Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.