El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el fin de exponer los motivos por los cuales consideran que fue prematura la desestimación de la denuncia por desfalco a la previsional por G. 1,6 billones contra su extitular, Vicente Bataglia.

“Fue positiva la reunión, el fiscal también había pedido una reunión con nosotros para escuchar cuál era la posición del IPS y nosotros le comentamos que no estábamos conformes con el dictamen del Ministerio Público. Nosotros habíamos pedido una pericia, sin embargo, se hizo un informe nomás y dijimos que ese informe se basó en premisas falsas”, aseveró José González, asesor jurídico del instituto.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por GEN/Nación Media, señaló que durante este encuentro, pudieron manifestar que el IPS solicitó sin éxito la realización de más de 10 diligencias a la Fiscalía y que además, se adjuntaron tres auditorías externas de modo a añadir a la carpeta fiscal, no obstante, estas no fueron investigadas.

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“Nos llamó la atención que esa causa inició con el número 64/2023 donde se denunciaron varios hechos de corrupción, sin embargo, días antes de la desestimación se abrió una nueva causa que se terminó desestimando. Nosotros expusimos todas las diligencias que están pendientes, que se apresuró el Ministerio Público y él (Emiliano Rolón) tenía otra versión de los hechos”, aseveró.

González precisó que a lo largo de este año, se fueron presentando ampliaciones de la denuncia ante el Ministerio Público, en las que se fueron abriendo causas penales distintas, hecho que es llamativo para el IPS, por lo que solicitaron que las investigaciones se realicen en su conjunto de modo a desvirtuar la investigación.

“Él estaba convencido de que estaba bien, después nosotros le comenzamos a explicar punto por punto y ahí nos dijo que son cuestiones puntuales que debemos manifestar en el momento procesal oportuno, le expresamos que no consideramos correcta la desestimación. Ahora esperamos que el juez penal de Garantía le dé trámite de oposición y que se pueda rectificar ese dictamen porque faltan demasiados elementos de prueba que se deben reproducir e investigar en esta etapa”, sostuvo.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica. Además añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El gobierno de Santiago Peña, con respaldo de la entidad binacional Itaipú, realizó este viernes la entrega de 25 maquinarias, implementos viales y agrícolas a las gobernaciones de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Canindeyú. La inversión total es de USD 2.476.360.

La entrega de los equipos e insumos se concretó en el Palacio de López, en el marco del proyecto de asistencia en el fortalecimiento de la gestión pública departamental. Estas 25 maquinarias se suman a las 175 ya provistas el pasado mes de junio. Además, la asistencia prevé la inversión de USD 50.000 en combustible para las citadas gobernaciones.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció este viernes la reducción de G. 300 por litro en el precio de las naftas en las estaciones de servicios de Petróleos Paraguayos (Petropar). Se trata de la séptima baja realizada por el Gobierno en el rubro de los combustibles en poco más de un año de gestión.

“Empezamos el viernes con una buena noticia. Esta séptima reducción en los precios de los combustibles refleja nuestro firme compromiso de poner a las empresas del Estado al servicio de la economía, en beneficio de todos los paraguayos”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

El ingreso de productos de contrabando como tomates y locotes sigue afectando al mercado interno, principalmente a través de las fronteras con países vecinos. La DNIT implementa controles desde el ingreso de estos bienes hasta su comercialización, buscando proteger a los productores locales y optimizar la recaudación sin imponer nuevos impuestos.

Ever Otazú, gerente de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), habló sobre el impacto del contrabando de productos como tomates y locotes que ingresan al país principalmente a través de las fronteras con Argentina y Brasil.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se refirió al anuncio del avance de la fase b de la costanera de Pilar, departamento de Ñeembucú, y destacó lo que significará para la ciudad continuar esta obra emblemática para esa región del país. “Va a convertir a Pilar en una de las ciudades más modernas del país, y por qué no decir de la región”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El inicio de esta segunda fase del proyecto costero implica la adjudicación de las obras, teniendo en cuenta que esta es la fase más importante de la costanera. La misma cuenta con tres fases. La primera, que ya fue concretada, consistió en el dragado, la reculada o los muros de contención. En esta segunda etapa se harán los desagües pluviales, los desagües cloacales y se instalarán las motobombas que necesitamos.