­mente los aceptó, contra lo establecido en las normas.

Con la mayor cantidad de erogaciones y flacos ingresos seguirá en alza el déficit estatal, que, en lugar de disminuir para llegar a los niveles ideales, como estaba previsto, continuará por encima de lo prudente y fijado por las leyes. Otra de las fallas que han señalado a la nueva ley es que se prevén muy pocas inversiones, ya que la casi totalidad de los gastos serán para salarios y erogaciones corrientes, sin muchos fondos para las obras.

Teniendo en cuenta que el Poder Ejecu­tivo asume también los aumentos cues­tionados que incluyó el Legislativo, se puede afirmar que el Gobierno comete la misma imprudencia señalada inicial­mente a los legisladores, la de incremen­tar los gastos sin tener fondos con qué liquidarlos. O sea, se lo puede acusar por asumir la misma irresponsabilidad fis­cal, aunque hable de aminorar el golpe mediante los decretos reglamentarios.

El agujero presupuestario propuesto por el Congreso y asumido por el Poder Eje­cutivo demuestra la incapacidad de bus­car una solución efectiva a los proble­mas del país. Como la reducción de los gastos, que, en vez de disminuir, como se podría esperar, tendrán un importante aumento. Algunos explican este descalce de las finanzas públicas aduciendo que se está en un año de elecciones. Pero esa es una explicación tal vez antojadiza, ya que, aunque hay elecciones solo cada lustro, en todos los años se hacen fuertes incre­mentos de gastos corrientes. Siempre se invoca algún motivo para seguir esquil­mando al Estado.