La actriz estadounidense Lori Loughlin, condenada en agosto a dos meses de prisión por haber pagado sobornos para que sus hijas ingresaran a una universidad prestigiosa, acudió este viernes a una cárcel californiana para cumplir su pena, según medios locales.
La actriz de 56 años, conocida por su papel de la tía Becky en la serie televisiva “Full House” (Tres por tres) de los años 80 y 90, llegó por la mañana a la cárcel federal para mujeres de Dublin, cerca de San Francisco.
La misma prisión acogió en octubre a la actriz Felicity Huffman (“Desperate Housewives”), condenada a dos semanas de cárcel por el mismo escándalo de sobornos en el que participaron varios padres ricos.
Loughlin afirmó haber aprendido de la “terrible decisión” que la llevó, junto con su marido, a pagar 500.000 dólares a un intermediario para que sus dos hijas fueran aceptadas en la Universidad del Sur de California (USC).
La actriz y su esposo, el estilista Mossimo Giannulli, acordaron con el cerebro de la operación, William Singer, que sus hijas fueran presentadas como buenos fichajes para el equipo de remo de la universidad, aunque ninguna de ellas practicara ese deporte.
Además de su pena de cárcel, la actriz deberá pagar una multa de 150.000 dólares, permanecer dos años en libertad condicional y efectuar 100 horas de trabajo comunitario.
Giannulli, de 57 años, al que los investigadores consideran como “el más activo” en el caso, fue condenado a cinco meses de prisión y a pagar 250.000 dólares de multa.
La pareja se declaró culpable en mayo del delito de transferencia bancaria fraudulenta a cambio del abandono de otros cargos y una condena más benevolente.
William Singer recibió 25 millones de dólares de padres adinerados que querían asegurarse de que sus hijos fueran admitidos en universidades prestigiosas como Yale, Georgetown o Stanford.
Entre las 55 personas inculpadas en el caso, más de 40 se declararon culpables, incluido Singer.
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Sentencia de Trump se dará el 11 de julio, ¿irá a la cárcel?
El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado culpable este pasado jueves por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como ‘Stormy Daniels’, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como “preso político”, víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.
Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.
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Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -- cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas -- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.
Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solictud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate ya podrá ser descrito formalmente como un “criminal convicto”.
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La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.
Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. “Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de ‘El Aprendiz’”, explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000. “Y nuestro sistema de justicia no está preparado para esta clase de casos, en los que todo el mundo que pisa el juzgado parece estar al tanto de cada minucia”, ha añadido.
Fuente: Europa Press.
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Condenan a 15 años de cárcel a expolicía y fiscalía apelará la sentencia
El tribunal de sentencia integrado por Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana.
El fallo judicial de primera instancia fue criticado por los familiares de la víctima y a su vez el Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia condenatoria porque había solicitado una pena de 30 años de cárcel para el acusado.
El colegiado sostuvo que quedó probada la existencia de una relación y que la víctima fue sometida a humillaciones, hostigamientos, ofensas, descalificaciones y finalmente cuando quiso distanciarse del acusado, terminó con la muerte de María Isabel, hecho causado por José Carlos Morel como producto del fracaso de sus intentos de someterla, controlarla y eliminar su autonomía.
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El feminicidio ocurrió en una calle paralela a la Transchaco, a unos 150 metros del túnel Semidei, en Loma Pytã, el 1 de febrero del 2023. Resultó víctima una mujer de nombre María Isabel Vega, docente del colegio San Agustín, quien fue ultimada con arma de fuego. Recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el antebrazo derecho y otro en la rodilla, los dos primeros con orificio de entrada y salida.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press