Ante un cine del barrio de Greenwich Village, Thisbe tiene su billete de entrada en la mano y su tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Desde el martes ese certificado es el “ábrete sésamo” para muchas actividades en Nueva York donde la pandemia dejó su marca.

“Me siento más cómoda si todo el mundo está vacunado en el cine”, explica esta estudiante de 17 años, que espera a una amiga para ver Ema, el drama chileno de Pablo Larraín. ¿La obligación de vacunarse atenta contra la libertad? A la entrada del pequeño cine Thisbe desestima esa cuestión.

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“Es tu decisión si no quieres vacunarte, pero es una elección egoísta”, explica la joven que recibió su primera dosis en abril, en cuanto pudo, para “proteger a su familia”. Restaurantes, museos, salas de concierto, boliches, acuarios, discotecas, piscinas cerradas y gimnasios... Desde el martes es necesario mostrar un certificado haber recibido al menos una dosis de vacuna anti-COVID-19, su foto o un pase digital en el teléfono, para acceder a una larga lista de actividades en interiores.

De Broadway al Met Ópera, los sitios culturales más prestigiosos que reabrirán a partir de septiembre lo anuncian claramente: sin vacuna no hay acceso. Las ciudades de San Francisco y Nueva Orleáns tomaron medidas similares.

En Nueva York, los establecimientos tienen hasta el 13 de septiembre para adaptarse antes de los primeros controles, pero desde ahora se ven anunciadas las nuevas reglas en numerosos escaparates. Elena Batyuk, gerente del café restaurante Reggio, quiere hacer pedagogía durante ese tiempo. “Lo que quiero evitar es que clientes se enojen contra mi equipo o les griten”, explica.

“Pedir sus datos médicos a la gente (...), decirles qué tienen que hacer no es lo mío”, resopla. “Pero si es lo que nos piden (...), todo el mundo será bienvenido aquí. Solo que algunos estarán en terraza”, suspira Elena. En la ciudad de más de 8 millones de habitantes, cerca del 75% de adultos ha recibido al menos una dosis, según la alcaldía que trata de reactivar la vacunación prometiendo 100 dólares por cada primera dosis.

A unos cuantos kilómetros de Greenwich Village, en su pequeño bar en Brooklyn llamado Paul´s, Jillian Wowak apoya por completo la vacunación obligatoria, apurada por dejar atrás la pandemia. “Los que no se hacen vacunar, de alguna manera siento que juegan con mi dinero”, explica esta gerenta que pide a sus clientes estar inmunizados. “Aquí no se puede mantener una máscara para comer o beber. Si debo hacer espacio entre los clientes puedo acoger solo cuatro personas”, ironiza.

En toda la ciudad hay vitrinas vacías, a pesar de la reanudación de las actividades en la primavera. La mayoría de los turistas extranjeros aún no han vuelto y la emergencia de la hipercontagiosa variante delta hace temer un nuevo golpe.

“Fuimos los primeros y los más afectados” en la primavera de 2020, recuerda Diane Gnagnarelli, profesora de teatro de 62 años, quien recuerda que uno de sus sobrinos que vivía cerca de un hospital de la ciudad en donde se veían camiones frigoríficos transformados en morgues improvisadas. “Aquí vivimos unos sobre otros, entonces con la variante delta (...) estamos obligados a confiar en la ciencia”, agrega, convencida de que alguna forma de vacunación obligatoria terminará por imponerse.

Francia exigirá el certificado sanitario para ingresar en al menos 126 centros comerciales de más de 20.000 metros cuadrados del país, ubicados principalmente en las regiones donde existe un riesgo alto de contagio. Este documento consiste en un certificado de vacunación completo, un test negativo de coronavirus de menos de 72 horas o un certificado de recuperación de menos de seis meses.

Los principales centros comerciales afectados por esta medida están ubicados en la región parisina y en el sur de Francia. Este certificado ya es obligatorio en restaurantes, bares, museos y cines, así como para viajes en trenes de larga distancia o vuelos domésticos. Decenas de miles de personas manifestaron el sábado en varias ciudades de Francia, por quinta semana consecutiva, para protestar contra la instauración de este dispositivo.

Para el presidente Emmanuel Macron es la manera de fomentar la vacunación, proteger a la población y evitar nuevos confinamientos. Para sus detractores, es un abuso de poder que restringe las libertades esenciales, divide y segrega.

El gobierno de Italia decretó obligatorio el pasaporte sanitario contra el coronavirus para los profesores y los pasajeros del transporte público, incluidos los vuelos nacionales, los transbordadores y los trenes de larga distancia.

El llamado Green Pass, una extensión del certificado digital COVID-19 de la Unión Europea, se exigirá a partir del viernes para entrar en cines, museos y recintos deportivos cubiertos, o para comer en restaurantes cerrados.

El certificado sanitario acredita que los portadores han sido vacunados con al menos una dosis, se han recuperado del COVID-19 en los últimos seis meses o han dado negativo a un test en las 48 horas anteriores.

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Según el nuevo decreto ley, el personal escolar y universitario necesitará el pase, al igual que los estudiantes universitarios. El personal que no lo tenga durante cinco días seguidos será suspendido y se le congelará el sueldo, según los medios italianos. El ministro de Educación, Patrizio Bianchi, dijo en una rueda de prensa que más del 86% del personal escolar había sido vacunado, y que la cifra podría acercarse al 90%.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, hizo por su parte un llamamiento a las familias para que vacunen a los niños mayores de 12 años, y dijo que los adolescentes podrán acceder a los test rápidos de detección de COVID-19 a precio reducido.

El Green Pass también será obligatorio en vuelos nacionales, trenes y algunos servicios de ferry a partir del 1 de septiembre. Italia fue el primer país de Europa que obligó a los médicos y al personal sanitario del sector público y privado a vacunarse.

Fuente: AFP.