El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles con modificaciones el proyecto de ley que plantea la regula­ción de las concertaciones políticas, que son entendi­das como alianzas o acuer­dos temporales entre parti­dos y movimientos con el fin principal de postular candi­datos en elecciones naciona­les, departamentales y muni­cipales. Con estos cambios, la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados.

Durante el tratamiento de este proyecto fue utilizado como texto base el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó corregir algunos puntos que tienen que ver con lagunas en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones.

El senador Derlis Maidana explicó para La Nación/Nación Media que el proyecto busca la modificación de la Ley n.º 3212/2007, ampliando el Código Electoral y regulando las concertaciones políticas, figura creada para permitir a los partidos y movimiento políticos unirse para la postulación de candidatos a elecciones nacionales, departamentales y municipales.

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“Este proyecto tiene como objetivo establecer un marco jurídico claro y transparente que permita a las concertaciones operar dentro de los límites legales, fortaleciendo la democracia y la representación política”, señaló el legislador. “Reconoce la naturaleza jurídica de las concertaciones como organizaciones políticas temporales, formadas por acuerdos entre partidos o movimientos; además, regula la constitución y los requisitos para las concertaciones nacionales, departamentales o municipales, y establece los requisitos para su inscripción y el registro de candidatos”.

En cuanto a las modificaciones incluidas por el Senado, el documento “también corrige una laguna en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones, definiendo que estos serán elaborados a partir de los registros de los partidos políticos que componen la concertación”.

Agregó que esto busca evitar el uso indebido de datos personales y garantizar la transparencia en el proceso. Finalmente, se menciona que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) revisó el proyecto y no tiene objeciones al respecto. Mientras, tanto desde el sector de la oposición, se mostraron en contra de esta iniciativa sobre el uso del padrón nacional para sus internas.

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- El proyecto inicial, presentado por el diputado José Rodríguez, fue modificado por el Senado y vuelve a la Cámara Baja.

- La iniciativa busca regular las concertaciones políticas para las elecciones.

- El proyecto corrige una laguna en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones.

El ministro Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió en visita protocolar al titular del Congreso de la Nación, el senador Basilio Núñez y a su colega Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista. Las autoridades abordaron algunos puntos de la Ley de Financiamiento Político, atendiendo a que están analizando algunas modificaciones y buscaron una opinión de la autoridad electoral.

Al respecto, Núñez comentó que, en la Cámara Alta, están trabajando en algunas propuestas de modificación a la Ley de Financiamiento Político; es por ello que buscan detalles técnicos con la autoridad de la Justicia Electoral.

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Mencionó que existe un proyecto de Ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. “Queremos saber detalles técnicos y escuchar la opinión que nos puede facilitar el TSJE. Tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados por la cual la Concertación no puede utilizar el padrón nacional, estamos recabando información, la próxima semana se trata en el Senado y vinimos a la institución donde uno tiene que recabar datos fiables y lo vamos a hacer por escrito la próxima semana”, puntualizó.

Por otra parte, el ministro César Emilio Rossel, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se reunió con el Contralor General de la República, Camilo Benítez, para abordar temas relacionados a la importancia de actualizar el marco normativo que regula el financiamiento político y las acciones a emprender para fortalecer los controles de la actividad financiera durante las campañas electorales.

En ese sentido, ambas autoridades coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones vinculadas, así como la participación activa de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, en el debate y la propuesta de planes de mejora a la legislación vigente. Desde la institución electoral, destacaron que esta reunión contó con la participación del director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Tras los chats del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes que involucran a integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se plantearon diferentes alternativas en cuanto a la normativa de la institución. En este sentido, el senador Ramón Retamozo manifestó su opinión respecto a la atribución que tiene el organismo extrapoder para realizar investigaciones de oficio.

“No estoy de acuerdo con que se elimine la oficiosidad establecida en el artículo n.° 18 de la ley n.° 6.814/2021 del JEM”, expresó el legislador en conversación con diferentes medios de prensa, quien recordó que él fue integrante de la mencionada institución y muchas de las investigaciones preliminares se iniciaron de oficio a partir de publicaciones periodísticas.

“Yo recogí varias publicaciones de distintos casos en los que llamaba mucho la atención cómo actuaron jueces y fiscales. A partir de ahí se hacía la apertura de investigaciones preliminares, se resolvió en todos los casos enviar a la Dirección de Asuntos Legales para determinar si existen elementos para una investigación, eso tiene un plazo en la ley del Jurado y cumplido ese plazo, se inicia el enjuiciamiento de oficio”, explicó.

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Retamozo manifestó que en muchos casos los integrantes del JEM tienen conocimiento del procedimiento llevado adelante por defensores, jueces y fiscales a partir de lo que se publica en la prensa, por lo que sería contraproducente suprimir a la institución la posibilidad de iniciar causas de oficio. “Además de eso, si una persona denuncia puede excusarse para votar por ejemplo y esas cosas son las que se pueden corregir dentro de ese artículo, pero no hay que eliminar”, ratificó.

El artículo n.° 18 de la ley que regula el funcionamiento del JEM establece que la institución puede iniciar de oficio una investigación preliminar previa o inclusive el enjuiciamiento con el voto de seis de sus integrantes y asimismo, cuando el enjuiciamiento fuere de oficio, el Jurado “designará por sorteo a un asesor de la Institución para que este asuma el rol de acusador”.

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