Veinte años después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos sigue librando su “guerra contra el terrorismo” en un terreno montañoso en el sudeste de Cuba conocido como Bahía de Guantánamo. Pocos meses después de los ataques, Estados Unidos detuvo a cientos de personas con presuntos vínculos con el perpetrador de los atentados, Al Qaida, y las trasladó a la base naval que controla en la isla caribeña.

Fueron etiquetados como “combatientes enemigos” y encerrados por tiempo indeterminado, hasta que, según dijo el entonces vicepresidente Dick Cheney, “termine la guerra contra el terrorismo”, que oficialmente todavía está en curso. La mayoría de los 780 sospechosos que llegaron a estar encarcelados en celdas como jaulas han sido liberados, a menudo después de pasar más de una década en la base sin haber sido jamás acusados formalmente de algún delito.

Hoy permanecen en Guantánamo 39 detenidos. A algunos de ellos se les ha prometido una liberación que nunca llegó. Una docena son considerados por Washington como peligrosos dirigentes de Al Qaida, incluido Jalid Sheij Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre.

Bajo la presidencia de Joe Biden, los procesos judiciales se reanudaron después de un retraso causado principalmente por la pandemia de COVID-19. El 7 de septiembre, tras una interrupción de 17 meses, se retomarán las audiencias previas al juicio de Mohammed y otras cuatro personas, cuatro días antes del vigésimo aniversario del ataque.

Pero no hay certeza de que se dicte un veredicto para los cinco antes del 21 aniversario de los atentados, en 2022, o el vigésimo primero, en 2023. El sistema de comisiones militares que supervisa a los 12 acusados de Al Qaida ha demostrado ser caótico, difícil de manejar y, a menudo, contrario a la ley estadounidense, hasta el punto de que en 20 años solo dos han sido condenados.

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Benjamin Farley, un abogado del Departamento de Defensa que representa a uno de los cinco acusados en el juicio del 11 de septiembre, calificó a las comisiones como “un experimento costoso y fallido de justicia ad hoc”. Marcado por acusaciones de que el gobierno ha retenido y falsificado pruebas y de que el contacto de los abogados con sus defendidos ha sido únicamente telefónico, el proceso se ha visto enturbiado sobre todo por las denuncias de brutales torturas formuladas por los detenidos.

“Creo que todos en todos los lados saben que las comisiones son un fracaso”, dijo Shayana Kadidal, del Centro de Derechos Constitucionales. Los problemas son tales que los otros 10 podrían pasar el resto de su vida en Guantánamo, dijo a la AFP.

Guantánamo ha demostrado ser tanto un dolor de cabeza como una vergüenza para el gobierno de Estados Unidos, que ha sido acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos. Aislada en una costa rocosa a varios kilómetros de distancia de la principal base naval de Guantánamo, la instalación cobró notoriedad a raíz de la operación de la CIA para capturar a sospechosos de ser miembros de Al Qaida para trasladarlos en secreto a sus “sitios negros” (centros clandestinos de detención) diseminados por todo el mundo.

Allí, fueron sometidos -por días, semanas e incluso años- a intensos interrogatorios y torturas, incluido el ahogamiento simulado conocido como “submarino”. Luego fueron llevados a Guantánamo, y el gobierno del republicano George W. Bush determinó que no podían acogerse a la protección de las convenciones de Ginebra o de las leyes estadounidenses.

En enero de 2002 los presos en la base naval eran 20, pero su número se disparó rápidamente hasta 780. Contra la gran mayoría de ellos el gobierno carecía de pruebas de que tuvieran vínculos con Al Qaida o con los atentados del 11 de septiembre. Fueron liberados en silencio, aunque algunos debieron esperar diez años. Una noche de 2006 tres presos aparecieron ahorcados en sus celdas. Sus carceleros afirmaron que se trataba de “suicidios coordinados”, pero surgieron pruebas de que habían sido asesinados por quienes los interrogaban.

Cuando el demócrata Barack Obama asumió la presidencia, en enero de 2009, aún quedaban unos 240 detenidos. Un alto funcionario de su gobierno dijo entonces que la prisión no solo era una vergüenza para la reputación de Estados Unidos sino también una “herramienta de propaganda” para los yihadistas.

Una de las primeras acciones de Obama fue ordenar el cierre de Guantánamo en un año. Pero los legisladores republicanos bloquearon el cierre en el Congreso, dejando a los detenidos en un limbo legal. Obama, sin embargo, presionó para liberar a la mayoría, y solo quedaban 41 cuando Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017.

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En lugar de continuar con las liberaciones, Trump las congeló y amenazó con llenar más celdas de Guantánamo con combatientes del grupo Estado Islámico capturados en Irak y Siria. Biden, que fue vicepresidente de Obama, se ha mostrado favorable al cierre de la prisión.

Sin embargo, según analistas, no va a seguir el mismo camino de Obama, al considerar que se fracasaría nuevamente en el intento. En mayo las comisiones militares reanudaron las audiencias y Biden ha tratado desde entonces de impulsar la liberación, en silencio, de quienes no enfrentan juicio.

Fuente: AFP.