Varios países han visto politizar o estallar denuncias en torno al coronavirus y las estrategias para contenerlo, como en el caso de Brasil, donde la Fiscalía decidió abrir una investigación sobre las acusaciones de “prevaricación” contra el presidente Jair Bolsonaro.
Brasil: cargos contra Bolsonaro
La Fiscalía brasileña decidió abrir una investigación sobre las acusaciones de “prevaricación” contra el presidente Bolsonaro, sospechoso de no haber denunciado un intento de corrupción en su gobierno durante la compra de vacunas antivirus.
El jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil, Luis Ricardo Miranda, detectó el 18 de marzo una factura sospechosa de 45 millones de dólares en su escritorio por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech. No se había entregado ninguna vacuna y Covaxin no había recibido la aprobación de las autoridades sanitarias.
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Además, en el contrato, por un total de 300 millones de dólares, en ninguna parte se menciona a Madison Biotech, la empresa de Singapur que envió la factura y que parecía ser una empresa fantasma.
Luego, el funcionario alertó a su hermano, el parlamentario Luis Miranda, partidario de Jair Bolsonaro y, según las declaraciones de ambos, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo y les aseguró que remitiría el asunto a la Policía Federal. Pero aparentemente nunca lo hizo, lo cual llevó a la Fiscalía a abrir esta investigación, pedida por tres senadores a la corte suprema.
Sudáfrica: contratos públicos
En Sudáfrica, cerca de 820 millones de euros en contratos relacionados con la lucha contra COVID son hasta la fecha son objeto de investigaciones por corrupción. Los casos de 63 funcionarios han sido remitidos a la Fiscalía Nacional y 87 empresas han sido incluidas en una lista negra y ya no podrán adjudicarse contratos públicos.
Una de las investigaciones apunta a dos familiares del ministro de Salud, Zweli Mkhize, quien fue separado con “licencia especial” por el presidente Cyril Ramaphosa el 8 de junio.
Perú: el “vacunagate”
En febrero de 2021, Perú se vio sacudido por el escándalo bautizado “vacunagate”, vinculado a la vacunación contra el COVID-19, que derivó en la renuncia de los ministros de Salud y Relaciones Exteriores.
Al menos de 487 personas fueron vacunadas de manera inadecuada incluso antes del lanzamiento de la campaña nacional, que comenzó el 9 de febrero y estaba dirigida prioritariamente a los trabajadores de la salud.
Entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra, inmunizado desde octubre de 2020 a pedido suyo, según el médico que comandó el ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm en Perú. Sin embargo, Vizcarra dio positivo en abril.
“Vacunas VIP” en Argentina y Ecuador
En febrero de 2021 estalló en Argentina el escándalo de las “vacunas VIP”, que obligó a dimitir al ministro de Salud, Ginés González García, tras revelaciones según las cuales propuso a sus amigos ser vacunados en el Ministerio sin concertar cita previa para el hospital.
Las autoridades publicaron una lista de 70 personas que habían recibido indebidamente la vacuna a pesar de que no entraban en la categoría de prioridad en ese momento. La nómina incluía al ministro de Economía, así como al ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa y sus hijos.
De su lado, en Ecuador, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, también renunció en febrero, implicado en un escándalo vinculado a la vacunación de personas no prioritarias, incluidos miembros de su familia.
Reino Unido: contratos públicos “entre amigos”
El gobierno británico es objeto de críticas crecientes por las polémicas concesiones de contratos públicos durante la pandemia, que muestran claros favoritismos y están ensuciando la reputación de las autoridades. “Creo que, si comparamos con la Gran Bretaña de hace una década atrás, hay un nivel de corrupción que no tiene precedentes”, señaló Emily Barritt, profesora de Derecho en el London King’s College, entrevistada por la AFP.
La repentina renuncia, a finales de junio, del ministro de Salud Matt Hancock, tras revelaciones de que mantenía una relación extramatrimonial con Gina Coladangelo, a quien había contratado como su asesora, es el caso más reciente de una contratación controvertida.
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Hancock ya había estado implicado en otros contratos públicos poco claros vinculados a la lucha contra COVID-19, en particular uno para fabricar tubos de ensayo por un monto 30 millones de libras esterlinas (más de 41 millones de dólares), adjudicado sin licitación a la empresa sin experiencia de un vecino suyo.
El diario The Daily Telegraph afirma que fue otorgado otro contrato, por 28 millones de libras esterlinas, a una empresa cuyo su director era el hermano de Coladangelo. Otro integrante del gobierno conservador de Boris Johnson, Michael Gove, fue declarado culpable de adjudicar de manera ilegal, sin llamado a licitación, un contrato de 560.000 libras a una empresa de sondeos de opinión, Public First, relacionada con el exasesor del primer ministro Dominic Cummings.
“Problemas de amiguismo”
Frente a estos “grandes problemas de amiguismo”, la oposición laborista solicita una investigación independiente. Según Daniel Fisher, investigador de la City University, la pandemia permitió “relajar todavía más las reglas”, ya antes muy flexibles, para los contratos públicos, “a través de concesiones turbias en el marco de suministros de urgencia”.
El ministerio de Salud, contactado por la AFP, afirmó que es “erróneo decir que hemos relajado las reglas de suministros. Tenemos reglas estrictas (...) y los ministros no tienen ningún rol en estos procedimientos”. El gobierno tiene el derecho, en casos de fuerza mayor, a no convocar licitaciones, pero debe publicar los términos de los contratos adjudicados de manera legal, algo que no ha hecho en numerosos casos.
Según la oenegé Good Law Project, que inició juicios contra el ejecutivo, los gastos relacionados con los contratos públicos vinculados a COVID-19, entre abril y noviembre de 2020 alcanzaron al menos 17.000 millones de libras esterlinas, pero sobre más de una cuarta parte no se revelaron los detalles.
GLP menciona contratos “alarmantes”, que a menudo se conceden a empresas sin ninguna experiencia previa. Cita entre muchos ejemplos a Ayanda Capital, empresa “vinculada a Liz Truss”, ministra de Comercio, que obtuvo un contrato de 252 millones de libras para proporcionar mascarillas protectoras a hospitales, que se revelaron inservibles.
La asociación anticorrupción Transparencia Internacional (TI) indicó en abril en un informe, que “la manera como el gobierno británico manejó las licitaciones para equipos de protección personal (...) parece sistemáticamente sesgada hacia aquellas empresas con contactos políticos”, sobre todo entre los conservadores.
“Si bien era posible al comienzo de la pandemia, cuando los países bregaban por obtener recursos sanitarios, esta justificación ya ha quedado obsoleta desde hace mucho tiempo”, explicó a la AFP un portavoz de esta oenege. Expertos afirman que es siempre posible lanzar licitaciones rápidas y transparentes. Como ejemplos citan a Suecia, Eslovaquia, Estonia y Letonia. Incluso, Ucrania ha publicado sus contratos públicos vinculados a COVID “dentro de las 24 horas”, de acuerdo a Steve Goodrich de TI.
Fuente: AFP.