La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asociación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal cono­cido como filtración de infor­mación de Seprelad (Secreta­ría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exminis­tros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que deci­dir si la magistrada se ratifi­caba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación con­tra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judi­ciales el periodista de Nación Media Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fus­ter, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expe­diente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la reso­lución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de reso­lución. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente pro­ceso estudiando las presen­taciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al Juzgado de Garantías blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enri­quecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Garan­tías deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trá­mite de oposición para que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.