(FILES) In this file photo taken on May 19, 2018 Italian actress Asia Argento gestures as she arrives on the red carpet for the closing ceremony of the 71st edition of the Cannes Film Festival in southern France. - In an interview published on January 22, 2021 with Italian daily Corriere della Sera, leading #MeToo figure Asia Argento made fresh accusations of sexual abuse, directed at "The Fast and the Furious" US director Rob Cohen, saying the assault happened while she was filming Cohen's action movie "xXx" in 2002. (Photo by Antonin THUILLIER / AFP)
Actriz italiana y figura del #MeToo acusa de abuso sexual al director de “Rápido y Furioso”
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Asia Argento, la actriz italiana y figura del movimiento #MeToo, acusa de abuso sexual a Rob Cohen, el director estadounidense de las películas The Fast and the furious, en una entrevista publicada este viernes por el diario Corriere della Sera.
La actriz y directora de 45 años fue una de las primeras en denunciar abusos sexuales en el mundo del cine, lo que ha contribuido a lanzar la campaña #MeToo. En 2017 declaró que el productor estadounidense Harvey Weinstein la violó en 1997, cuando ella tenía 21 años.
En la entrevista con el diario italiano, denuncia una agresión sexual por parte de Rob Cohen en 2002. “Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB, tenía una botella”, aseguró, refiriéndose a una droga utilizada por los violadores.
“En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama”, agregó, precisando que esta agresión se produjo en la época en la que ella actuaba en la película xXx dirigida por Rob Cohen, junto con Vin Diesel y Samuel L. Jackson.
“El señor Cohen niega categóricamente la acusación completamente falsa de agresión sexual que formuló contra él Asia Argento”, afirma un portavoz del acusado en un comunicado. “Cuando trabajaron juntos tenían una excelente relación laboral y Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta acusación que data de 2002 es desconcertante, especialmente si se considera lo que se ha dicho de ella en los últimos años”, añadió.
Asia Argento fue acusada en 2018 de agresión sexual por parte del actor estadounidense Jimmy Bennett por unos hechos ocurridos en un hotel de California cuando él tenía 17 años. Ella negó inicialmente haber mantenido una relación sexual con él, pero después se retractó, aunque negó la versión de los hechos de Jimmy Bennett.
En respuesta a informaciones de prensa que aseguran que pagó al joven actor estadounidense 380.000 dólares, Asia Argento explicó que su pareja en aquel momento, el chef Anthony Bourdain, le había dado dinero para “responder con compasión a la petición de ayuda económica que había hecho Jimmy Bennett”.
Las nuevas acusaciones de la actriz italiana figuran en un libro que se publicará el 26 de enero en Italia, Anatomia di un cuore selvaggio (Anatomía de un corazón salvaje).
Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
Imputan por abuso sexual en niños a profesor de escuela de fútbol
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El agente fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser presentó imputación contra Rodrigo Fabián Benítez Bareiro (35), por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. El mismo en su carácter de profesor de una escuela de fútbol habría vulnerado a un niño de 13 años, bajo la promesa de incorporarlo como parte del equipo titular de un club de la localidad de Areguá.
Ahora es un juzgado penal de Garantía el que deberá admitir la imputación y se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado de libertad o estará con medidas alternativas a la prisión.
Los antecedentes refieren que, en el mes de agosto del 2024, en el interior de una vivienda, el imputado supuestamente cometió actos sexuales con un menor, cuyos episodios se registraron en reiteradas ocasiones, tanto en el domicilio del procesado como en el de la víctima.
Conforme a la investigación, se presume que el hombre cuenta con filmaciones en su teléfono celular de situaciones similares, donde el mismo habría practicado actos sexuales con otros chicos que forman parte del entorno de la víctima, con la misma promesa, aprovechándose de la indefensión de los mismos.
La policía de Bolivia anunció el fin de semana la captura del padre de la víctima del supuesto estupro por el que está siendo investigado penalmente el expresidente Evo Morales, y que podría derivar en su detención. El comandante de la institución, Álvaro Álvarez, señaló que el hombre fue detenido el jueves tras no comparecer ante la fiscala que lo citó, junto a Morales y la madre de la entonces menor, para que diera su versión.
Se hizo efectiva “la aprehensión” de una de “las personas que está siendo investigada (que es) el papá” de la víctima, dijo Álvarez. Los padres son señalados en una investigación que lleva la Fiscalía contra Morales por “estupro, trata y tráfico de personas”. El escándalo se remonta a la época en que el líder cocalero era presidente en 2015. Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el ministerio público