Cuba, sumida en la peor crisis económica en tres décadas, empezó a regular el uso de criptomonedas y otorgará licencias para proveedores de servicios que operen estas monedas, según una resolución de su Banco Central (BCC).

La resolución 215 del BCC, que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, regula “el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales, así como el otorgamiento de licencias a proveedores” de estos servicios en “operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos” en el territorio cubano o desde él.

Lea más: Volverá a subastarse cuadro de Banksy parcialmente autodestruido

La nueva normativa subraya que el BCC podrá autorizar el uso de criptomonedas “por razones de interés socioeconómico”. Sin embargo, deja claro que “las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales, para realizar operaciones monetario mercantiles, y de canje y recanje”, cuando así lo autorice el Banco Central de Cuba.

En mayo pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que su gobierno analizaba “la conveniencia” del uso de las criptomonedas en las operaciones económicas del país, cuyo PIB se desplomó un 11% en 2020 debido al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos y el impacto de la pandemia del COVID-19.

Lea más: El actor cubano Enrique Molina muere por COVID

El BCC advierte que las operaciones con estos activos virtuales implican “riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera, debido a la alta volatilidad que los caracteriza y llevarse a cabo en redes de datos en el ciberespacio, por lo general descentralizadas, sin que exista control de emisión, regulación” y “supervisión oficial”.

Según cálculos extraoficiales, en la isla existe una comunidad de 10.000 cubanos que usan bitcoins, una de las criptomonedas más extendidas en el país. Con las restricciones de viaje por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones económicas aplicadas por Washington, cada vez se complica más el envío de remesas familiares, por lo que muchos cubanos apelan a las criptomonedas para garantizar que el dinero llegue a sus parientes en la isla.

Cuba tipificó delitos como los de “subversión social” y difusión de noticias falsas en internet, así como el ciberterrorismo, en su primer reglamento de ciberseguridad publicado este martes y que desencadenó el rechazo de Washington y de tuiteros que piden el “derecho a disentir”.

Este marco legal “amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad” y “el mal uso de las tecnologías en el ciberespacio”, dijo a AFP el viceministro de Comunicaciones (MINCOM), Wilfredo González.

Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de internet, González destacó que la nueva norma da a los cubanos la posibilidad de “proteger sus datos personales”, “su intimidad”, así como la de “no permitir que nadie tergiverse la verdad, que nadie denigre sobre un funcionario de nuestro país y nuestro proceso revolucionario”.

Lea más: Talibanes y resistencia libran “duros” combates en Panshir

El reglamento entró en vigor un mes después de históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, con un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos. Establece 17 delitos de “ciberseguridad”, que van de niveles de “peligrosidad” de “medio” a “muy alto”. Entre ellos, destaca la “subversión social” para “alterar el orden público” y “promover la indisciplina social”, el ciberterrorismo y la ciberguerra.

También figuran, entre otros, la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) ilegal y el robo de información.

Las reacciones empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter. “Tenemos derecho a disentir y a expresarlo”, dijo en un tuit @SailydeAmarillo, una emprendedora cubana. También la periodista independiente Luz Escobar tuiteó “#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba”, una etiqueta que se reproducía rápidamente en la red social.

Mientras tomaba un helado en La Habana Vieja, Víctor García, un fotógrafo de 23 años, consideró que la medida va “contra la libertad de expresión de cada cual”. “Me parece que eso está mal”, anotó. Para Ted Henken, coautor del libro “La revolución digital en Cuba”, “en vez de querer escuchar las quejas del pueblo expresadas en formatos digitales para poder responder a las demandadas ciudadanas más rápidamente y energéticamente, el gobierno cubano se muestra cada vez más sordo y represivo, ahora aprobando una ley que criminaliza todo tipo de queja, burla y crítica expresada en las redes”.

El internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en el gran aliado de organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se divulgaron de manera masiva en las redes en toda la isla.

Lea más: Israel revoluciona con su nuevo vivero de tecnologías alimentarias

Asimismo, el reglamento entra en vigor una semana después de que el Senado de Estados Unidos habilitara a la administración de Joe Biden a brindar acceso a internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón digital del gobierno. “Estados Unidos lo que quiere es brindar una internet paralela a nuestro país (...), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia”, dijo González.

La Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado destacó el martes en un tuit que “las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz, y no castigar a quienes dicen la verdad”.

Durante el estallido de julio, el gobierno cortó por cinco días el internet móvil. Biden anunció entonces que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la conectividad. En correspondencia, el Senado estadounidense aprobó el pasado martes una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.

El gobierno cubano aprobó el decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las Pymes privadas y estatales, una medida que avanza hacia las reformas económicas en el país socialista, en el que predomina la empresa pública.

“El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley ‘Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas’, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país”, dijo una nota en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Lea más: Los niños de Yemen retoman las clases, al aire libre, azotados por la guerra y la pandemia

La aprobación de las “normas jurídicas” que regirán las Pymes “ya es un hecho”, celebró en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. “Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba”, apuntó. Su ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó que, con la legalización de las Pymes y “una mayor autonomía de la empresa estatal”, “la economía cubana entra en un proceso de transformación y desarrollo”.

Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaran las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio al grito de “tenemos hambre” y “libertad” en más de 40 ciudades del país, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En una sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que Díaz-Canel participó a través de videoconferencia, se aprobaron otras medidas orientadas al desarrollo de las cooperativas no agropecuarias y de los trabajadores independientes o por cuenta propia.

“Para la economía cubana, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito histórico esto representa un paso gigante que tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo” para la reconfiguración de la economía, dijo a la AFP Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios.

La asamblea determinó que las Pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las micro empresas podrán tener de uno a 10 empleados, las pequeñas, de 11 a 35 personas, y las medianas hasta 100 trabajadores. En febrero pasado el gobierno amplió a más de 2.000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

El gobierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las Pymes, como “programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías”.

Lea más: AstraZeneca y la UE llegan a un acuerdo sobre vacunas y ponen fin a litigio judicial

El detalle se determinará en la reglamentación que deberá ser publicada próximamente. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, había dicho en junio que la ampliación de actividades a manos de privados “no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar”.

Para Oniel Díaz es un “momento importantísimo por el que muchos empresarios privados llevan años esforzándose, trabajando y tratando de aportar en el debate nacional”. El gobierno había reconocido que las pequeñas empresas funcionan ya en la isla de manera “enmascarada”, pero con un marco legal se podría generar un mayor interés hacia estos negocios.

Lea más: Diane Warren presenta su nuevo álbum: Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1

Para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó “una decisión significativa que puede revalorizar el interés” empresarial en la isla, dijo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado cuando el gobierno cubano anunció que reglamentaría las Pymes.

Cuba esta acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, motor de su economía, y en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido bajo los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

Fuente: AFP.