El narco envalentonado, cientos de muertos en las cárceles y un gobierno acosado por un escándalo y por el malestar de una población empobrecida por la pandemia: Ecuador vuelve a mirar al abismo de la inestabilidad. La criminalidad, en buena parte ligada a las drogas y que deja casi 1.900 fallecidos este año, cobró el viernes la vida del atleta Álex Quiñónez, uno de los mejores velocistas del mundo y quien fue asesinado a bala.

Los nubarrones se juntan sobre este país de 17,7 millones de habitantes, que tuvo siete mandatarios entre 1997 y 2005 y donde este año ocurrió de las peores masacres carcelarias en la historia de Latinoamérica. Con cinco meses en el poder, el conservador Guillermo Lasso enfrenta además una investigación en el Congreso, donde no tiene mayoría, por los “Pandora Papers” que revelaron cómo presuntamente ocultó activos en paraísos fiscales.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, el narcotráfico estalló en las narices de un Ecuador que fue un remanso de paz durante los conflictos armados en sus vecinos. Lasso declaró el estado de excepción por 60 días para sacar a los militares a las calles en apoyo a la policía, sin restringir de momento las libertades civiles.

Una guerra por las rentas de la droga enfrenta a bandas al servicio de carteles de México y Colombia. “La soberanía nacional está amenazada por el narcotráfico”, dijo el mandatario. La tasa de homicidios pasó de 7,8% por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6% entre enero y octubre de 2021.

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La nación “está entre los corredores que conducen a los países de mayor consumo de droga como es el caso de los Estados Unidos, por la cuenca del Pacífico, y de Brasil, por la cuenca del río Amazonas”, señaló a la AFP el experto en seguridad Fernando Carrión, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Los narcos tienen sus ojos puestos en Ecuador por sus fronteras permeables, una economía dolarizada e importantes puertos marítimos para la exportación.

Un tercio de la cocaína colombiana ingresa al país, donde apenas “el 40% de lo que se mueve en términos de flujo monetario está bancarizado”, indicó a la AFP Fredy Rivera, director de la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad URVIO. Los decomisos de drogas pasaron al récord anual de 147 toneladas entre enero y octubre de 2021 y expertos consideran que el consumo interno bordea las 100 toneladas.

Cruentos choques armados entre presos de bandas, vinculadas a carteles como los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, dejan unos 240 muertos en lo que va del año. En septiembre, 119 reclusos de una prisión de Guayaquil murieron en una de las peores masacres penitenciarias en Latinoamérica.

Las penitenciarías son “comandos centrales criminales”, de acuerdo con Rivera. Lasso desplegó tropas militares hacia las cárceles, con capacidad para 30.000 personas y con una superpoblación de 30%. Y las dos principales organizaciones criminales de Ecuador suman unos 20.000 miembros. Ecuador carece de “una respuesta contundente frente a un problema mayor, que es la penetración del crimen organizado transnacional”, anotó Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Lasso, de 65 años, también enardeció los ánimos de indígenas, obreros y estudiantes al incrementar el viernes hasta en 12% los combustibles, con lo que el galón de diésel pasó a 1,90 dólares frente al dólar que costaba hace un año. Esos sectores marcharán este martes en Quito para exigir un congelamiento de los precios anteriores tras alzas mensuales desde 2020.

“En vez de bajar las tensiones, esto está provocando tremendamente la molestia, el descontento de los trabajadores y el pueblo”, manifestó a la AFP el dirigente sindical Ángel Sánchez. En la protesta estará la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, y que lideró las manifestaciones de 2019 contra la eliminación de subsidios a los combustibles, con saldo de once muertos y que obligaron al entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) a dar marcha atrás.

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Si el gobierno “decide irse por la alternativa coercitiva, imponerse, este conflicto, estas tensiones van a escalar y no van a llegar a un buen puerto”, advirtió a la AFP la politóloga Karen Garzón Sherdeck, de la universidad SEK.

El exbanquero, indagado por la Fiscalía y el Congreso por aparecer en los “Pandora Papers”, gobierna con un Legislativo dominado por la izquierda, en la que el bloque del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017, principal opositor de Lasso) es la principal fuerza con 49 de los 137 escaños. El Ejecutivo estima que la intención del Parlamento es llevar al jefe de estado a juicio político para destituirlo.

Fuente: AFP.