El pueblo pintoresco de Rosia Montana, en el corazón de Rumanía, espera que la Unesco le dé una alegría e incluya sus minas de oro en la lista de Patrimonio de la Humanidad, para enterrar de una vez un polémico proyecto de explotación.

Este lugar situado en los Cárpatos occidentales alberga un “conjunto excepcional” de galerías romanas del siglo II. Es “la más importante y la más grande conocida”, asegura Icomos, un organismo consultivo de la ONU que aconseja que se incluya. Pero los habitantes están divididos: una parte defiende este tesoro y la otra, el sector minero.

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La discordia comenzó en los años 1990 cuando la compañía canadiense Gabriel Resources se asentó en el municipio para extraer 300 toneladas de oro y 1.600 toneladas de plata haciendo saltar por los aires cuatro macizos en los que se hallaba la mayor parte de los vestigios romanos.

A través de su filial Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), en la que el Estado rumano posee un 20%, esta compañía tiene previsto utilizar 12.000 toneladas de cianuro por año, lo que según los expertos entraña un riesgo adicional para el medio ambiente.

“Solo los talibanes destruyen sus vestigios”, protesta furioso Eugen Cornea, de 70 años, un opositor al proyecto minero. Si los canadienses llevan a cabo sus planes “este valle boscoso acabaría engullido (...) Dos aldeas, tres iglesias, una de ellas construida en 1720, todo desaparecería”, afirma el topógrafo jubilado, gran conocedor de los senderos de este anfiteatro natural.

El alcalde Eugen Furdui, defensor de los canadienses, no lo ve con los mismos ojos. Estima que una decisión favorable de la Unesco “solo traería desventajas, se bloquearía la explotación de los yacimientos de oro y la creación de empleo”, declara a la AFP. RMGC promete que contratará a 800 personas en la mina.

Con o sin la Unesco los canadienses no han avanzado desde que consiguieron una concesión minera en 1999. Los sucesivos gobiernos, presionados por las manifestaciones multitudinarias, se negaron a darles un acuerdo medioambiental indispensable.

Gabriel Resources lo considera una “expropiación” y en 2015 recurrió a la jurisdicción de arbitraje internacional del Banco Mundial (Cirdi) en Washington para reclamar a Rumanía miles de millones de dólares por daños y perjuicios, basándose en que la cotización de su compañía se desplomó desde 2011 debido a estas circunstancias. La sentencia se espera en 2022 y la empresa ha asegurado a la AFP que no descarta emprender más acciones legales si finalmente se declara lugar protegido.

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Antes de la llegada de los comunistas en 1946, las calles albergaban un casino y las oficinas de bancos donde los buscadores de oro vendían sus pepitas. En la actualidad ni siquiera hay un cajero automático y los letreros informan que la mayor parte de las casas pertenecen a RMGC.

Las compró a un alto precio para animar a sus propietarios a marcharse del pueblo. Las construcciones con puertas de madera tallada corren el riesgo de derrumbarse. La compañía afirma que las restaurará “en cuanto se lance el proyecto minero”. Con la ayuda de decenas de voluntarios, Claudia y Virgil Apostol, una pareja de arqueólogos, se empecinan desde hace diez años en devolverles su esplendor.

“Estas construcciones todavía se pueden salvar, pero cuanto más tiempo transcurra, más difícil resultará”, afirma Claudia, quien explica que los comienzos fueron difíciles porque había “habitantes adoctrinados hasta el punto de odiar su patrimonio”.

Tica Darie, de 28 años llegó en 2013: “Me encontré en un campo de batalla”, afirma el joven, que ha creado una pequeña empresa, “Made in Rosia Montana”, y contrató a unas 30 mujeres para tejer capuchas y bufandas de lana. No todos los maridos lo apreciaron. Varios de ellos pidieron a sus esposas que devolvieran los ovillos para evitar desagradar a RMGC, cuenta.

En el cementerio católico, Sorin Jurca está muy enfadado. “La compañía incluso desenterró a los muertos”, afirma este antiguo minero. Dice que los habitantes que aceptaron trasladar los huesos de sus seres queridos a otro lugar cobraron el equivalente a 400 euros. Él cruza los dedos para que la Unesco se apiade del lugar, de lo contrario “aquí quedará un desierto”.

Fuente: AFP.