La investigación abierta en el Vaticano sobre la compra de un costoso edificio de lujo en Londres reveló las fallas en el control financiero, las prácticas ilícitas de varios prelados y el apetito que despierta el dinero de la Iglesia.

La instrucción, de la que la agencia oficial Vatican News publicó extractos, sacó a la palestra un caso de una increíble complejidad con comisiones descomunales, pagos en efectivo e inversiones especulativas que le habrían costado una fortuna al pequeño Estado.

Diez personas físicas y cuatro empresas comparecerán ante el tribunal de la Santa Sede a partir del 27 de julio para responder de cargos como malversación de fondos, abuso de poder, extorsión, corrupción, soborno de testigos, blanqueo y fraude.

Entre los acusados se encuentran religiosos, empleados laicos del Vaticano y personas ajenas a la Santa Sede. El eclesiástico de mayor rango implicado en el caso es Angelo Becciu, de 73 años, primer cardenal procesado por la justicia civil del Vaticano.

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Becciu ocupaba un puesto clave en la Secretaría de Estado (el gobierno del Vaticano) cuando empezó el proceso de compra de un prestigioso inmueble del barrio londinense de Chelsea. El Vaticano afirma que él aprobó esa inversión con conocimiento de causa. El papa lo destituyó en septiembre de 2020.

Otra personalidad investigada es Cecilia Marogna, apodada “La dama del cardenal” o “Lady Vatican”. La consultora, de 40 años, es sospechosa de haberse embolsado al menos medio millón de euros (593.000 dólares) por sus supuestos servicios de mediadora, destinados a ayudar a liberar curas y monjas secuestrados en África y en Asia. Pero el dinero que le pagaba el cardenal se utilizó, sobre todo, para comprar artículos de lujo.

Entre junio de 2013 y febrero de 2014, la Secretaría de Estado tomó prestados 200 millones de dólares (170 millones de euros) al banco Crédit Suisse para invertir en el fondo del empresario italiano Raffaele Mincione, Athena Capital Global Opportunities.

El 30 de septiembre de 2018, las acciones habían perdido más de 18 millones de euros (21 millones de dólares) de su valor y “la pérdida global se estima en un monto mucho más importante”, indicó Vatican News.

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Mincione empleó el dinero en “operaciones imprudentes” y en intentar comprar bancos en crisis. El Vaticano quiso abandonar el fondo, recuperar el control en la toma de decisiones y comprar el edificio. Con este fin, recurrió a otro intermediario financiero, Gianluigi Torzi, para comprar las acciones de Raffaele Mincione.

Eso, sin saber que ambos estaban compinchados y contaban con cómplices en la Santa Sede: Enrico Crasso, gestor del patrimonio reservado de la secretaría de Estado, y Fabrizio Tirabassi, funcionario financiero de la Secretaría. A juicio de los investigadores, estos últimos cobraron comisiones. Gianluigi Torzi hizo que el Vaticano comprara 30.000 acciones sin derecho a voto, mientras que él mismo compró 1.000 con derecho a voto exclusivo.

El Vaticano no ha aportado ninguna estimación de a cuánto ascienden los daños. La operación “generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, y bebió incluso de los recursos destinados a las acciones caritativas personales del Santo Padre”, indicaba el comunicado oficial publicado el sábado para anunciar el proceso.

Los 170 millones de euros inicialmente invertidos (201 millones de dólares) solo valían 138 millones (163 millones de dólares) a fecha de 30 de septiembre de 2018. También se deben tener en cuenta las comisiones pagadas a los dos intermediarios por la gestión y el corretaje o la compra de acciones, equivalentes a millones de euros adicionales.

En noviembre de 2020, monseñor Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), evaluaba las pérdidas vinculadas al edificio de Londres en entre 66 y 150 millones de libras (77-175 millones de euros, 91-207 millones de dólares).

El Vaticano abre el martes un juicio en torno a la oscura compra de un lujoso edificio en Londres y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero en las finanzas de la Santa Sede, un escándalo que afecta la imagen de la Iglesia.

En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesores muy cercanos al papa Francisco.

El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia. El juicio, que durará varios meses, se celebrará en una sala especialmente preparada en los museos del Vaticano, con la presencia de un limitado grupo de periodistas.

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La primera audiencia, prevista para el martes, será dedicada a cuestiones técnicas, basadas en la compleja acusación de 500 páginas, fruto de dos años de investigación. Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el papa ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres. Esa compra “generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre”, reconoció la Santa Sede antes de la apertura del juicio.

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Todo un reto para Francisco, crítico férreo de la corrupción, el cual ha denunciado sin cesar la especulación financiera mundial desde su elección hace 8 años. El Vaticano publicó el sábado por primera vez el presupuesto anual de uno de sus departamentos clave encargado de la gestión de propiedades e inversiones.

“Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que, en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto”, aseguró el secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero.

Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestado 200 millones de dólares, buena parte de ellos al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione. La mitad de la suma tenía como objetivo adquirir parte del edificio de Londres y la otra parte sirvió para realizar inversiones bursátiles.

Raffaele Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros. La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.

Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.

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Torzi a su vez tomó el control de la propiedad del Vaticano (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero. Se trata de Enrico Crasso, un conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex-Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.

El otro es Fabrizio Tirabassi, un importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por sus intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.

Como en todo escándalo, las revelaciones de un misterioso personaje femenino, apodado la “Dama del cardenal”, ajena a la compra londinense, contribuyeron a incrementar las sospechas en torno al cardenal Becciu, destituido el 24 de septiembre del 2020 por el papa Francisco por sospechas de malversaciones.

La mujer, de cuarenta años, quien aseguró que realizaba actividades de inteligencia por cuenta de la Santa Sede para liberar a religiosos secuestrados por el mundo, recibía jugosas remuneraciones, según el llamado “método Becciu”, como lo tilda la prensa italiana. El gran interrogante ahora es si el caso salpicará a otras personalidades de la jerarquía de la Iglesia.

El secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, anunció que la entidad más cercana al pontífice se presentará como parte civil en el juicio, ya que se siente víctima de ese entramado que dejó “pérdidas considerables” en las finanzas vaticanas. Aún no se sabe si el purpurado deberá comparecer ante los jueces.

Fuente: AFP.