Sídney, Australia. AFP.

Un arzobispo aus­traliano culpable de haber encubierto abusos en menores, uno de los eclesiásticos de mayor rango en la jerarquía católica mun­dial en estar implicado en un caso de este tipo, fue conde­nado el martes a 12 meses de prisión, pero podría librarse de pisar la cárcel.

En mayo, Philip Wilson (67 años), arzobispo de Adelaida, fue declarado culpable de haber escondido los abusos cometidos en 1970 por el cura Jim Fletcher en la región de Hunter (Nueva Gales del Sur) al haberse abstenido de comu­nicar las acusaciones contra Fletcher.

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El eclesiástico negó todos los cargos. Sus defensores intentaron cuatro veces que se abandonaran las diligen­cias abiertas contra él, ale­gando el Alzheimer que padece para evitar un jui­cio, pese a que seguía con­servando sus funciones den­tro de la iglesia.

El tribunal de Newcastle lo declaró culpable de haber encubierto un delito grave por el que una tercera persona hubiera podido ser juzgada.

El mismo tribunal lo condenó a 12 años de cárcel, sin posibi­lidad de liberación anticipada antes de seis meses.

Pero el juez Robert Stone sus­pendió la audiencia hasta el 14 de agosto para determinar si se podría autorizar al arzobispo a cumplir su pena en el domicilio de algún familiar. Se enfren­taba a una pena máxima de dos años de cárcel.

SIN REMORDIMIENTO

El juez alegó que “el conde­nado no dio constancia de nin­gún remordimiento”, según el grupo de medios ABC.

Los abusos sexuales cometi­dos contra un niño de un coro por parte de Fletcher, ya falle­cido, no fueron tratados en la audiencia, pero la justicia que­ría determinar si Philip Wilson, en aquel momento un sacerdote joven, estaba al corriente de los mismos. Fue párroco en Nueva Gales del Sur antes de ser nom­brado obispo de Wollongong en 1996. Cinco años después fue investido arzobispo. Cuando fue declarado culpable se le con­cedió una excedencia, pero no dimitió.

UNA “SITUACIÓN COMPLICADA”

El obispo Fernando Ramos, nombrado administrador apostólico en reemplazo de Alejandro Goic en Rancagua, dijo en comunicado difun­dido por la Iglesia chilena que “actualmente hay una situa­ción complicada en Rancagua y por eso me pongo al servicio para seguir ayudando a solu­cionar estas situaciones”.

Por su parte, el obispo Galo Fer­nández, nombrado adminis­trador apostólico en reem­plazo de Horacio Valenzuela en Talca, señaló también en comunicado difundido por la Iglesia chilena que “nosotros pusimos nuestros cargos a dis­posición del Papa para hacer un camino en que la Iglesia pueda recuperar las confianzas y retomar su ruta de servicio del Evangelio”. Dos víctimas de los abusos sexuales de Kara­dima también reaccionaron a través de las redes sociales.

Francisco aceptó la renuncia de otros dos obispos chilenos

La Iglesia trasandina acusada de encubrir o ignorar los abusos sexuales a menores.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. AFP.

El papa Francisco aceptó la renuncia de otros dos obis­pos chilenos, que ya suman cinco, dando así continuidad a las sanciones de la jerarquía de la Iglesia chilena acusada de encubrir o ignorar los abusos sexuales a menores. La Santa Sede anunció en un comunicado la dimisión del obispo de Rancagua, Ale­jandro Goic Karmelic, de 78 años, así como del obispo de Talca, Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, de 64.

“La dolorosa circunstancia que vive la Iglesia le impri­men un sabor amargo a este momento”, declaró Goic, en conferencia de prensa.

Todo el episcopado chileno había presentado conjun­tamente su dimisión el 18 de mayo tras una serie de encuentros con el papa Fran­cisco en el Vaticano, un paso inédito en la historia reciente de la Iglesia Católica.

El papa Francisco aceptó recientemente la renuncia de tres obispos chilenos, el con­trovertido Juan Barros, al que había defendido durante su viaje en enero a Chile y dos obispos de más de 75 años que alcanzaban la edad para retirarse.

Barros está acusado de encu­brir los abusos sexuales rei­terados del influyente sacer­dote Fernando Karadima, condenado en el 2011 por el Vaticano a una “vida de ora­ción y penitencia”, luego de que la justicia local decla­rase prescritos los cargos por abuso sexual.

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