La Reserva San Rafael, una de las áreas protegidas más importantes de la Región Oriental de Paraguay, perdió casi el 50% de su bosque con los incendios forestales de noviembre del 2020. El narcotráfico aprovechó la situación y está extendiendo sus dominios dentro de la reserva para operar con sus plantaciones ilegales.

Así presenta la nota el medio especializado en medio ambiente Mongabay Latam, que publica este reportaje sobre el tema: “Paraguay, cultivos ilegales se expanden en zonas afectadas por los incendios”

Según la publicación, se llegó hasta el lugar gracias a una alerta del sistema satelital Global Forest Watch (GFW), que detectó focos de deforestación en el núcleo de la reserva San Rafael, ubicada entre los departamentos de Caazapá e Itapúa. Se trata de una de las áreas protegidas más importantes de la Región Oriental de Paraguay, que posee unas 73.000 hectáreas y se encuentra dentro del ecosistema conocido como Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA).

Entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2020, el infierno se apoderó de gran parte del área protegida. El reporte del mencionado medio habla de que varias zonas del núcleo se incendiaron durante días. “Nunca antes habíamos tenido un registro de esta magnitud en cuanto a pérdida de bosques”, dice Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de la organización Pro Cordillera San Rafael (Pro Cosara), quien trabaja hace varios años en la gestión del sitio. El incendio dejó 33.000 hectáreas de bosque quemadas, lo que representa el 45% de toda la reserva, según confirmaron a Mongabay Latam desde el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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Según registros del Sistema satelital de GFW, solamente en los incendios del 2020 San Rafael perdió el 31% de toda la superficie arbórea perdida desde el 2001 en esta área protegida.

El incendio coincidió con una época de extrema sequía que sacudió a gran parte de Paraguay. Fueron casi seis meses sin lluvias en una región acostumbrada hasta antes de eso a tener precipitaciones cada dos meses, como máximo.

Desde Pro Cosara y el Mades confirmaron a Mongabay que los focos de fuego en toda la reserva se han dado por intervención humana. Sin embargo, no hay investigaciones en el Ministerio Público que apunten a identificar a posibles responsables.

Entre los habitantes de San Rafael, la versión de que los incendios fueron causados por narcotraficantes se da como un hecho, pero nadie se anima a hablar y ninguna autoridad confirma esa hipótesis.

En efecto, la reserva tiene amenazada, día y noche, la totalidad de su territorio por narcos que buscan parcelas para la plantación ilegal de marihuana, traficantes que desean extraer madera y sojeros que irrumpen en las franjas de protección para extender sus cultivos. Así lo expuso una investigación realizada por Mongabay Latam y La Nación sobre los cultivos de marihuana que destruyen el bosque Atlántico en Paraguay y en todos los casos el desmonte se realiza prendiendo fuego.

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El documento señala además que los problemas no acabaron con la extinción del incendio. Ni bien terminó el fuego, los trabajadores de Pro Cosara comenzaron a registrar mayor presencia de cazadores furtivos.

La protección de las 73.000 hectáreas de la reserva está a cargo de siete guardaparques. Lo cual es ampliamente insuficiente para custodiar toda la extensión. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por ejemplo, recomienda un guardaparque por cada 500 hectáreas. Investigaciones científicas de WWF indican que el BAAPA alberga 264 especies de mamíferos y cerca de 936 especies de aves.

Rafael Sosa, director de biodiversidad del Ministerio del Ambiente de Paraguay, por su parte, manifiesta que hasta ahora la institución no ha terminado de evaluar la cantidad de especies que ha perdido la Reserva San Rafael con este incendio.

“Estamos trabajando en el tema fauna y flora. En cinco meses no tenemos una evaluación final ni datos confirmados sobre la cantidad de fauna y flora perdida”.

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Al drama de la deforestación en la Región Oriental, de Paraguay, en los últimos años se le sumó un actor violento: el narcotráfico.

Grupos de narcotraficantes han encontrado en los bosques naturales de las reservas y parques el lugar perfecto para operar con sus plantaciones ilegales. La Reserva San Rafael, justamente, es una de las áreas más afectadas en ese sentido. Según la organización WWF, dentro de su propiedad se han destruido unas 3.200 hectáreas para el cultivo de marihuana desde el 2004 hasta mediados del 2020.

Los investigadores sostienen que todo lo cultivado en estos terrenos termina en Brasil, principal mercado de toda la droga que sale de las reservas naturales de Paraguay.

Mongabay Latam señala que un nuevo operativo de la Senad y la Fiscalía Antidrogas realizado dentro de la Reserva San Rafael encontró decenas de parcelas de marihuana plantadas en el área que fue incendiada en noviembre. En la primera semana de marzo de este año, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y funcionarios del Ministerio Público intervinieron grandes extensiones del territorio que comprende la Reserva San Rafael. En pocos días destruyeron 42.000 kilos de marihuana que estaban plantados en 14 hectáreas.

“Es una realidad que tenemos ahí, el tema de las plantaciones ilegales significa un grave problema en toda la zona”, reconoce el director de biodiversidad del Mades. Sostiene que la presencia de narcotraficantes hace que las intervenciones del Ministerio del Ambiente sean menos seguidas, ya que se requiere contar con acompañamiento policial, incluso fiscal, para llegar hasta ciertos puntos.

Sosa recuerda que durante los incendios, los bomberos forestales tenían que estar custodiados por agentes policiales para ingresar en algunas zonas controladas por los narcos. “Imaginate que teníamos que operar así, con los bomberos y buscando resguardo”, dice el funcionario.

Gran parte de estas plantaciones ya estaba dentro de las áreas que fueron quemadas en el incendio. Justamente, la preocupación de las comunidades que viven en los alrededores y de la gente que trabaja en el área protegida es que los narcos vayan tomando cada vez más terreno en la zona, ahora que el incendio dejó limpias muchas hectáreas, algo ideal para que puedan operar en la tierra de la reserva.

El fiscal antidrogas Carlos Gómez encabezó el operativo. “Nosotros encontramos que todas las hectáreas habían sido quemadas antes. Estimamos que después de los incendios, es probable que más de estos grupos ingresen hasta el núcleo para seguir con sus plantaciones”, asegura.

Carlos Gómez es uno de los dos representantes antidrogas del Ministerio Público que tiene todo el departamento de Itapúa a su cargo para atender todos los casos relacionados a investigaciones sobre drogas, tráfico, narcotráfico y otros. El segundo fiscal es Enrique Díaz. Son dos agentes para un área de 16.525 km², una superficie equivalente a la mitad de Bélgica.

Según los registros históricos de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, en esta área silvestre se han decomisado 48.913 kilos de marihuana en diferentes operativos entre 2015 y 2019, además de la destrucción de 134 hectáreas de plantación.

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La Reserva San Rafael hasta ahora no tiene definida su categoría jurídica de área protegida en Paraguay, por más que se trate del segundo remanente boscoso más importante del Bosque Atlántico. Existe un decreto presidencial del 2002 que modificó su categoría –que desde 1992 era Parque Nacional– a “Propuesta para Reserva para Parque Nacional”. Según expertos ambientalistas, esta categoría no existe en la legislación paraguaya relacionada a las áreas protegidas.

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional se reunió el pasado 7 de abril con representantes de instituciones estatales, organizaciones ambientales, productores agropecuarios e indígenas con la intención de buscar una definición legal del área protegida. Se conformó una Comisión de Gestión Institucional que trabajará en la Conaderna para que el Congreso Nacional apruebe una ley que permita establecer una nueva categoría para el San Rafael. Es decir, definirlo directamente como parque o reserva.

Para Eisenkölbl, este limbo judicial ha perjudicado enormemente a los bosques y a las comunidades que viven en los alrededores, ya que en la zona conviven asentamientos campesinos e indígenas. Eisenkölbl considera que lo ideal es conseguir el estatus de parque nacional para que tenga un núcleo de conservación. Sin embargo, esa posibilidad no parece muy posible, a decir de Sosa, quien sostiene que para ello el Estado paraguayo deberá indemnizar a los propietarios que actualmente están dentro de la reserva.

En medio de la pandemia, Paraguay perdió una parte muy importante de sus bosques en la Región Oriental. Una biodiversidad única desaparecida, mientras otras amenazas todavía se mantienen para un área muy golpeada y olvidada por el Estado paraguayo.

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