Con su decisión de abonar una abultada deuda tributaria, el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, trata de evitar un proceso judicial, un paso que no levanta la incertidumbre sobre su futuro y que alimentó un nuevo conflicto en la coalición de gobierno.

El ‘emérito’, padre del actual rey Felipe VI y jefe del Estado español de 1975 a 2014, se encuentra exiliado desde agosto en Abu Dabi, adonde se marchó tras multiplicarse los indicios de que mantenía una fortuna opaca en el extranjero. En los últimos días decidió abonar a la Hacienda española 678.393 euros (unos 820.000 dólares), para saldar una deuda resultante de una declaración extraordinaria de ingresos.

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El pago es una maniobra legal para evitar incurrir en un delito fiscal, y por tanto una querella que lo lleve a los tribunales. Pero el archivo o no de la causa, señalan fuentes judiciales, dependerá ahora del examen minucioso que hagan de la documentación presentada la fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria. Igualmente deberá examinarse si el dinero con el que pagó esta regularización es de origen lícito.

La declaración extraordinaria responde a una de las tres investigaciones judiciales que conciernen en España las finanzas del ex jefe del Estado. El caso presente tiene que ver con el presunto uso opaco de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de terceros (el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y un coronel del ejército del aire español), lo que podría constituir un delito de blanqueo. Los hechos tuvieron lugar después de 2014, cuando perdió la inmunidad de que gozaba como jefe de Estado tras abdicar en su hijo.

La primera incógnita está en ver si el rey emérito, que el 5 de enero cumplirá 83 años, aprovecha la Navidad para regresar a España. Un escenario sobre el que la Casa Real no se pronunció de momento.

También hay expectación sobre si Felipe VI hará o no alguna alusión en su tradicional mensaje navideño, la noche del 24 de diciembre. En marzo, el actual jefe del Estado ya renunció a la herencia económica de su padre, y le retiró su asignación anual, estimada en más de 194.000 euros. “El rey Felipe debería hacer una declaración al respecto”, dijo a AFP Euprepio Padula, experto en asesoría política, ante lo que califica de “daño enorme” a la reputación de la monarquía.

En los últimos años, los problemas de don Juan Carlos se convirtieron en un auténtico folletín, y echaron por tierra la imagen de un monarca durante décadas blindado por la prensa y la clase política y apodado cariñosamente “el campechano”, por sus formas distendidas.

Pero sobre todo, los escándalos suyos y de su familia --su yerno Iñaki Urdangarin cumple pena de cárcel por corrupción-- dieron alas al discurso republicano de Podemos, el socio junior de gobierno de los socialistas.

En un reciente artículo en el diario Público, el líder de la izquierda radical y vicepresidente del ejecutivo, Pablo Iglesias, afirmó que en España hay “un debate creciente sobre la utilidad de la monarquía y sobre un nuevo horizonte republicano como punto de llegada”. El presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, salió al paso en una entrevista televisiva, afirmando que “aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones”, por lo que “no podemos mezclar una cosa con la otra”.

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Padula apunta que para el Partido Socialista de Sánchez “la monarquía no está en discusión como institución del Estado”, lo que, sumado a los partidos de la derecha, garantiza un apoyo suficiente como para afirmar que “la monarquía no está en juego en este momento”.

Lo que sí sale a relucir de nuevo es el estrecho margen de maniobra comunicativa del actual monarca, reacio siempre a pronunciarse en vivo sobre estos escándalos y sujeto por otro lado al escrutinio del ejecutivo. Alberto Núñez Feijoo, presidente regional de Galicia y prohombre del conservador y monárquico Partido Popular (PP), dijo en ese sentido que no sería “un mal planteamiento” elaborar una ley específica que regule más estrictamente las actividades del rey, lo que de paso ayudaría a una comunicación más fluida.

“Probablemente sean [Juan Carlos y Felipe] los dos únicos españoles que tengan dificultades para defenderse”, porque sus capacidades para hacerlo en público “están muy limitadas por los usos y costumbres”, dijo el dirigente regional en el canal Antena 3.

Fuente: AFP.