La filtración de un documento que fuera redactado y enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield va sacando a luz la trama entreguista, antipatriota y profundamente anticolorada tejida por Mario Abdo Benítez.

Estos hechos que están siendo investigados se produjeron en abierta connivencia con el diplomá­tico, políticos opositores, disidentes, altos funciona­rios, activistas en redes socia­les y varios comunicadores en representación de sus respec­tivos medios.

La operación en contra de Horacio Cartes y sus empre­sas fue concebida, ejecutada y “aceitada” por actores loca­les entre los que sobresalen claramente políticos, funcio­narios del Estado, medios de comunicación con sus refe­rentes, activistas de redes sociales, al que se sumaron diplomáticos tanto compa­triotas como representantes de gobiernos extranjeros. El objetivo era claro, destruir su poder económico y político y erosionar la credibilidad de la ANR. Para llevar a cabo toda esta representación, que no mantuvo discreción, se apro­vechó la abierta injerencia diplomática del entonces embajador de EE. UU. Marc Ostfield, quien incluso habría asumido las decisiones que eran única competencia del Poder Ejecutivo e incluso de otros poderes del Estado paraguayo.

El colaboracionismo y entre­guismo con el que actua­ron estos representantes, la mayoría de ellos elegidos y mantenidos por el pueblo paraguayo, raya lo vergon­zoso y se convierte en un hecho grosero y hasta si se quiere criminal, pues si bien estas actuaciones apuntaban a dejar fuera de camino a un rival político como Horacio Cartes, el odio que los movía terminó perjudicando a cien­tos de compatriotas que per­dieron sus fuentes de ingreso, entre empleos, producción y emprendimientos.

Sigilosamente habrían derro­chado ingentes cantidades de dinero del erario público, realizando viajes y pagando a operadores políticos en otros países, haciendo lobby para ir cerrando el círculo. En este contexto se puede agregar también la complicidad entre los altos funcionarios de la Cancillería Nacional y del pro­pio titular del organismo de Inteligencia, Esteban Aquino, quien estuvo ligado a la trama del “avión iraní”, un caso que generó repercusiones mediá­ticas para finalmente ser des­cartado hace pocas semanas tras las investigaciones del Ministerio Público.

Está fresca en la memoria el viaje tanto de Lilian Sama­niego como de Arnaldo Giuzzio a los Estados Uni­dos, una para reunirse con el exsenador de ese país Bob Menéndez, hoy condenado por hechos de corrupción por la Justicia de ese país. Por su parte, Arnaldo Giuzzio, con una gran cantidad de biblio­ratos bajo el brazo, se paseaba por Washington, dando a entender que llevaba docu­mentos que avalarían lo denunciado contra el expre­sidente. No se puede soslayar que hoy el ministro de Senad y del Interior de Abdo Bení­tez está imputado y procesado por el fuerte vínculo con uno de los narcotraficantes más importantes del Brasil, Mar­cos Vinicius Espindola, a su vez perteneciente al clan que comandaba Lindomar Fur­tado Reges.

Giuzzio fue parte del “equipo” de fiscales elegidos por Abdo para armar el operativo con­tra Cartes, algo que fue con­firmado por Eduardo Petta, uno de estos fiscales y quien fuera ministro de Educación de Abdo.

Arnaldo Giuzzio, ministro de Senad e Interior; Carlos Arregui, leal a Desirée Masi y ministro de Seprelad; Emi­lio Fuster, “zar” anticon­trabando; René Fernández, ministro anticorrupción, y el propio Eduardo Petta, con­formaban el racimo de fisca­les que fueron colocados por Abdo (o por Desirée Masi) al frente de instituciones de control para ir armando una probable causa.

Todas estas decisiones admi­nistrativas del gobierno de Abdo en realidad eran más bien movimientos políticos del tablero en una partida que buscada destruir a Car­tes y eran celebradas por el fuerte respaldo de medios de comunicación que se benefi­ciaban económicamente del gobierno de ese entonces. Los desfiles de Arregui junto a René Fernández por la redac­ción del diario de Zuccolillo era algo frecuente y era parte del esquema entreguista que se gestaba en diversos lugares.

El esquema montado para filtrar datos sensibles desde instituciones de control del Estado (como Seprelad, Senad o Senac) a medios aliados hoy es parte de un proceso judicial que ya tiene a imputados a la mayoría de quienes partici­paron para llevar a cabo estas acciones ilegales.

Todas estas acciones fueron coordinadas por la “asesora de comunicación fantasma” de la Presidencia de la Repú­blica, la venezolana Verioska Velasco, muy cercana a la pareja presidencial y con acceso irrestricto a todas las instituciones del Estado, con­firmando otro caso de entre­guismo de las anteriores auto­ridades nacionales.

El caso de las filtraciones de Seprelad ya tiene a varios de los componentes del “equipo de fiscales” y colaboradores de Abdo acusados y compro­metidos en la causa.

Desde el Congreso, una Cámara de Senadores mane­jada por el minoritario Par­tido Democrático Progre­sista (PDP) elucubraba a sus anchas junto a varios “trai­dores” al Partido Colorado y a sus propios electores, mientras fungía de tarima para que Ostfield diera cáte­dras de algún tema o para que Giuzzio hiciera el ridículo con presentaciones desesperadas y sin fondo.

Los activistas en redes socia­les hacían su trabajo, sin dudas bien motivados por la financiación que corría sin control desde organis­mos nacionales y extranje­ros. Ni hablar de comunica­dores, quienes auguraban una situación de tragedia en caso que no se cumpliesen las órdenes emanadas; no desde una embajada, sino desde un embajador cómplice y quien a pesar del gran currículum que avalaba su trayectoria en política exterior terminó siendo pieza importante en este engranaje, donde incum­plió hasta acuerdos interna­cionales y donde el entre­guismo local fue el factor común entre todos los par­ticipantes.

La idea de forzar una posi­ble alternancia política en el Paraguay era parte del esquema montado y donde Ostfield hacía de vocero no solo en los medios de comu­nicación afines, de los cua­les era asiduo participante, sino que los propios candi­datos del Partido Colorado, como lo ha denunciado el actual vicepresidente Pedro Alliana. Por algo, la pri­mera acción del secretario de Estado, Marco Rubio, fue removerlo a Marc Osftield de su cargo en Paraguay, para así reparar en parte el daño creado por su funcionario, en abierta y comprobada connivencia con políticos opositores y disidentes para­guayos, medios de comuni­cación interesados y activis­tas sociales monetariamente bien aditivados.

La actual negativa de algunos senadores a votar en contra del desafuero de Abdo Bení­tez, tal como Celeste Ama­rilla, Lilian Samaniego o Rafael Fillizola, consorte de la exsenadora Desirée Masi, y cofundador del PDP, es una muestra clara de la necesidad que tiene este grupo de blin­dar al expresidente, quien operó junto al exembaja­dor para concretar el plan. El rechazo a dejar sin fue­ros a Abdo parece la puesta en marcha de la expresión “si cae uno, caemos todos”.