Altamira, Brasil. AFP.

Con el fusil al hom­bro y gesto triste, Tatji Arara carga enormes troncos en un tajo abierto en la selva por trafi­cantes de madera del estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña, donde se multiplican los conflictos por la tierra.

“Estoy aquí desde pequeño y nunca vi nada igual. Cada día cortan más árboles”, lamenta este cacique indígena de 41 años, que asegura que la defo­restación aumentó desde que el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro llegó al poder el 1 de enero.

El mandatario dijo, alto y claro durante su campaña, que no entregaría “ni un cen­tímetro más” de tierras para reservas indígenas.

Según la ONG Imazon, la deforestación en la Amazo­nía aumentó 54% en enero del 2019 –el primer mes de gobierno de Bolsonaro–, res­pecto al mismo mes del 2018.

El territorio arara, donde viven cerca de 300 indígenas en un área equivalente a 264.000 canchas de fútbol, es consi­derado inviolable desde su demarcación oficial en 1991.

“Bolsonaro puso muchas culebras en la cabeza del pue­blo. Muchos dicen que ahora que ganó, va a tomar la tie­rra de los indígenas, pero no lo vamos a permitir”, afirma Tatji Arara, vestido con una bermuda y una camiseta del Flamengo, el club de fútbol más popular de Brasil.

“Si (las extracciones ilegales de madera) continúan, nues­tros guerreros dicen que pue­den llegar con sus arcos y fle­chas y puede haber muertos. El indígena puede morir pro­tegiendo el territorio, pero también puede matar”, sos­tiene.

En Brasil, las 566 tierras indígenas delimitadas representan más del 13% de la inmensa superficie del territorio nacional. El dere­cho de los pueblos ancestrales a la tierra fue reconocido por la Constitución de 1988. La ley prohíbe cualquier actividad que amenace el modo de vida tradicional de las poblaciones, princi­palmente la explotación minera y la tala de árboles.

El ministro de Minas, Bento Albuquerque, dio a entender que el gobierno de Bolsonaro podría poner fin a esas restricciones que, según él, “favorecen las actividades ilegales”. “Estamos presenciando una escalada de tensiones y los indígenas son, a menudo, obligados a sustituir al poder público, cuyos efectivos son muy limitados”, lamenta el fiscal Adriano Augusto Lanna de Oliveira.