Una poderosa banda criminal de expertos cibernéticos cayó el pasado martes 28 de abril en redes de la Fiscalía, sindicada como autora de la clonación de tarjeta SIM y hackeo de celulares de dos periodistas y un diputado. Sin embargo, este hecho nuevo sería solo un antecedente reciente en el sombrío prontuario que ostenta el grupo delincuencial.

Aristóbulo Luis Bordón Cazuriaga, Liz Carolina Centurión González y Fanny Ayala eran los detenidos días atrás, tras ser sospechados de ser los autores materiales de un esquema de clonación de chips de líneas telefónicas y posterior vulneración del sistema celular para ingresar a los dispositivos de personas víctimas.

En esta ocasión, resultaron víctimas los periodistas Jorge Torres y Clari Arias, así como el diputado Carlos Rejala, quienes venían realizando denuncias sobre irregularidades en la compra pública de insumos sanitarios en el marco de la pandemia del COVID-19.

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Sin embargo, no es la primera vez que esta pareja experta en delitos informáticos salta al conocimiento público por supuestamente cometer este tipo de hechos, especialmente Luis Bordón. Ya en conferencia de prensa realizada de forma posterior al procedimiento de detención, las fiscales del caso, Irma Llano y Silvana Otazú, informaron que Bordón estaría incurriendo en reincidencia, recordando su pasado reciente, que ahora representaría un agravente en su situación procesal.

Según documentos de una causa fiscal a la que pudimos acceder, Bordón ya fue beneficiado con un procedimiento abreviado y condenado en ese efecto, tras reconocer culpabilidad en fraguar oficios fiscales y presentarlos en la empresas telefónicas como auténticos, con el fin de conseguir ilegalmente extractos de llamadas telefónicas de autoridades, políticos y terceras personas.

Este “servicio”, que era realizado por Bordón, era demandado por poderosos actores económicos y políticos del plano local, cuyos nombres hasta la fecha se manejan con discreción.

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Bordón presentó varios oficios fiscales con el nombre y firma de la ahora ex fiscal Brígida Aguilar, de la Unidad Penal de J. Augusto Saldívar. En los oficios fiscales se solicitaba a la telefonía el extracto de llamadas de personas importantes en cargos de decisión que se registraron durante el 31 de marzo y 1 de abril del 2017, noche en que la sede del PLRA sufrió un atropello policial y el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana resultó fallecido en un confuso ataque.

¿Por qué una fiscal de J. A. Saldívar, que nada tenía que ver con la causa del #31M, solicitaba informes relacionados a este hecho? Esta situación llegó a manos de la Fiscalía en enero del 2018, oportunidad en la que se abrió una causa en la que fue designada la fiscal anticorrupción Marlene González, quien abre un proceso en contra de su colega, Aguilar.

Durante el proceso investigativo salta al tapete el nombre de Luis Bordón, como la persona a la que se le fue entregada físicamente algunos de los extractos de llamada (la mayoría de los extractos fue remitida a un correo electrónico que supuestamente correspondía a la Fiscalía de J. A. Saldívar).

El proceso avanzó y el caso pasó a manos de la fiscal Silvana Otazú, hoy también una de las encargadas de la causa de clonación de chips, quien en su momento llegó a allanar la vivienda de la fiscal Brígida Aguilar en búsqueda de documentaciones, no encontrando mucho para avanzar.

Bordón reconoció finalmente la autoría del hecho (falsificación de los oficios fiscales), por lo que fue beneficiado por Otazú con un procedimiento abreviado que hoy, incluso a la fecha, ya habría cumplido su condena.

Sin embargo, para ese entonces, toda la situación generada ya le había costado el cargo a la fiscal Aguilar, quien fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en mayo del 2018 por supuesto “mal desempeño de funciones”.

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Gracias a la fuente a la que accedió nuestra redacción, se pudo apreciar que la mujer Liz Carolina Centurión González ya habría trabajado en el esquema de vulneración de sistemas informáticos, con documentos falsos para extracción de información de forma ilegal, que estaba encabezado por Bordón.

Extractos de llamadas muestran registros de contactos realizados en enero del 2018, entre Liz Carolina Centurión y Luis Bordón. No obstante, en dicha oportunidad no fue un dato muy revelador, ya que no fue ni sospechada como parte del esquema criminal.

“Entraba en Tigo y hacía lo que quería el tipo”, comentó en otra parte nuestra fuente con relación a Bordón, al tiempo de relatar que Liz Carolina “ya estaba re metida con él”, para el tiempo en que se desarrollaron los primeros hechos.

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El perfecto trabajo de espionaje y hackeo de sistemas informáticos por parte de Luis Bordón no solo se limitaría a los antecedentes citados más arriba. Varias fuentes también coinciden en que esta persona fue la encargada del “pinchazo” o escucha de llamadas privadas del que fueron objeto el exsenador Óscar Gonzáles Daher, en su momento presidente del JEM, y su secretario Raúl Fernández Lippmann.

Los audios obtenidos, forma ilegal, fueron revelados por una periodista de otro medio y terminaron destapando un escándalo por supuestos manejos corruptos en el JEM. Estos audios eran entregados de forma única y particular a la periodista, que se encargó de difundirlos.

Toda la serie de hechos que produjo la detención de Bordón y las demás personas llevaron a los agentes fiscales a imputar y ordenar la captura de Gerardo Fabián Martí, presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico y hombre fuerte de Efraín Alegre, titular de la nucleación partidaria.

Martí está sindicado como el cerebro de toda la operación, quien supuestamente comandaba las acciones que eran ejecutadas por Luis Bordón y sus cómplices.

La extensa foja de prácticas ilegales que pesa sobre Luis Bordón parece sumar páginas, enseñando como su servicio de vulneración de sistemas informáticos y acceso a base de datos, es aún requerido por poderosos actores políticos y económicos, hasta la fecha desconocidos públicamente, para beneficios e intereses particulares que terminan demostrando también la vulnerabilidad del sistema que debería proteger la información de todos sus usuarios.

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