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Fiscalía pide rebeldía de imputado por abuso sexual en niños
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la declaración de rebeldía de un hombre imputado por abuso sexual en niños. El procesado, Roberto Carlos Benítez Diarte, de 26 años, habría abusado de un niño de 5 años y se encuentra prófugo de la Justicia.
De acuerdo al escrito fiscal, existen fundadas sospechas de que el imputado, en reiteradas ocasiones, habría violentado sexualmente al menor de edad, siendo la última vez el 11 de diciembre de 2024, en una vivienda del barrio Santa Inés de Presidente Franco.
La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes recibió la denuncia mediante una nota de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Presidente Franco. En consecuencia, la fiscal Vivian Coronel realizó el allanamiento de la vivienda donde, supuestamente, se cometieron los abusos.
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De la casa fueron rescatados la víctima y otro adolescente de 14 años. Ambos menores fueron inspeccionados por un médico forense del Ministerio Público, sin que se constataran lesiones. Se recurrió a la asistencia por parte de una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, del Ministerio Público.
El resultado indicó, preliminarmente, la sospecha de abuso sexual del pequeño de 5 años, por parte de Benítez Diarte, quien durante el procedimiento no fue ubicado en el lugar. La Fiscalía ordenó la detención preventiva del sospechoso, luego presentó la imputación por abuso sexual en niños y pidió al Juzgado de Garantías la declaración de rebeldía.
El Ministerio Público no dio a conocer todavía los datos hasta diciembre sobre hechos punibles contra niños y adolescentes del año 2024, pero el primer semestre había cerrado con 11.018 casos que afectaron a menores de edad, entre ellos, abuso sexual.
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Juez suspende realización de cámara Gesell en caso de abuso infantil
El juez Nelson Ojeda Quintana, de la circunscripción de Hernandarias, suspendió hoy viernes la realización de la cámara Gesell en un caso de abuso infantil, a pesar de que la niña testigo, quien estuvo presente durante el abuso de su hermana menor, ya se encontraba preparada para brindar su declaración. El procedimiento se debió realizar en la sede fiscal de Ciudad del Este.
La decisión se basó en la ausencia de la fiscal Julia González, quien estaba retrasada debido a un procedimiento previo. Sin embargo, desde tempranas horas, su asistente ya había informado al juzgado sobre esta situación y aseguró que la fiscal llegaría con un breve retraso.
Sin embargo, el juez decidió la suspensión del procedimiento con la menor, afirmando que se debió “a la ausencia injustificada de la fiscal”, contradiciendo lo anteriormente dicho por la asistente de la representante del Ministerio Público. A pesar de esta comunicación, el juez Ojeda Quintana optó por suspender el acto al que él mismo había llegado con retraso y suspendiendo la misma luego de 15 minutos. Posteriormente se retiró de forma rápida del local sin haber firmado el acta de suspensión, según la madre de la menor. Finalmente, la fiscala González se presentó con cierta demora, pero el juez ya se había retirado.
La cámara Gesell es un espacio acondicionado para tomar declaraciones a niños, niñas, adolescentes o personas incapaces que sean víctimas o testigos de un delito. Se trata de una herramienta que permite registrar y preservar el testimonio de la persona, evitando la revictimización.
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Igualmente, la madre de la niña denunció que la actuaria judicial intentó impedir que la representante legal de la menor ingresara al procedimiento, generando más dudas sobre la transparencia del manejo del caso.
Otro aspecto preocupante denunciado por la familia de la menor es que la abogada de la defensa es una exjueza que renunció a su cargo antes de ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debido a acusaciones de corrupción. Vale destacar que en aquel entonces, esta abogada fue colega del juez Ojeda Quintana, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética en este caso.
Esta suspensión no solo representa un retraso en el acceso a la justicia, sino también una revictimización innecesaria para la niña y su familia. “Es imprescindible que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con responsabilidad, sensibilidad y libre de influencias personales que puedan comprometer la búsqueda de justicia”, enfatizó la madre.
La misma ya denunció en anteriores ocasiones una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.
La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.
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Buscan a mujer de 62 años que tiró combustible a su novio y le prendió fuego
Este domingo, desde la Policía Nacional indicaron que están buscando a una mujer de nacionalidad brasileña, identificada como Ruth Dos Santos, quien tras pelear con su pareja le habría tirado combustible para posteriormente prenderle fuego. Ocurrió en el departamento de Alto Paraná. La denuncia fue realizada por vecinos de la víctima, quien presenta quemaduras en el rostro.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la jornada de ayer sábado, en el barrio Los Cedrales de Ciudad del Este. Aparentemente la pareja tuvo una discusión, en un arranque de furia la mujer decidió derramar combustible al hombre y le tiró un fósforo encendido, pero este logró huir de la vivienda.
La víctima fue identificada como Milciades Amarilla Bareiro, de 40 años, quien fue auxiliado por su vecinos. Lo trasladaron hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) donde recibió los primeros auxilios, pero ante la gravedad de sus heridas fue derivado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este.
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El reporte médico indica que el hombre presenta heridas en el rostro y en el tórax, por lo que permanece internado y se aguarda su evolución. Tras lo sucedido, recibió a los agentes de la comisaría local para radicar la denuncia contra su pareja y también recibieron los testimonios de los testigos.
Tras la denuncia, los intervinientes llegaron hasta la vivienda de la pareja pero el sitio se encontraba cerrado, realizaron varios rastrillajes por la zona y no la encontraron. El caso fue comunicado al Ministerio Público y el asistente fiscal Christian Morínigo ordenó la orden de detención de la mujer.
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Madre de menor abusada denuncia dilación de proceso judicial
La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.
La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.
Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.
Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.
El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.
La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.
Gesell, una urgencia sin resolver
“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.
Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.
Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.
“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.
El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.