Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”, cuya condena a 45 años de cárcel por narcotráfico fue anunciada este martes pasado en un tribunal de Estados Unidos, escaló las filas de varios grupos armados en Colombia hasta convertirse en el mayor barón de la cocaína de este siglo. Probablemente pase el resto de su vida tras las rejas dado que tiene 51 años.

A finales de 2021, cuando fue capturado en las selvas del noroeste de Colombia en un operativo en el que participaron 500 militares y policías respaldados por agencias de Estados Unidos y el Reino Unido, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, lo comparó con Pablo Escobar. En una corte de Nueva York, adonde llegó extraditado en mayo de 2022, reconoció haber enviado a Estados Unidos 96.800 kilos de cocaína.

En enero aceptó los cargos de empresa criminal continuada, conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, así como de conspiración marítima para tráfico de drogas. Su condena ocurre en momentos en que el negocio de la cocaína atraviesa una inédita crisis en Colombia por la sobreproducción y el cambio en los hábitos de consumo en Estados Unidos.

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El que fuera líder del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como Clan del Golfo, esperaba que su admisión de culpabilidad le evitara un largo y costoso juicio. Y tal vez, un fallo más clemente de la jueza Dora Irizarry.

De origen campesino y señalado de abusar sexualmente de niñas, pasó de guerrillero de izquierda a paramilitar de extrema derecha, antes de consolidarse como capo de la cocaína. Durante su reclusión, el robusto narcotraficante se quejó por las duras condiciones de aislamiento que le impedían hablar con su familia o recibir correspondencia.

En vísperas de su extradición, aseguró ante un tribunal que altos mandos militares estuvieron implicados en el tráfico de droga y salpicó a políticos que se favorecieron del control territorial que tenía. En represalia por su entrega, sus hombres desataron una ola de ataques en la que murió una treintena de policías.

Nacido el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Necoclí (noroeste), pasó a encabezar el Clan del Golfo tras la muerte de su hermano Juan de Dios, caído en enfrentamientos con la policía en 2012. Junto a él había montado un aparato criminal con presencia en casi 300 de los 1.102 municipios del país, principalmente en su región natal, cercana a la frontera con Panamá, pero también al Pacífico y al Caribe, un lugar estratégico para la salida de cargamentos de droga, según el centro de estudios Indepaz.

En el “trabajo militar, se cometieron homicidios”, reconoció ante una corte de Brooklyn. Su grupo, también conocido como Los Urabeños y Clan Úsuga, “dio seguridad a laboratorios y narcotraficantes y cobraba impuestos” por la cocaína. “La AGC cobraba tarifa fija por cada kilo que se manufacturaba o transportaba por las áreas que controlaba el grupo”, detalló. Su hermana, Nini Johana Úsuga, alias “La Negra”, fue extraditada en julio de 2022 a Florida (Estados Unidos) para responder también por narcotráfico.

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Otoniel, séptimo de los nueve hijos de Ana Celsa David y Juan de Dios Úsuga, una pareja que dice ganarse la vida con la venta de marranos, gallinas y ganado en el departamento de Antioquia (noroeste), se unió a los 18 años al Ejército de Liberación Popular (EPL), una guerrilla de izquierda desmovilizada en 1991. “No era revolucionario, era lo que había y se fue con ellos”, aseguró su madre en una entrevista al periódico El Tiempo en 2015.

Tras la disolución del EPL se unió a las a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una organización paramilitar de extrema derecha creada para combatir a las guerrillas y con nexos con el narcotráfico que se sometió a la justicia en 2006. Una vez más Otoniel siguió en la ilegalidad.

En Colombia sus víctimas solicitaron la “suspensión” de la extradición, alegando su derecho a conocer la verdad. Antes de salir del país dijo al tribunal que investiga los peores crímenes del conflicto que los excomandantes del ejército Mario Montoya (2006-2008) y Leonardo Barrero (2013-2014) fueron sus cómplices. También compareció ante una entidad no judicial llamada Comisión de la Verdad, que denunció el robo de estas grabaciones en febrero del año pasado.

Sin haber designado aún a un sucesor, sus herederos de las AGC buscan acogerse a la política de “Paz Total”, con la que el presidente Gustavo Petro plantea un sometimiento a cambio de beneficios penales para las bandas narco. Pero las conversaciones se estancaron y en marzo el grupo fue excluido de una tregua bilateral planteada por el gobierno a las principales organizaciones armadas.

Fuente: AFP.