El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

El periódico británico The Guardian anunció que dejará de publicar en la red social X, destacando “los contenidos a menudo inquietantes que se promueven o se encuentran en la plataforma”. “Creemos que los beneficios de nuestra presencia en X ahora son superados por los inconvenientes y que los recursos podrían utilizarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares”, informó en un comunicado el periódico.

El diario, que tiene casi once millones de seguidores en la plataforma de Elon Musk, añade que esta medida era algo que había estado “considerando durante un tiempo”, debido a “contenidos que incluyen teorías de conspiración de extrema derecha y racismo”. “La campaña electoral presidencial estadounidense sólo sirvió para subrayar lo que hemos considerado durante mucho tiempo: que X es una plataforma mediática tóxica y que su propietario, Elon Musk, ha podido utilizar su influencia para dar forma al discurso político”, añade el comunicado.

Musk compró X, antes Twitter, por 44.000 millones de dólares en 2022 y ha generado controversia con su uso de la plataforma, particularmente durante las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Musk respaldó al ganador de las elecciones, el aspirante republicano Donald Trump, y utilizó su cuenta personal, que cuenta con casi 205 millones de seguidores, para pedir el voto a su favor. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el martes a Musk para encabezar el recién creado departamento de “eficiencia gubernamental”.

La cuenta del The Guardian en la red social aparece ahora como “archivada” y se invita a los lectores a visitar a la página internet del periódico. La última publicación en X de The Guardian ocurrió en la madrugada del miércoles. El diario de centroizquierda señaló que los usuarios de X podrán compartir artículos del Guardian en esa red social y que además el contenido publicado en la plataforma podrá incluirse en artículos del periódico.

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El diario español La Vanguardia anunció este jueves que dejará de publicar en la red social X, al estimar que se ha convertido en una plataforma “en la que encuentran una caja de resonancia las teorías de la conspiración y la desinformación”. “X se ha llenado desde la llegada de Elon Musk [en 2022] de contenido tóxico y desorientador de una forma cada vez más abrumadora”, argumentó el diario con sede en Barcelona, que hizo su anuncio al día siguiente de una iniciativa similar del británico The Guardian.

El diario puntualizó que dejará en suspenso sus cuentas, y que no obstante seguirá a “personas, entidades, empresas e instituciones en esta red para poder informar puntualmente a sus lectores de mensajes y debates que puedan producirse en ella”. También aclaró que, al margen de esta decisión editorial, “sus periodistas serán libres de seguir usando esta plataforma dentro de las normas de contención y respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión que reclama que se mantengan en todos los ámbitos”.

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En un artículo publicado en su web, La Vanguardia destacó que su decisión coincide con el anunciado nombramiento de Elon Musk para codirigir un departamento de “eficiencia gubernamental” en el próximo gobierno del republicano Donald Trump. La Vanguardia no escatima críticas al magnate de origen sudafricano, que se hizo en 2022 con la red que heredó con el nombre de Twitter y a la que luego llamó X. “La adquisición de X en octubre del 2022 supuso el despido masivo de trabajadores que incluyó la supresión del departamento que moderaba los contenidos”, apunta el rotativo.

Desde entonces, añade, “la presencia creciente de bots en X se multiplica hasta el ridículo en cuestiones de gravedad como la tragedia de la gota fría en Valencia”, que costó la vida a más de 200 personas. “Este diario constata que las ideas que atentan contra los derechos humanos, como el odio a las minorías étnicas, la misoginia y el racismo forman parte de los contenidos virales que se distribuyen en X”, apostilló el rotativo catalán.

Fuente: AFP.

Australia prohibirá por ley el acceso de los menores de 16 años a redes sociales, anunció el primer ministro Anthony Albanese, quien prometió actuar contra las empresas tecnológicas que no protejan adecuadamente a los jóvenes usuarios. Las plataformas como Facebook, TikTok o Instagram serán responsables de aplicar este límite de edad y se arriesgarán a importantes multas si no lo hacen, advirtió el dirigente de centroizquierda. El gobierno australiano ya había avanzado este año su intención de restringir el acceso de menores a las redes sociales, pero hasta ahora no había establecido una edad exacta.

La futura ley “es para las madres y los padres. Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, dijo Albanese a la prensa, ayer jueves. “La responsabilidad no será de los padres o de los jóvenes. No habrá sanciones para los usuarios”, aclaró. El proyecto, que cuenta con el apoyo de los dos principales partidos australianos, será presentado esta semana a los líderes regionales y territoriales y llegará al Parlamento a finales de noviembre. Una vez sea aprobada, las plataformas tecnológicas dispondrán de un año para estudiar cómo implementar la restricción.

Albanese argumentó que los algoritmos de estas redes ofrecen contenidos perturbadores a niños y adolescentes que son muy influenciables. “A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable”, afirmó. “Las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real”, agregó. El primer ministro explicó que habían fijado la edad en 16 años después de una serie de comprobaciones durante unas pruebas llevadas a cabo por el gobierno.

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La iniciativa despierta dudas entre los expertos sobre la posibilidad práctica de implementar un límite de edad tan estricto. “Ya sabemos que los actuales métodos de verificación de edad no son fiables, muy fáciles de sortear o ponen en peligro la privacidad del usuario”, comentó el investigador de la Universidad de Melbourne, Toby Murray. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instragram, dijo que iba a “respetar cualquier limitación de edad que el gobierno quiera introducir”.

Pero su jefa de seguridad, Antigone Davis, advirtió que este tipo de leyes “corren el riesgo de hacernos sentir mejor, como si estuviéramos tomando acciones, pero los adolescentes y los padres no se encontrarán en un mejor lugar”. De su parte, la red social Snapchat remitió a un comunicado de la patronal sectorial DIGI, que alertó que esta prohibición podía impedir a los adolescentes acceder “a apoyo de salud mental”. “Nadar tiene riesgo, pero no se prohíbe a los jóvenes ir a la play, se les enseña a nadar”, dijo una portavoz de DIGI.

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El proyecto gubernamental prevé algunas excepciones para plataformas como YouTube, que los estudiantes pueden necesitar por sus deberes u otras razones. Australia se ha situado en la vanguardia de los esfuerzos globales para limpiar los contenidos de las redes sociales. El gobierno introdujo una ley para “combatir la desinformación” este año que le otorga amplios poderes para multar a los gigantes tecnológicos que vulneren sus obligaciones de seguridad en línea.

De hecho, el organismo regulador de internet en Australia está inmerso en una batalla contra la red social X de Elon Musk, a la que acusa de no hacer suficiente para retirar contenido dañino. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, dijo que las reformas eran “pioneras en el mundo” y acusó a las plataformas de “no hacer suficiente” para atajar estos problemas. “Las compañías de redes sociales están sobre aviso (...). Tienen que garantizar que sus prácticas son más seguras”, agregó la funcionaria, amenazando con multas económicas a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones.

Fuente: AFP.