Londres, Reino Unido | AFP

La experiencia se llevó a cabo en total dis­creción. Entre el 2016 y el 2018, dos cáma­ras de vigilancia instala­das en el barrio londinense de King’s Cross analizaron furtivamente los rostros de los transeúntes para identi­ficarlos y seguir sus movi­mientos mediante recono­cimiento facial.

El uso de esta tecnología punta en los alrededores de las concurridas estaciones de Londres, revelado por el diario Financial Times hace unos meses, alimentó la polémica en una democra­cia ya que carece de marco legal. La empresa encargada del diseño de la zona aseguró que “solo trató de ayudar a la policía a impedir y a detec­tar los delitos en el barrio”, sin fines comerciales.

Pero el gendarme británico de la protección de datos, la Information Commission­ner’s Office (ICO) ha abierto una investigación, preocu­pada por el recurso cre­ciente del reconocimiento facial. Esta técnica permite comparar los rostros cap­tados en imágenes video de vigilancia con las bases de datos. No se trata de un hecho aislado. La asociación Big Brother Watch denun­cia una “epidemia”: centros comerciales en Manches­ter o Sheffield, un museo en Liverpool, muchos son los que recurren a esta tec­nología. Para unos se trata de un avance en la seguri­dad y para sus detractores, el reconocimiento facial es lesivo para los derechos fun­damentales.

Ed Bridges, de 36 años, espera con determinación su comparecencia ante el Tribunal Superior de Car­diff pues se ha querellado contra la policía galesa por haberle expuesto a esta tec­nología cuando hacía sus compras de Navidad en el 2017 y en una manifesta­ción en el 2018.

Se trata de la primera persona que recurre a la justicia britá­nica por este asunto. La policía realizaba pruebas autoriza­das que estaban bien señali­zadas en pancartas. Pero este empleado de la Universidad de Cardiff dice a la AFP que se sintió “agredido, robado”.

“¡Son mis datos! De la misma forma que no damos nuestras contraseñas, que no publicamos nuestros extractos bancarios en internet, tenemos el dere­cho de que se respete nues­tra vida privada y el Estado debería apoyar este derecho en vez de ponerlo en riesgo”.

Para su abogada Megan Goul­ding, de la organización de defensa de los derechos huma­nos Liberty, el reconocimiento facial supone, sobre todo, un fuerte riesgo “de autocensura” para los ciudadanos expuestos a una tecnología de vigilancia tan avanzada.

Cuando la policía recurre al reconocimiento facial, se basa en una “lista de vigilancia” de personas buscadas.

Las cámaras de vigilancia tra­ducen los rasgos de las caras de los transeúntes en una ver­sión digital, comparados a los datos de esta lista. Si el “resul­tado de similitud” es bastante alto, procede al control.

En el caso de Ed Bridges, el Tribunal Superior de Cardiff rechazó su demanda en pri­mera instancia, al considerar que la vigilancia está sufi­cientemente “direccionada” pues se dirige a “personas sospechosas de estar impli­cadas en delitos” y el deman­dante no estaba entre ellas. Pero Elizabeth Denhamn, comisaria de ICO, considera que no se puede utilizar la tecnología de manera indis­criminada.