El Paraguay enfrenta una crisis social y política que puede agravarse por el estrés de la economía global. Al que se suma una compleja crisis de gobernabilidad, que se origina principalmente en la fragmentación de la representación política y de los sistemas de partidos, así como en el desmantelamiento de las capacidades del Estado para hacer frente a las crecientes demandas y conflictos sociales.

De hecho, la inflación está en niveles inéditos, pues se muestra en los precios de los alimentos que se han incrementado en el último año, mientras el salario mínimo solamente ha aumentado un porcentaje pequeño, diferencia que impacta profundamente en los hogares de ingresos bajos. Ciertamente, la recuperación es positiva, pero no obstante este crecimiento no será suficiente para superar los graves indicadores de pobreza tras el covid-19. El descontento ciudadano es un castigo a un modelo político que se quedó sin soluciones para los grandes desafíos del país.

La necesidad de implementar el acuerdo de paz es un tema en el que deben coincidir los candidatos, pero no basta con voluntad. Falta liderazgo y capacidad de articular diversas agendas, especialmente las de transformación productiva del país, de integración territorial y de seguridad, además de mantener el apoyo internacional. Se deben buscar cambios que fortalezcan las instituciones. Y, de cara al futuro, el país clama por impulsar un diálogo que logre acuerdos nacionales en los asuntos más urgentes. La descentralización política es la más costosa de las posibles reformas recentralizadoras.

En el plano político, como se ha indicado, se abre la oportunidad para construir la reestructuración del Estado con los que deben llevar a cabo reformas a medio y largo plazo que beneficien a todos. Es preciso tener un plan de modificaciones a largo plazo. Los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, tendrán más confianza si ven que existe un plan de reformas serio, consistente y a largo plazo para afrontar los graves problemas económicos. Esto es viable si se dan las condiciones y reformas en un país necesitado de cambios, disminuir la tensión social y acabar con los obstáculos para transitar las difíciles condiciones globales que vienen.

Los futuros candidatos tienen la responsabilidad de conseguir el cambio y desterrar el miedo a la alternancia política del nuevo gobierno. Resulta indispensable el concurso del sector privado y de los diferentes sectores políticos concentrados ahora en buscar su acomodo en el nuevo escenario. Asimismo, es necesario conseguir el apoyo y compromiso de una ciudadanía que valore la superación de la desigualdad y de la pobreza como el mayor bien común. Finalmente, afrontar la crisis requiere un amplio consenso político capaz de impulsar un acuerdo en una situación tan excepcional como la actual.