La red social Twitter guardará un historial en el que queden reflejados cada uno de los cambios que se hayan realizado en los tuits modificados después de haber sido publicados.
La compañía anunció hace unos días que estaba trabajando en una herramienta para editar las publicaciones, una de las peticiones más solicitadas por parte de los usuarios en los últimos años.
Entonces, indicó que su prioridad era la de proteger la integridad de las conversaciones públicas para evitar su uso indebido, que llegaría a lanzarla “en los próximos meses” y que comenzaría a probarla en Twitter Blue.
Hace unos días, el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi localizó un botón de edición de tuits entre las opciones de estos. Este permite modificar el texto y actualizarlo para ofrecer una versión nueva de la publicación en la red social.
Más recientemente, la ingeniera Jane Manchun Wong ha descubierto que esta función de edición de tuits vendrá acompañada por un historial en el que se van registrando cada uno de estos cambios.
“Parece que el enfoque de Twitter para editar un tuit es inmutable, ya que en lugar de modificar el texto del tuit dentro del mismo (es decir, la misma ID), vuelve a crear uno nuevo con el contenido modificado”, ha puntualizado en esta red social.
Con esta opción, la plataforma busca evitar el uso indebido de la opción de edición de tuits y la desinformación. Los usuarios serán conscientes de las modificaciones que se han hecho en estas publicaciones y sabrán si sus creadores solo han corregido alguna errata o si han alterado sus tuits completamente.
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Fuente: Europapress.
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Senado aprobó la regulación de las concertaciones políticas
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles con modificaciones el proyecto de ley que plantea la regulación de las concertaciones políticas, que son entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos con el fin principal de postular candidatos en elecciones nacionales, departamentales y municipales. Con estos cambios, la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados.
Durante el tratamiento de este proyecto fue utilizado como texto base el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó corregir algunos puntos que tienen que ver con lagunas en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones.
El senador Derlis Maidana explicó para La Nación/Nación Media que el proyecto busca la modificación de la Ley n.º 3212/2007, ampliando el Código Electoral y regulando las concertaciones políticas, figura creada para permitir a los partidos y movimiento políticos unirse para la postulación de candidatos a elecciones nacionales, departamentales y municipales.
“Este proyecto tiene como objetivo establecer un marco jurídico claro y transparente que permita a las concertaciones operar dentro de los límites legales, fortaleciendo la democracia y la representación política”, señaló el legislador. “Reconoce la naturaleza jurídica de las concertaciones como organizaciones políticas temporales, formadas por acuerdos entre partidos o movimientos; además, regula la constitución y los requisitos para las concertaciones nacionales, departamentales o municipales, y establece los requisitos para su inscripción y el registro de candidatos”.
En cuanto a las modificaciones incluidas por el Senado, el documento “también corrige una laguna en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones, definiendo que estos serán elaborados a partir de los registros de los partidos políticos que componen la concertación”.
Agregó que esto busca evitar el uso indebido de datos personales y garantizar la transparencia en el proceso. Finalmente, se menciona que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) revisó el proyecto y no tiene objeciones al respecto. Mientras, tanto desde el sector de la oposición, se mostraron en contra de esta iniciativa sobre el uso del padrón nacional para sus internas.
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Datos claves
- El proyecto inicial, presentado por el diputado José Rodríguez, fue modificado por el Senado y vuelve a la Cámara Baja.
- La iniciativa busca regular las concertaciones políticas para las elecciones.
- El proyecto corrige una laguna en la legislación actual respecto al uso de los padrones electorales para las internas de las concertaciones.
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Autoridades legislativas y del TSJE abordan puntos sobre Ley de Financiamiento Político
El ministro Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió en visita protocolar al titular del Congreso de la Nación, el senador Basilio Núñez y a su colega Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista. Las autoridades abordaron algunos puntos de la Ley de Financiamiento Político, atendiendo a que están analizando algunas modificaciones y buscaron una opinión de la autoridad electoral.
Al respecto, Núñez comentó que, en la Cámara Alta, están trabajando en algunas propuestas de modificación a la Ley de Financiamiento Político; es por ello que buscan detalles técnicos con la autoridad de la Justicia Electoral.
Mencionó que existe un proyecto de Ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. “Queremos saber detalles técnicos y escuchar la opinión que nos puede facilitar el TSJE. Tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados por la cual la Concertación no puede utilizar el padrón nacional, estamos recabando información, la próxima semana se trata en el Senado y vinimos a la institución donde uno tiene que recabar datos fiables y lo vamos a hacer por escrito la próxima semana”, puntualizó.
Actualización de normativas
Por otra parte, el ministro César Emilio Rossel, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se reunió con el Contralor General de la República, Camilo Benítez, para abordar temas relacionados a la importancia de actualizar el marco normativo que regula el financiamiento político y las acciones a emprender para fortalecer los controles de la actividad financiera durante las campañas electorales.
En ese sentido, ambas autoridades coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones vinculadas, así como la participación activa de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, en el debate y la propuesta de planes de mejora a la legislación vigente. Desde la institución electoral, destacaron que esta reunión contó con la participación del director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz.
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Ley de Patente Vehicular: esperan que quede promulgada antes del 31 de marzo
El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.
“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.
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Conformes con la media sanción
Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.
“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.
Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.
Prevén sanciones
Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.
“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.
Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.
Reducción de tarifas
El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.
“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.
Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.
“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.
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Afirman que la DNIT tiene la capacidad de administrarse y financiarse
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.
Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.
Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.
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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.
Propuesta
El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.
Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.
El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.
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