Este viernes, desde el Ministerio de Salud confirmaron que hasta la fecha un total de 3.258 bebés recibieron la dosis correspondiente a la protección contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS). El anticuerpo Nirsevimab se encuentra disponible en los vacunatorios y hospitales de todo el país, este sirve para prevenir hospitalizaciones a consecuencia de esta enfermedad respiratoria.

El viernes 28 de marzo, arrancaron con la campaña de inmunización en la que aplican la dosis del anticuerpo monoclonal que previene la morbilidad grave y mortalidad por el virus sincitial, en recién nacidos y lactantes. En los últimos días se llegó a una importante cantidad de pacientes que son aptos para recibir esta vacuna.

“Un total de 3.258 bebés recibieron la inmunización en los vacunatorios de todo el país, como parte de la estrategia para prevenir hospitalizaciones por VRS. La campaña estará vigente durante la temporada de mayor circulación de la enfermedad, que sería de marzo a agosto”, expresaron desde la cartera sanitaria.

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Recordaron que cada año el virus afecta gravemente a niños menores de un año, especialmente en temporada de otoño e invierno. “Las dosis son destinadas a los nacidos entre enero y julio del 2025, porque son los más pequeños los que estarán expuestos al VRS durante su primer invierno, que es cuando el riesgo de enfermedad grave es mayor. Una sola dosis ofrece protección durante al menos cinco meses”, explicaron.

Según explicaron, la Nirsevimab se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas del esquema regular que ofrece el Ministerio de Salud. “No requiere un intérvalo entre vacunas, siempre que se apliquen en distintos sitios anatómicos. La congestión nasal o alergias estacionales no contraindica la aplicación, si no se presenta fiebre”, puntualizaron.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que aliados opositores de Mario Abdo Benítez siempre protegieron al expresidente de la República y esto se podría dar nuevamente con la solicitud de desafuero del exmandatario. El pedido de desaforar a Abdo como senador vitalicio se podría tratar esta semana en la Cámara Alta y los senadores opositores estarían votando en contra de este pedido.

“Sobre el pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez hay que preguntarse si realmente es sincero o si es solo una maniobra para lavarse la cara. La propia senadora Esperanza Martínez dijo que la oposición no lo va a desaforar, lo que deja claro que sus aliados están protegiéndolo”, indicó el diputado en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Gamarra cuestionó a la oposición de mantener un discurso contradictorio, ya que apuntan al buen funcionamiento del sistema judicial, sin embargo, actúan como protectores del sector abdista. “La oposición siempre se llena la boca hablando de justicia, del Estado de derecho y de luchar contra la impunidad, pero cuando se trata de investigar al expresidente prefieren mirar para otro lado. Si realmente creen en la transparencia, que lo demuestren con hechos y no con discursos vacíos”, criticó.

Agregó que con este caso se podrá revelar cuales son las verdaderas intenciones de este sector político. “Hasta ahora, todo indica que no hay sinceridad ni en el pedido de desafuero ni en la complicidad de la oposición para evitar que se someta a la justicia. Vamos a ver si tienen el valor de acompañar la investigación o si, como siempre, van a seguir protegiéndose entre ellos”, sentenció.

En marzo del 2024 la jueza penal de Control y Garantías de Capital, Cynthia Lovera, había comunicado al Poder Legislativo las imputaciones contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el diputado Mauricio Espínola en la investigación por el conocido caso como filtraciones de datos de la Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

En el caso de Abdo, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen por el rechazo del pedido de desafuero, al no tener los votos en el pleno, el pedido fue derivado a comisiones donde permanece hasta la fecha.

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) presentó los logros institucionales correspondiente al ejercicio 2024, destacándose la política ambiental nacional, luego de 18 años, que apunta a garantizar la protección, conservación, y regulación de los recursos naturales, dimensionando el desarrollo sostenible. Esta política busca el equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto a la naturaleza, con un enfoque en el bienestar de las personas.

El informe refiere la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CNLD), que tendrá un rol fundamental en la implementación de políticas y planes relacionados con la desertificación y sequía, desde un órgano colegiado de carácter interinstitucional, deliberativo y consultivo.

En cuanto a la actividad de las estaciones de servicios, el Mades destaca la promulgación del decreto n° 1400/2024 que suspende la emisión de declaraciones de impacto ambiental a las gasolineras por 60 meses para la instalación de nuevas estaciones en zonas urbanas de todo el país, con el fin de cuidar el medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todos los paraguayos. El informe explica que la suspensión permitirá realizar un análisis integral de los impactos que el crecimiento exponencial de esta actividad ha causado en los recursos naturales del país, así como el riesgo que implica para la salud y seguridad de las personas. Con la instalación de una mesa interinstitucional se podrá comunicar todos los procesos que se llevarán a cabo desde la vigencia de este decreto. Así, la justicia podrá actuar conforme al derecho de la protección de los recursos naturales y de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

El Mades, a cargo del ministro Rolando de Barros Barreto, instaló una mesa técnica para analizar el estudio de impacto ambiental relacionado con la adecuación del canal de navegación en los pasos críticos del río Paraguay. Esta evaluación es esencial para garantizar que las intervenciones en la hidrovía se realicen de manera sostenible, minimizando los impactos negativos en el ecosistema y asegurando la protección de los recursos hídricos. En el marco del Plan de Gestión de la Navegabilidad del Río Paraguay, el Mades reafirmó su rol estratégico al acompañar técnicamente el Proyecto de Adecuación del Canal de Navegación en los Pasos Críticos del Río Paraguay.

En el informe igualmente, se destaca el cumplimiento de la Ley n° 7122/2023 que autoriza al Mades a permutar el inmueble individualizado como Finca nº 30, Padrón n° 61 de Hernandarias, hoy Distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú, con otro inmueble a ser destinado como parque nacional, perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), identificado como parte de la Matrícula N° N05/733, Padrón n° 736 de Karapaí, Departamento Amambay.

Otro de los logros del Ministerio es la obtención del título del Parque Nacional de Médanos del Chaco, logrando su inscripción oficial ante la Dirección General de los Registros Públicos. Igualmente, la obtención del título de propiedad del Monumento Natural Cerro Chovoreca, que abarca 100.499 hectáreas, mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado (Mades, indert, APD, WWF).

En Paraguay, la fauna silvestre ocupa el cuarto lugar entre los hechos ilícitos, para lo cual el Mades realiza un trabajo interinstitucional para hacer frente a estos hechos. No solo están vinculados a tráfico de animales, no solo se habla de animales vivos, sino también sus partes, como huevos, pieles, huesos, plumas, que también son cotizados en el mercado negro. Se conoce que 40 especies de animales son víctimas del tráfico y muchas de ellas están en peligros de extinción.

En cuanto a la pesca y acuicultura, durante el 2024 se trabajó en el desarrollo del listado de pescadores comerciales e indígenas en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. Además, se proyectó la protección de la fauna íctica mediante la resolución de prohibición de fabricación, uso, comercialización y transporte de redes monofilamentos.

El documento destaca la inauguración de la nueva sede administrativa del Mades, a costo cero para el Estado Paraguayo, hito que marca un importante avance en el compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental. La edificación incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia energética, optimizar el consumo de agua y reducir los costos operativos y de mantenimiento.

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La institucionalización de la Plataforma Nacional de Desarrollo Sostenible es un espacio de diálogo participativo y destaca la llegada a territorio del Mades para un trabajo colaborativo con los productores, instituciones públicas, sociedad civil, pueblos indígenas y la academia.

El Plan Piloto de Pastoreo Racional Rotativo Regenerativo (PRIR) en el Chaco Paraguayo es un sistema de manejo del pastoreo que busca armonizar el desarrollo de pastos con las necesidades de los animales y la mejora del manejo del suelo, bajo la intervención del productor.

Los desafíos de la institución apunta a la reglamentación de la Ley de Carbono, que busca garantizar la implementación efectiva de la Ley de Créditos de Carbono mediante la promulgación de su decreto reglamentario construido en forma participativa e inclusiva. Este paso clave permitirá establecer las bases operativas y normativas necesarias para regular el mercado de carbono en Paraguay, promoviendo un enfoque inclusivo que integra a todos los actores clave.

Otra de las metas del Mades es la creación del Instituto de Guardaparques, que pretende establecer una entidad para el fortalecimiento de la gestión, protección y conservación de las áreas protegidas mediante la profesionalización, equipamiento y capacitación de guardaparques en Paraguay.

La aplicación efectiva de una Política Nacional de Desarrollo Sostenible se dará a través del diseño de una herramienta a nivel nacional que integre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar social, alineada con los compromisos nacionales e internacionales, abarcando los siguientes ejes estratégicos:

• Desarrollo económico inclusivo: fomento de economías verdes, agricultura sostenible y cadenas de valor con bajo impacto ambiental.

• Protección de los recursos naturales: gestión sostenible de bosques, agua y suelos, incluyendo metas específicas para reducir la deforestación y promover la reforestación.

• Bienestar social y equidad: acceso universal a servicios básicos como agua potable, saneamiento, energía limpia y educación ambiental.

• Adaptación y mitigación climática: fortalecimiento de las capacidades de adaptación al cambio climático y cumplimiento de las metas de reducción de emisiones.

Igualmente, otro de los desafíos es la titulación de áreas protegidas, en cuanto a garantizar la seguridad jurídica de áreas protegidas mediante su titulación oficial, fortaleciendo su protección como un legado a las generaciones futura.

Además, se buscará el fortalecimiento de la gestión ambiental, a través de la promoción de la educación ambiental en centros educativos, en programas denominados “MADES en la escuela”.

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