En un importante paso hacia adelante en la lucha contra el consumo de drogas, el Gobierno de Paraguay ha destinado la suma de G. 27.000 millones para la prevención y tratamiento de este flagelo. Este hito histórico, liderado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), marca un momento crucial en la forma en que los recursos obtenidos del crimen organizado pueden beneficiar directamente a la ciudadanía.

Por primera vez los fondos provenientes del crimen organizado se canalizarán hacia proyectos sociales clave en el marco del proyecto Sumar, liderado por el Poder Ejecutivo. Estos recursos serán destinados a dos iniciativas vitales lideradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con su proyecto Pilar, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través del Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicción (Ditres).

La asignación de estos fondos está en consonancia con la ley que declara emergencia nacional por el consumo de drogas y se rige por el artículo 46 de la Ley 5876/17 y sus modificaciones, que establece que el 50 por ciento de los fondos recaudados por la Senabico deben destinarse a planes de rehabilitación y prevención del consumo de drogas.

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Estos fondos no solo ayudarán a las familias afectadas por las adicciones, sino que también fortalecerán los esfuerzos del MEC en la prevención del consumo de drogas. Además, el otro 50 por ciento de los fondos recaudados se distribuirá entre instituciones que combaten el narcotráfico y el crimen organizado, fortaleciendo su capacidad con recursos modernos y tecnológicos.

La Senabico desempeña un papel crucial en este proceso al monetizar bienes provenientes del crimen organizado y contribuir tanto a las instituciones de seguridad como al beneficio directo de la ciudadanía afectada. Con la continuación de subastas y recaudación de fondos, se prevé la expansión de centros de rehabilitación en todo el país en un futuro cercano.

Esta iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de un Paraguay más justo y seguro, donde los recursos obtenidos del crimen organizado se convierten en herramientas para combatir el consumo de drogas y fortalecer nuestras instituciones. Es un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes organismos puede generar un impacto positivo y tangible en la sociedad.

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