El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó el viernes cerca de 2.500 penas de condenados por delitos no violentos relacionados con drogas, convirtiéndose en el mandatario que más indultos y conmutaciones ha concedido. Las personas cuyas condenas fueron conmutadas cumplían “penas desproporcionadamente largas” en comparación con las que recibirían hoy, dijo Biden en un comunicado.

El mandatario calificó la medida de “paso importante para corregir errores históricos, corregir disparidades en las condenas y ofrecer a personas que lo merezcan la oportunidad de volver con sus familias”. “Con esta medida, he concedido más indultos y conmutaciones individuales que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos”, agregó.

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En diciembre el mandatario demócrata, católico practicante, ya había acordado 39 indultos, 1.500 conmutaciones y conmutado las penas de 37 de los 40 condenados a muerte por la justicia federal.

Biden está en contra de la pena de muerte y durante su gobierno el Departamento de Justicia emitió una moratoria sobre las ejecuciones en el sistema federal, que es distinto de las condenas emitidas por los jueces en los estados.

Entre los indultados en diciembre figuraba el hijo de Biden, Hunter, quien se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego.

Fuente: AFP.

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Por Danny Kemp y Aurélia End.

El presidente Joe Biden instó ayer miércoles a los estadounidenses a “ponerse en guardia” contra la amenaza de una “oligarquía que cobra forma”, en clara alusión a Donald Trump y a los millonarios que lo secundan, como Elon Musk. “Quiero advertir al país sobre algunas cosas que me preocupan mucho”, dijo el demócrata en su discurso de despedida desde la Casa Blanca cinco días antes de ceder el poder al republicano Donald Trump.

Se trata de la “peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultrarricas”, afirmó. “Hoy, una oligarquía cobra forma en Estados Unidos con una riqueza, poder e influencia extremas que literalmente amenazan nuestra democracia entera, nuestros derechos y libertades básicos”, sostuvo en un discurso a la nación muy sombrío de unos 15 minutos.

Musk, propietario de Tesla, SpaceX y X, es un aliado incondicional de Trump, pero otros millonarios como Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) y Mark Zuckerberg (Meta) asistirán el lunes a la investidura del magnate republicano, informó la cadena de televisión estadounidense NBC.

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Estas “tres personas poseen ahora más riqueza que la mitad más pobre de la sociedad estadounidense”, protestó el martes Bernie Sanders, figura de la izquierda en Estados Unidos. “La gente debería poder ganar tanto como pueda, pero jugar según las mismas reglas, pagar su parte justa de impuestos”, reclamó Biden.

El demócrata de 82 años recordó la advertencia del presidente Dwight Eisenhower en su propio discurso de despedida sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar “igualmente preocupado” por “el posible auge de un complejo industrial tecnológico”.

Para él la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea “riesgos” para la economía y la seguridad. La combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre que “se está desmoronando” hace que la ciudadanía sea más vulnerable, avisó. “Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de desinformación”, lo que permite “el abuso de poder”, protestó.

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Otra advertencia: “La amenaza existencial del cambio climático nunca ha sido tan clara”, pero “fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia sin control para eliminar” las medidas tomadas contra el calentamiento global con el fin de “beneficiar sus propios intereses de poder y ganancias”.

“Hemos demostrado que no tenemos que elegir entre proteger el medio ambiente y hacer crecer la economía. Estamos haciendo ambas cosas”, aseguró. Estas advertencias eclipsaron la defensa de su legado. Presumió de haber sacado a la economía estadounidense de la profunda crisis provocada por la pandemia del covid-19 y de haber fortalecido las alianzas de Estados Unidos en el extranjero.

Cuando el lunes devuelva a su rival republicano las llaves de la Casa Blanca, que le arrebató tras una reñida batalla hace cuatro años, el demócrata de 82 años experimentará una humillación suprema. En 2019 Biden dijo que Trump “pasaría a la historia como una aberración temporal”. Se equivocó. Biden juró su cargo quince días después de que una turba de partidarios de Trump asaltaran el Capitolio, negándose a reconocer la derrota de su líder en las elecciones presidenciales.

Biden fue un presidente impopular en un país sacudido por violentos cambios políticos, culturales y económicos donde la retórica populista de Trump ha calado. Y eso a pesar de sus problemas judiciales. “Necesitamos enmendar la Constitución para dejar claro que ningún presidente (...) es inmune a los delitos que comete mientras está en el cargo. El poder del presidente no es ilimitado. No es absoluto. No debería ser así”, afirmó Biden.

Pero sólo el 36 % de los estadounidenses posee una visión positiva de su presidencia y el 33 % tiene una opinión favorable de él, según un sondeo publicado el miércoles por la CNN. El legado de Biden ha quedado deslucido por su decisión de presentarse a un segundo mandato a pesar de su edad.

Se vio obligado a abandonar la carrera electoral en julio tras su desastroso debate de junio contra Trump, que derrotó en las urnas a la vicepresidenta Kamala Harris. Biden deja a su sucesor un país con un crecimiento económico sólido y un desempleo muy bajo, pero muchas familias recordarán su mandato por el periodo de fuerte inflación. Ahora hace las maletas, pero sin perder la elegancia: “Le deseo éxito a la administración entrante”.

Fuente: AFP.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido “retirar a Cuba” de la lista de países “patrocinadores estatales del terrorismo”, declaró un alto cargo de Washington este martes, a menos de una semana para la investidura de Donald Trump.

“Se ha completado una evaluación, y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como patrocinador estatal del terrorismo”, afirmó el funcionario que pidió el anonimato. Es “un gesto de buena voluntad con el fin de facilitar la liberación de las personas injustamente detenidas” en Cuba, dijo, y añadió que Biden hará un pedido oficial en este sentido al Congreso.

Washington afirma haberse coordinado “con una serie de actores, incluida la iglesia católica”. Se trata de crear “un entorno” que favorezca “la liberación de los defensores de los derechos humanos”, incluidas las personas “detenidas durante las protestas de julio de 2021″, explicó la fuente.

“Creemos que el número de personas que serán liberadas, será significativo”, afirmó. El alto cargo no quiso entrar en detalles pero dijo que la liberación “tendría lugar en un plazo relativamente corto”. Algunos presos serán liberados “antes de que termine la administración de Biden el 20 de enero”, precisó.

La decisión tomada por el presidente demócrata, cuando le queda menos de una semana en el cargo, puede ser revertida por Trump. A la pregunta de si los demócratas se han coordinado con la administración entrante, el alto cargo afirmó que han estado “en comunicación regularmente sobre una variedad de temas, y este es uno de los asuntos” tratados.

Durante más de seis décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial que Trump endureció durante su primer mandato (2017-2021) al volver a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

A su llegada a la Casa Blanca, Biden prometió revisar la política hacia Cuba, pero cambió de parecer tras las manifestaciones antigubernamentales de julio de ese mismo año en la isla, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos, y tras las cuales cientos de manifestantes siguen encarcelados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el partido de los exmiembros de la guerrilla FARC celebraron este martes la decisión de Estados Unidos de retirar de la lista de países patrocinadores del terrorismo a Cuba, donde los rebeldes pactaron firmar la paz en 2016. “Celebramos esta decisión e insistimos en la urgencia de levantar el bloqueo. Cuba nunca debió estar en esa lista”, escribió el partido Comunes en su cuenta de la red X.

Por su parte, Petro felicitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien “buscó siempre el diálogo con la diversidad latinoamericana”. “Levantar bloqueos así sea parcialmente es un gran avance”, añadió el mandatario.

La Habana fue entre 2012 y 2016 sede de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entonces la mayor organización guerrillera del continente. Fidel Castro y su hermano Raúl apoyaron este proceso, que terminó con el reintegro a la vida civil de más de 13.000 combatientes y colaboradores de la guerrilla.

Gracias a ese histórico acuerdo, Santos recibió el Nobel de Paz. El retiro de Cuba de la lista “es un acto de justicia que ha debido hacerse antes”, reaccionó el expresidente en X. Ahora Petro está negociando allí y en otras capitales latinoamericanas como Ciudad de México y Caracas con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tras el anuncio de Biden de este martes, Cuba se comprometió a liberar a 553 presos “por delitos diversos”. El republicano Donald Trump, que asumirá como mandatario el 20 de enero, puede revertir la decisión. Los cabecillas del ELN, de inspiración guevarista, viven en La Habana desde hace varios años.

El antecesor de Petro, el derechista Iván Duque (2018-2022), pidió a La Habana extraditarlos, pero el gobierno cubano se negó. La Revolución Cubana ha inspirado a diferentes grupos alzados en armas en Colombia, que sufre un conflicto armado desde hace seis décadas.

Brasil celebró ayer martes el retiro de Cuba de la lista estadounidense de países patrocinantes del terrorismo, resaltando que la decisión de Washington constituye “un acto de reparación y restablecimiento de la justicia”. “El gobierno brasileño recibió con gran satisfacción la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar su designación unilateral de Cuba como patrocinador del terrorismo”, señaló en una nota la cancillería.

“Aunque muy parciales y limitadas, las medidas de alivio adoptadas por Estados Unidos van en el sentido correcto y constituyen un acto de reparación y de restablecimiento de la justicia y del derecho internacional”, añadió. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió el martes retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, tras lo cual La Habana anunció que liberará a 553 presos “por delitos diversos”.

Biden también suspenderá la capacidad de los estadounidenses para reclamar propiedades expropiadas en Cuba y rescindirá un memorando en virtud del cual una lista de entidades cubanas tienen prohibidas algunas transacciones financieras.

Las decisiones del octogenario demócrata se dan días antes de la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, el 20 de enero. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. ha instado durante años a Estados Unidos a suavizar su política de sanciones frente a Cuba.

La cancillería dijo en la nota que Brasil ha denunciado la “injusta e injustificada” inclusión de la isla en la lista de promotores de terrorismo “cuando es de amplio conocimiento que Cuba colabora activamente para la promoción de la paz, el diálogo y la integración regional”.

Y expresó deseos de que las nuevas medidas apunten a un “modelo de relación constructiva entre Cuba y Estados Unidos”. Durante más de seis décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial que Trump endureció durante su primer mandato (2017-2021) al volver a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

El presidente Joe Biden arremetió contra Meta por poner fin a la verificación de contenidos en Facebook e Instagram en Estados Unidos, calificando la medida de “realmente vergonzosa” después de que una red mundial advirtiera de los perjuicios de extender esa decisión a otros países.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, hizo saltar las alarmas el martes pasado al anunciar que abandonará su programa de fact-checking con verificadores independientes en el país, para transferir esa tarea a los usuarios de a pie con un modelo similar al de las notas comunitarias de la red X.

La decisión ha sido vista por analistas como un intento de apaciguar al presidente electo Donald Trump, cuya base de apoyo conservadora se ha quejado insistentemente de que la verificación en las plataformas tecnológicas es una forma de restringir la libertad de expresión y censurar.

“Creo que es realmente vergonzoso”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó por el anuncio. “Decir la verdad importa”, consideró, al añadir que la medida es “completamente contraria a todo lo que es Estados Unidos”.

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La red internacional de verificadores de informaciones IFCN (International Fact-Checking Network) advirtió este viernes en una carta del impacto potencialmente devastador que tendría que el grupo de Zuckerberg pusiera fin a su programa en todo el mundo, presente en más de 100 países.

“Algunos de estos países son muy vulnerables a la desinformación, que estimula la inestabilidad política, la injerencia electoral, la violencia popular e incluso el genocidio”, declaró la alianza que agrupa 137 organizaciones, entre ellas la AFP.

Zuckerberg redobló su apuesta en una entrevista el viernes con el podcaster Joe Rogan, comparando el programa de fact-checking con “algo sacado de ‘1984′”, en referencia a la novela distópica de George Orwell. Añadió que esa iniciativa, que comenzó en 2016, estaba “destruyendo demasiada confianza, especialmente en Estados Unidos”.

Al anunciar su decisión, Zuckerberg ya había dicho que los verificadores “han estado demasiado politizados y contribuyeron a reducir la confianza más que a mejorarla”. “Es falso y queremos restablecer la verdad, tanto para el contexto actual como para la historia”, replicó la red de verificadores, insistiendo en que los colaboradores de Meta en la comprobación de hechos se sometían a una metodología “rigurosa” para cumplir sus estrictas normas de imparcialidad.

Lejos de cuestionar esas normas, añadió, Meta había “elogiado sistemáticamente su rigor y eficacia”. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también insistió este viernes en que “autorizar los discursos de odio y los contenidos dañinos en internet tiene consecuencias en el mundo real” y que “reglamentar estos contenidos no es censura”.

Facebook paga actualmente a unas 80 organizaciones de todo el mundo para utilizar sus verificaciones en la plataforma, así como en WhatsApp e Instagram. La Agence France-Presse (AFP) trabaja con ese programa de verificación en 26 idiomas.

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Los temores sobre un posible aumento de la incitación al odio han aumentado cuando Meta también ha eliminado restricciones sobre temas como el género y la identidad sexual. La última versión de las directrices comunitarias de la compañía dice que sus plataformas permitirían ahora a los usuarios acusar a las personas de “enfermedad mental o anormalidad” por su género u orientación sexual, por ejemplo.

Esta revisión de políticas de Meta llega a menos de dos semanas de que Trump asuma nuevamente la presidencia el 20 de enero. En los últimos años, los republicanos, así como Elon Musk, dueño de la red X (antes Twitter) y muy cercano al magnate, se han quejado de los programas de verificación de información al considerarlos como una “censura”.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dio 72 horas a Meta, a partir del viernes último, para explicar sus políticas sobre verificación de contenidos en Brasil y exigió que proteja los “derechos fundamentales” de los ciudadanos en sus plataformas. Ante la “ausencia de transparencia” de Meta, el ejecutivo fijó un plazo de “72 horas para informar al gobierno brasileño cuál es, de hecho, su política para” el país más poblado de Latinoamérica, dijo a periodistas Jorge Messias, encargado de la defensa legal del Estado.

Messias advirtió que su oficina adoptará “medidas legales y jurídicas” si la empresa de Mark Zuckerberg no responde a tiempo a la notificación extrajudicial enviada este viernes, sin precisar cuáles serían las consecuencias de un eventual desacato.

Zuckerberg, fundador y director de Meta, sacudió el mundo de las comunicaciones al anunciar el martes que cesará su programa de fact-checking (verificación digital) en Estados Unidos, un giro radical en sus políticas de verificación de contenido que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida generó preocupación en varios países, incluido Brasil, donde las autoridades libran una batalla contra la desinformación en línea. La fiscalía brasileña ya había fijado el miércoles un plazo de 30 días para que Meta informe si planea implementar los cambios de fact-checking en el país.

La oficina de Lula reveló que la sorprendente decisión del gigante tecnológico estadounidense fue discutida en una llamada telefónica entre el presidente y su par francés, Emmanuel Macron, el viernes. Los mandatarios coincidieron en que “la libertad de expresión no significa libertad de difundir mentiras, prejuicios y ofensas”, según un comunicado. Messias resaltó la “enorme preocupación del gobierno brasileño” al señalar que Meta parece una “veleta, que cambia de posición todo el tiempo según los vientos”.

Brasil pidió a Meta “aclaraciones” por el cierre de su programa de verificación de informaciones, “entre otros cambios a los lineamientos de la empresa que pueden afectar la promoción y protección de los derechos fundamentales”. En particular, interroga qué medidas serán tomadas para prevenir la violencia de género, maltrato infantil, racismo, homofobia, discursos de odio y otros temas de derechos humanos.

“La información falsa, la desinformación y los discursos de odio debilitan la confianza en las instituciones democráticas” y “perjudican la participación eficaz de los ciudadanos en los asuntos públicos”, señaló la agencia estatal en el texto. El gigante informático, que abarca las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó el jueves en portugués sus nuevas directrices, incluidas las referidas a género e identidad sexual.

Según la notificación extrajudicial, los usuarios podrán asociar a las personas de la comunidad LGBTI con “trastornos mentales” y se permitirá la “defensa de limitaciones profesionales basadas en género”. “No vamos a permitir de ninguna forma que esas redes transformen el ambiente en una masacre o barbarie digital”, dijo Messias. Brasil también exige saber el nivel de “transparencia” y “diversidad” que se implementará en el nuevo programa de verificaciones hechas por los propios usuarios anunciado por Zuckerberg, siguiendo el ejemplo de las notas comunitarias de X.

“El gobierno no va a quedarse de brazos cruzados, como están viendo”, dijo Messias. Las medidas con respecto a Meta fueron tomadas después de una reunión de Lula con su gabinete para evaluar las implicaciones en Brasil. “Todas las empresas que actúan en el país necesitan respetar la legislación y la jurisdicción brasileñas”, dijo luego el mandatario en X.

Horas después, se sumó a una campaña para ayudar a pagar una deuda millonaria del club de fútbol Corinthians, del que es hincha, a través de un sistema de micropagos electrónicos instantáneos. Lo hizo para desvirtuar una “mentira” divulgada en redes recientemente, según la cual su gobierno busca gravar esa herramienta financiera, muy utilizada por los brasileños.

Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas digitales en agosto, cuando la red X fue bloqueada durante 40 días en todo el país por orden de la corte suprema por desobedecer órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.

El juez que ordenó el bloqueo, Alexandre de Moraes, advirtió el miércoles que las redes sociales “solo continuarán funcionando si respetan la legislación brasileña, independientemente de bravuconadas de dirigentes irresponsables de las Big Techs”.

La Agence France-Presse (AFP) trabaja con el programa de verificación de contenidos de Facebook en 26 idiomas. Facebook paga para usar las verificaciones de unas 80 organizaciones a nivel global en su plataforma, así como en WhatsApp e Instagram.

Fuente: AFP.