Por Juan Marcelo Pereira

Este 15 de junio se recuerda la trágica muerte de 17 paraguayos (6 policías y 11 campesinos) en Curuguaty, ocurrida hace 11 años y en circunstancias inexplicables. El trágico suceso generó una gran controversia política y judicial en Paraguay, además del posterior juicio político y destitución del entonces jefe de Estado, Fernando Lugo, concretada en el Congreso faltando poco más de un año para que concluyera su mandato.

“La pregunta sigue siendo la misma que escuchamos hace algunos años ¿Qué pasó en Curuguaty? Tal vez esta fecha sirva para poder seguir exigiendo la respuesta del Estado paraguayo. Nunca se lograron esclarecer los hechos, las causas, los motivos”, dijo el senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Curuguaty continúan pidiendo Justicia. La tragedia desnudó la problemática de la lucha por el acceso a la tierra, que sigue latente en la actualidad.

“Ese hecho, que fue lamentable y doloroso para nuestro país, se junta con el histórico reclamo de acceso a las tierras por parte de muchos compatriotas campesinos. El problema de la distribución y el acceso a las tierras sigue siendo un problema real y nadie puede ocultarlo. El tema de Curuguaty es parte de ese conflicto, se debe dar una salida al problema de la tierra en ese lugar”, sostuvo el congresista.

El conflicto se originó en el sitio conocido como Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Hasta allí llegaron más de 300 efectivos policiales que ingresaron al terreno para efectuar un operativo de desalojo de unos 60 campesinos que estaban instalados en tierras que supues­tamente pertenecían al empresario Blas N. Riquelme, pero que también el Estado reclamaba como suyas.

El enfrentamiento y el resultado fue luctuoso. Sobre las hipótesis, se habla desde un “golpe parlamentario” contra el gobierno de ese entonces, hasta una “simple emboscada” realizada por los labriegos contra los agentes policiales durante el desalojo y que terminó de la peor manera.

“Si fue instrumentalizado o no, es una duda que ojalá alguna vez se aclare, lo que sí sabemos es que sirvió para tumbar un gobierno absolutamente legítimo”, comentó Richer.

La tragedia de Curuguaty, registrada aproximadamente a las 7:30 y a 1.600 metros de la ruta 10 Las Residentas, generó un gran revuelo a nivel internacional. Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En la causa fueron sentenciados en el 2016 los labriegos Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro Benítez, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Mari Olmedo, Felipe Benítez Balmori, Juan Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro por los delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble.

No obstante, en el año 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada en su momento por los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández (actual fiscal general del Estado) y Arnaldo Martínez, revocó la sentencia condenatoria.

“Hemos llegado incluso a que la condena de los acusados fuera anulada, esto colocó más oscuridad al hecho. Existen muchos episodios en la historia política del Paraguay que nunca se aclararon definitivamente, como el marzo paraguayo por ejemplo”, indicó el senador en referencia a las incertidumbres que hasta hoy persisten sobre Curuguaty.

El abogado y exdiputado del Partido Colorado Óscar Tuma, quien se desempeñó como uno de los fiscales acusadores en el juicio político a Lugo, sostuvo que el principal argumento para su destitución fue “mal desempeño en el cargo”.

Tuma afirmó que Lugo demostró su incapacidad para gobernar, siendo una de las principales causas la tragedia de Curuguaty y la pérdida de 17 vidas paraguayas. “La razón fue la pérdida de confianza, gobernar de manera irresponsable”, dijo en comunicación con La Nación/Nación Media.

El exparlamentario recordó los cincos hechos por los cuales se acusó al expresidente de la República, hasta lograr su destitución y colocar al frente del Poder Ejecutivo al entonces exvicepresidente, el liberal Federico Franco.

• Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.

• Ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.

• Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

• Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II), que sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría del Mercosur a cualquier país miembro en el que hubiera algún tipo de golpe de Estado.

• Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.

• Gobernar de manera “impropia, negligente e irresponsable”, generando “la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas”.

Lejos del revuelo político y judicial generado por varios años, el Estado aún no logró resolver la problemática que desencadenó la tragedia de Curuguaty: las tierras conocidas como Marina Cue. En el mes de diciembre de 2020, el Congreso sancionó el proyecto de ley para la regularización de las tenencias de tierras en la zona.

La iniciativa contemplaba la desafectación de 1.700 hectáreas con el fin de convertirlas en un asentamiento. Sin embargo, fue rechazada en el mes de enero de 2021 por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.